Se reúnen activistas con el subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez Cisneros y con el fiscal Zipacná Jesús Torres, quienes se comprometieron a dar acceso a la familia y a los defensores del vocero del Cecop a la carpeta y a considerar la trayectoria y la lucha social de la víctima en las líneas a seguir en la indagación del homicidio. Después del asesinato, robaron dos motos acuáticas de su negocio en la playa Icacos, denuncia en el mitin el director de Tlachinollan Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 9 de mayo de 2025. Unos 500 maestros, estudiantes, campesinos de Cacahuatepec y activistas marcharon en esta capital para exigir justicia para el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, asesinado en Acapulco.
La protesta se realizó a 13 días de la muerte del dirigente comunitario a consecuencia del ataque a balazos cometido en su contra el 18 de abril en la playa Icacos.
Los manifestantes se concentraron en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, y desde ahí marcharon por las avenidas principales hasta la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el trayecto, los coningentes gritaron: “Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y “fuera Félix”, en referencia al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Una comisión encabezada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, se reunió con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y con el titular de la FGE, Zipacná Jesús Torres Ojeda, quienes se comprometieron a dar acceso a los familiares, al Cecop y a los defensores de la víctima a la carpeta de investigación y a considerar el activismo de Marco Antonio Suástegui como móvil del crimen en las indagatorias.
La marcha inició alrededor de las 10:40 de la mañana. El contingente, en el que participaron familiares del luchador social, fue encabezado por integrantes del Cecop seguidos de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía de Guerrero, la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
También participaron la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, la activista y viuda de armando Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázarez, y la hija del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández, entre otros.
Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Morena traidor, mataste a un luchador. Justicia”, “El Centro Morelos exige alto a la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos”, “Si no hay justicia para Marco, no habrá paz para el gobierno”.
Además corearon consignas como “gobierno maldito, asesinar es un delito”, “gobierno opresor, mataste a un luchador”, “Marco murió, pero nunca se rindió”, “Marco no murió, el gobierno lo mató” y lanzaron porras para el reconocido luchador social.
Los integrantes del Cecop llevaban el sombrero negro característico de Marco Antonio Suástegui y se turnaron para alzarlo y sostenerlo en alto al son de su grito unísono “justicia, justicia, justicia”, al llegar a la FGE, formaron una media luna y colocaron el sombrero al frente, mientras golpeaban el suelo con sus machetes.
En la Fiscalía del nuevo gobierno sigue la inercia y la impunidad de hace décadas
En el mitin, Abel Barrera dijo que la protesta se hizo para exigir a las autoridades que se investigue la trayectoria de Marco Antonio Suástegui como un defensor, “su asesinato está enmarcado en la lucha social que han dado hombres, mujeres del estado para cambiar las condiciones de vida del pueblo”.
Dijo que es necesario reivindicar a Marco Antonio Suástegui “como un luchador aguerrido que encaró a los tres gobernadores que lo echaron a la cárcel, desde René Juárez hasta Héctor Astudillo, los tres (incluido Ángel Aguirre) atacaron al Cecop”.
Destacó que el luchador social estuvo al frente del movimiento campesino en defensa del territorio, “su machete fue el símbolo de la resistencia, de la dignidad”, por lo que consideró “muy representativo” que los integrantes del Cecop asistieron a la marcha “portando en su puño el acero de la dignidad que no se dobla, que no se echa para atrás como Marco nunca lo hizo”.
Reprochó que por los asesinatos de los luchadores sociales, como Rocío Mesino y Ranferi Hernández, entre otros, “no hay ningún detenido, no hay castigo ejemplar para los que han luchado y han sido asesinados”.
Cuestionó “qué pasa con nuestra Fiscalía, no vamos a decir que era una Fiscalía o Procuraduría de otro gobierno, hoy es la Fiscalía del nuevo gobierno y la práctica y la inercia y la impunidad sigue reproduciéndose como hace tres décadas o cinco décadas, con los crímenes del pasado”.
