No basta con que López Obrador se pronuncie al respecto, o que el hecho esté en los libros de texto, hace falta justicia, que se castigue a los autores materiales e intelectuales, demandan
Acapulco, Guerrero, 29 de junio de 2024. Unos 300 integrantes de diferentes organizaciones sociales marcharon del poblado de Aguas Blancas al vado donde hace 29 años fueron masacrados 17 campesinos, para exigir a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que por fin con ella se haga justicia, pidieron que se reabra el caso y que se dé con los responsables.
A las 9 de la mañana de ayer los activistas se concentraron en el pueblo, marcharon al vado donde está el monumento a los campesinos que fueron masacrados el 28 de junio de 1995, llevaban una lona en la que demandan “justicia”, también corearon en varias ocasiones “28 de junio no se olvida, es de lucha combativa”.
Caminaron más de 2 kilómetros y en el vado de Aguas Blancas colocaron ofrendas de flores, cartulinas y lonas con diferentes demandas.
En el lugar se realizó un mitin de más de dos horas, donde los representantes de las organizaciones sociales entre ellas la Organización Campesina de la Sierra del Sur, dieron su pronunciamiento.
Diana Itzel Hernández, hija del líder social asesinado, Ranferi Hernández, dijo que esta “masacre orquestada desde el poder por Rubén Figueroa… venían por una lucha justa, no venían por privilegios, sin embargo el poder hasta la fecha sigue golpeando a los pueblos de Guerrero, son 29 años, en el que año tras año estamos presentes, con nuestra propia fuerza para luchar por la justicia”.
Lamentó que a 29 años de la masacre, “todavía exista la impunidad, quieren desalentar un movimiento que lucha por los derechos de las personas, no solamente de los campesinos por el fertilizante, por mejores condiciones de vida, sino por el desarrollo de la misma, con la infraestructura, con la vivienda, con la alimentación y con la cultura”.
“Estar aquí es un acto de resistencia y de rebeldía, pero también es un acto de valentía porque nosotros tenemos hoy en día el deber ético y moral de rescatar la dignidad de todos los pueblos que están siendo oprimidos, sabemos que el nivel de violencia es muy difícil, que nuestra lucha es pacífica y damos la cara. Hoy venimos a pedir que el gobierno de Andrés Manuel y el que va a asumir próximamente la doctora Claudia tome en consideración los casos de compañeros que han padecido la persecución, el hostigamiento y el desplazamiento, los asesinatos extrajudiciales”, dijo Diana Itzel.
La masacre de los 17 campesinos “fue un hecho atroz que demostró las prácticas de terrorismo de estado aplicadas al gobierno mexicano en contra del pueblo en la década de 1970 seguían vigentes. Se trata de un acontecimiento que marcó la historia de México, al grado que ha sido incluido en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública”, dijo la dirigente de la OCSS, Norma Mesino.
“No basta con que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) se pronuncie al respecto, o que el hecho esté en los libros de texto, hace falta que haya justicia. Esto quiere decir que se castigue a los autores materiales e intelectuales que perpetraron este crimen de Estado. A 29 años de ocurrida la masacre sigue sin haber justicia”, expuso.
Reprochó que el caso sigue sin justicia a pesar de la resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que hubo violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas y concluye que en dicha violación resultan responsables el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario de gobierno José Rubén Robles Catalán y el ex procurador Antonio Alcocer Salazar.
Enfatizó que “los responsables de la masacre viven en la impunidad y andan en las campañas políticas, y eventos de élites económica y políticas de Guerrero, se toman fotos muy sonrientes con personajes de su partido, incluso con la gobernadora y con su padre, se sienten y se saben impunes. “Diferentes gobiernos federales y estatales de diferentes partidos han pasado y ninguno ha mostrado voluntad política para enjuiciar a los responsables”, expuso.
Exige la OCSS la libertad de presos políticos
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino dijo que la exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador es que antes de que concluya su periodo haga uso de la Ley de Amnistía y que libere al líder social Antonio Barragán.
Además, pidió que se dé con la verdad y que se haga justicia para los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas.
Exigió verdad y justicia para los luchadores sociales asesinados Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona y Luis Olivares Enriques, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la libertad de los presos políticos.
En tanto, Clemencia Guevara Tejedor representante del Frente de Defensa Popular, indicó que “son 29 años de la masacre de los compañeros campesinos, voy a invitar a los compañeros presentes a dar la lucha”.
Y “le decimos a la doctora Claudia Sheinbaum que tiene que tomar en cuenta a las mujeres, tiene que haber acceso a la justicia, tiene que tener un derecho a la tierra a la alimentación, sobre todo hoy luchamos por vida”.
“Vivimos con el miedo, porque hoy nos gobiernan aquellos que dicen que cuidan el territorio, cuando están sometiendo y asesinando a raíz de todo esto, los invitamos a seguir manteniéndonos unidos, inclusive con otras organizaciones se está trabajando una agenda en común para seguir trabajando en la unidad, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, puntualizó Guevara Tejedor.
Texto: Aurora Harrison/ Foto: Jesús Trigo
