Ciudad de México, 7 de febrero de 2022. Tras haber tenido Covid-19 tres veces, en las que tomó ivermectina por receta médica, una mujer exigió al Gobierno de la Ciudad de México dar seguimiento a los pacientes que tomaron este fármaco suministrado por las propias autoridades.
“Sentí que confié en un proceso que no estaba avalado. En donde, además, médicos tomaron decisiones con base en un documento científico, que está resultando que no cumple con los estándares que tiene que cumplir”, dijo la mujer.
El documento de una investigación, firmado por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, fue retirado del sitio web SocArXiv por considerar que los resultados eran engañosos al asegurar que la ivermectina redujo en un 68 por ciento la probabilidad de hospitalización.
Para llegar a esas conclusiones, las autoridades incluyeron el medicamento en los paquetes que entregaron a pacientes positivos. Después, usaron recursos públicos y datos personales sin el consentimiento de los pacientes.
“En este momento es importante ver las consecuencias médicas en términos del derecho a la salud”, señaló la mujer.
Consideró que se debería empezar a documentar cuántos casos fueron recetados con este fármaco.
“Quienes fueron medicados con ivermectina, porque fueron parte del kit que repartió el Gobierno de la Ciudad o porque fueron recetados por médicos privados u otros hospitales públicos, necesitan una explicación”, agregó.
Piden que se aclare el uso del fármaco
Por su parte, el diputado Jorge Gaviño, del PRD, pidió al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino, justificar la decisión de usar ivermectina en personas con Covid-19.
Esto luego de que un documento, publicada por Peña Merino y otros funcionarios de la Ciudad de México, fuera retirado del sitio web SocArXiv por considerar que los resultados que presentaba sobre la efectividad del tratamiento eran falsos y engañosos.
El legislador señaló que es necesario conocer si la decisión de entregar los kits Covid-19, que contenían ivermectina, fue posterior a la realización del estudio; en caso contrario, indicó que la acción del Gobierno podría representar una violación a los códigos de Nuremberg y Helsinki.
“Pensamos que hay alguna falta tanto de ética como de bioética, de tal manera que nosotros podríamos pensar que, si vamos a un extremo, pudiese haberse violado los códigos de Nuremberg y Helsinki, que prohíben la introducción de un paciente a un estudio sin el conocimiento adecuado de lo que se le está haciendo al paciente”, apuntó.
Adelantó que solicitarán una mesa de trabajo con el titular de la ADIP para responder las dudas en torno a la situación y dejó ver la posibilidad de solicitar una comparecencia del servidor, pues se usaron recursos públicos para comprar el medicamento.
Luego de que Phillip N. Cohen, director de SocArXiv, informó que el estudio fue dado de baja, Merino escribió una carta para externarle su consternación por la decisión y reiterarle que la metodología del estudio es “rigurosa”.
Sin embargo, Cohen aseguró que fue la decisión del gobierno de distribuir un medicamento no probado lo que los llevó a dar de baja el documento.
Mientras que la diputada América Rangel, del PAN, anunció que esta semana presentarán denuncias en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Merino por el uso de ivermectina, lo que aseguró se trató de un “experimento médico”.
En tanto, la Secretaría de Salud publicó una tarjeta informativa en la que afirmó que no se trató de “un experimento médico” y que tiene bases científicas acuñadas desde 2020.
