Texto y foto: EFE
Managua, Nicaragua, 2 de julio de 2018. Ciudadanos “autoconvocados” de Nicaragua y diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron hoy la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y la instalación de una junta de transición, para superar la crisis que ha dejado cerca de 300 muertos en Nicaragua.
“Exigimos la salida inmediata del régimen Ortega-Murillo, por crímenes de lesa humanidad (…) Cada día con estos genocidas en el poder significa más muerte y sufrimiento para el pueblo de Nicaragua”, indicaron los “autoconvocados”, en un pronunciamiento.
Los autoconvocados son un movimiento nacional de estudiantes y profesionales, sin líderes visibles ni una estructura definida, que ha sido protagonista de las protestas contra el gobierno de Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios nicaragüenses han responsabilizado al Gobierno de Daniel Ortega de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis.
Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Los “autoconvocados” también propusieron la “confirmación de una junta de transición, constituida por entre cinco y siete miembros”, cuyas funciones sean “restaurar las instituciones y la Constitución, así como garantizar las condiciones para nuevas elecciones”.
De la misma manera exigieron al Ejército de Nicaragua que se pronuncia sobre la existencia de armas de guerra en grupos paramilitares “y bandas delincuenciales que asesinan a nuestro pueblo”.
“Clamamos la protección de los organismos internacionales in situ, para preservar la vida de los ciudadanos”, mencionaron los “autoconvocados”, quienes pidieron asesoría externa para “el desarme inmediato de todo lo paramilitares y formación de equipos especializados para evitar de raíz con la impunidad”.
Asimismo, llamaron a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participa en el diálogo nacional con el Gobierno, así como “a todos los movimientos ciudadanos y gremiales, a conformar una gran unidad nacional”.
“El pueblo nicaragüense a gritos clama por su vida, que se vaya (Ortega) para preparar elecciones”, remarcaron los “autoconvocados”.
Nicaragua espera que la crisis sea resuelta en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que ya presentó en esa instancia una propuesta de adelanto de las elecciones a marzo de 2019, lo que el Ejecutivo no ha aceptado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
(En la imagen: La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (i), habla, junto al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), en el inicio del Dialogo Nacional el miércoles 16 de mayo de 2018, en Managua)
Organismo de DDHH denuncia
200 arrestos ilegales en Nicaragua
También, este lunes, Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dio a conocer que más de 200 personas han sido detenidas ilegalmente en Nicaragua en los últimos días, como parte de una “cacería de brujas” contra los opositores al gobierno.
Leiva dijo que el gobierno que preside Daniel Ortega ha emprendido operativos de fuerzas combinadas de policías y paramilitares, que realizan cateos, secuestros, arrestos selectivos y allanamientos de morada sin orden judicial.
“Una nueva forma de violación a los derechos humanos se observa ahora con estas capturas selectivas”, señaló el activista al canal 15 de televisión (independiente).
Dijo que la ANPDH ha recibido más de 200 denuncias de detenciones ilegales en los últimos días, en su gran mayoría de personas que han apoyado o participado en protestas contra el Gobierno de Ortega desde el pasado mes de abril.
En algunos casos, las personas son interceptadas en la calle por encapuchados armados que las secuestran y aparecen muertas días después, añadió.
“Se trata de ciudadanos que son detenidos sólo por ejercer su derecho a la protesta cívica”, consagrado plenamente en la Constitución de Nicaragua, advirtió Leiva.
Señaló que el organismo humanitario está verificando las denuncias a fin de presentarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su investigación.
Nicaragua vive una aguda crisis política que inició el 18 de abril con una protesta de universitarios y se agudizó tras la violenta acción de la Policía y fuerzas de choque contra los civiles.
Según la ANPDH, 285 personas han muerto y otras mil 500 resultados heridas desde entonces. La CIDH registra 212 muertes y el Gobierno solamente 47.
