La misiva va respaldada por más de cinco mil firmas de distintas organizaciones nacionales e internacionales. Como defensa hemos probado las inconsistencias y los testimonios falsos, las pruebas sin sustento de parte de la Fiscalía General y del Ministerio Público, señala el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.
El Sur / Ciudad de México, 4 de junio de 2019. Ayer a las 10 de la mañana comenzó el juicio oral contra los 16 comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), detenidos el 8 de enero de 2018. Más o menos a esa misma hora, en la colonia Polanco, de Ciudad de México, Abel Barrera se presentó en la Oficina para la Representación del Estado de Guerrero con una carta, respaldada por más de cinco mil firmas de distintas organizaciones internacionales e internacionales, en la que se exige la libertad inmediata de esos 16 comuneros.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no llegó solo: lo acompañaban dos integrantes de su organización, además de Atziri Ávila, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, y María Antonieta Trinidad Ramírez Velázquez, Trini, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
“Queremos expresar nuestra preocupación del caso de los 16 compañeros presos del Cecop, acusados de homicidio”, expresó Abel Barrera ante René Juárez Albarrán, representante del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero en la capital del país y quien recibió a los activistas de derechos humanos.
“Como defensa hemos probado las inconsistencias y los testimonios falsos, las pruebas sin sustento de parte de la Fiscalía General y del Ministerio Público”, continuó Barrera.
El verdadero motivo por el cual estas 16 personas fueron detenidas y continúan presas es político: pertenecer al pueblo nahua, haber nacido en Cacahuatepec –una comunidad ubicada en la zona rural de Acapulco– y haber defendido por décadas el río Papagayo, oponiéndose con dureza a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Desde más de un año y cuatro meses, los comuneros han permanecido en el penal de Las Cruces, en Acapulco. Marco Antonio Suástegui, fundador de la Cecop y principal dirigente, ha denunciado en múltiples ocasiones no sólo las condiciones irregulares en que se da su detención, sino la tortura y la incomunicación posteriores, además de las condiciones indignas de su reclusión.
En la última década se han registrado, según lo ha documentado la periodista Laura Castellanos, un total de 125 crímenes contra defensores del medio ambiente; 108 asesinatos y 17 desapariciones.
De acuerdo con el reporte anual de la organización inglesa Global Witness, en 2017 México ocupó el cuarto lugar en número de homicidios de activistas ecologistas a nivel mundial.
“Las detenciones del 7 de enero –prosiguió Barrera– ocurrieron con un operativo excesivo: más de 200 policías del estado acompañados por el Ejército. Y queremos denunciar que dentro de sus actuaciones, tres miembros de la Policía Comunitaria fueron ejecutados. Hasta la fecha no se han investigado estos hechos. Se dedicaron a investigar, detener y torturar a los campesinos del Cecop. Esta actuación parcial, con uso de fuerza excesiva, además de las torturas y las violaciones a los derechos humanos, nos parece sumamente grave”.
Once personas asesinadas. Ocurrió la madrugada del 7 de enero, en la comunidad de La Concepción, Acapulco. Se dice que fue un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y un comando armado. La balacera dejó cinco policías comunitarios muertos y tres más del comando armado.
Horas después, rayando el mediodía, llegaron los policías estatales, los ministeriales y los federales y atacaron a los policías comunitarios con la excusa de desarmarlos. Tres comunitarios más cayeron en la refriega. El Cecop y otras organizaciones han asegurado que fueron ejecuciones extrajudiciales.
Luego llegaron las detenciones: Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop, su hermano Vicente y otras 38 personas, muchos integrantes de la CRAC. Algunos de ellos salieron libres a los pocos días pero, hasta hoy, 16 continúan en prisión.
Desde entonces, la Organización Mundial Contra la Tortura, Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, Asociación Pro Derechos Humanos España, Ecologistas en Acción, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y diversos colectivos han acompañado el proceso y señalado que las detenciones se dieron sin una orden de aprehensión.
Además, aunque en un principio se presumió flagrancia en la portación de armas de fuego y posesión de drogas, como la investigación por estos delitos no encontró argumentos, se les otorgó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Marco Antonio Suástegui, así como otros siete de los comuneros detenidos, han denunciado torturas desde su apprehension –en la que fueron golpeados con brutalidad– y durante prácticamente toda su estancia en prisión.
Se les impidió el acceso al servicio médico y a Marco Antonio se le aisló en una celda sin luz ni ventilación durante al menos 11 meses. Se ha comprobado que sufrió lesiones de importancia producto de los golpes y la falta de atención: una hernia en los testículos, otra más en la columna vertebral, un disco desviado, vértebras deshidratadas, entre otras.
Más que un acto simbólico
La carta entregada este lunes ante la Oficina de Representación del Estado de Guerrero por parte de Abel Barrera, podría parecer un mero acto simbólico. No obstante, la petición fue coordinada por el movimiento ciudadano global Avaaz, “una comunidad de 44 millones de miembros en todo el mundo, que integra la acción política impulsada por la ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones”.
Green Peace, la Organización Mundial Contra la Tortura, Centro Fray Bartolomé de las Casas, Serapaz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar, figuran entre las 48 organizaciones que respaldan la petición de libertad de los comuneros del Cecop.
La ONU, por medio del ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y la actual relatora especial, Victoria Tauli-Corpuz; así como el relator sobre el derecho a la no discriminación, Miloon Kothari, han expresado su preocupación respecto al caso de los detenidos del Cecop y a que éstos sean tratados como delincuentes peligrosos y no como defensores del territorio.
“Lo único que hicieron fue defender el agua”, expresó Trini, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a Juárez Albarrán durante la entrega de la carta.
Su esposo, Ignacio del Valle Medina, fue detenido en 2006 y condenado a 112 años de prisión por razones similares: aunque se les acusaba de secuestro, la razón de fondo era su oposición al proyecto del aeropuerto en Atenco, Estado de México.
“Ningún proyecto contempla a las comunidades, mucho menos al medio ambiente. Los compañeros del Cecop tienen esa claridad. Y ya sabemos lo que ocurre con la gente que se opone a estos megaproyectos: la apresan o la desaparecen”, dijo Trini.
Pero, advirtió, detener de esta manera arbitraria a defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, lo único que hace es romper tejido social, desintegrar familias, pero también generar organizaciones más amplias.
Las comunidades se acompañan, “porque no son sólo 16 personas presas y detenidas. Son 16 familias, señor, que quedan atrapadas en eso y, con ellas, todo el pueblo. Es todo el pueblo el que está encarcelado”.
El proceso que hoy enfrentan los 16 detenidos tendrá una resolución en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, Tlachinollan y las organizaciones que acompañan la defensa legal de los integrantes del Cecop, afirman que están dispuestos a llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se logra su libertad.
Al respecto, René Juárez Albarrán sólo respondió que el gobernador Héctor Astudillo no intervendrá en el proceso y respetará la decisión del Poder Judicial.
Trini manifestó su confianza en que así sea. “Confiamos en la congruencia de este gobierno. Confiamos en que la justicia llegará pronto. ¿Para qué apelar al derecho internacional? ¿Cómo verán a México las organizaciones del mundo?”.
Texto: Carlos Acuña / Foto: Cuartoscuro
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