Puntualizó que continúa la criminalización de los luchadores sociales y las autoridades no han investigado la trayectoria de Marco Antonio Suástegui, las amenazas que recibió y los probables responsables, sino a su familia y su entorno, “siempre se investiga a las víctimas y no a los responsables, mucho menos se da con el paradero de quienes accionaron arteramente”.
Advirtió que “no queremos líneas (de investigación) que quieran subestimar la trayectoria de Marco, que lo quieran involucrar con otro tipo de delitos, de por sí tenían ya ocho carpetas de investigación Marco Antonio y tres detenciones, y cada ocho días tenía que ir a Acapulco a firmar acusado de delitos por parte de los empresarios”.
Lamentó que después del asesinato de Marco Antonio Suástegui, dos motos acuáticas fueron robadas del local donde trabajaba en la playa Icacos, sin que ninguna autoridad diga “ya, aquí vamos a hacer justicia, vamos a proteger a las víctimas”.
Después, en declaraciones, Abel Barrera insistió en el peligro en que se encontraba Marco Antonio Suástegui: “hubo un contexto de persecución, de agresión por su trabajo, por defender el territorio, por defender a los trabajadores de la playa, por exigir la presentación con vida de su hermano Vicente”.
Maricela García Blanco, originaria de la localidad Salsipuedes que pertenece a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, declaró que los integrantes del Cecop “queremos a los responsables” del asesinato de Marco Antonio Suástegui; “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” para demandar justicia.
La secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, manifestó que las organizaciones sociales “no podemos permitir que sigan estas anomalías y estas injusticias, no podemos permitir que quede impune, no solamente es hacia una organización social es por la defensa de todos aquellos que han dado la vida y que han derramado sangre”.
Desde el ataque armado el gobierno tuvo comunicación con la familia, dice Rodríguez Cisneros
Al lugar llegó el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, quien pidió a los manifestantes formar una comisión para reunirse con Zipacná Jesús Torres en la FGE; el funcionario fue recibido con bullas e incluso uno de los activistas lo confrontó preguntando “cuándo se van como autoridades”.
En breves declaraciones, Francisco Rodríguez resaltó que desde el ataque armado, el gobierno del estado tuvo comunicación con la familia de Suástegui Muñoz y se le brindó atención médica.
Añadió que el vocero del Cecop era parte de un movimiento en el que “coincidimos muchos de nosotros”.
No obstante, evadió demandar justicia y puntualizó que la investigación está a cargo de la Fiscalía.
Al final de la reunión, Abel Barrera informó que las autoridades se comprometieron a dar acceso a la familia de la víctima y a los abogados de Tlachinollan a la carpeta de investigación, y tomar en cuenta la labor social del vocero del Cecop como una de las líneas a seguir; “hay un compromiso de poder avanzar”.
Dijo que las autoridades escucharon los planteamientos de los representantes de las organizaciones sociales, a quienes “nos interesa que haya lo más pronto posible resultados que se materialicen en detenciones, en órdenes de aprehensión”.
También solicitaron que se investigue el robo de las motos y que se garantice que el trabajo de Marco Antonio Suástegui continúe “en términos de que la familia pueda darle seguimiento”.
Reconoció que la investigación debe realizarse de manera sigilosa, por lo que “vamos a dejar que hagan lo propio los ministerios públicos, estaremos atentos”.
Apoyo a la familia, refrenda el gobierno del estado
El gobierno del estado en un boletín de prensa informó sobre el encuentro con familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz e integrantes del Cecop y sus defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la que Rodríguez Cisneros subrayó el acompañamiento a la familia y reafirmó que existe un compromiso firme de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para coadyuvar en el esclarecimiento del caso y garantizar el acceso a la justicia.
El fiscal general Torres Ojeda “informó que se siguen los protocolos establecidos en la legislación estatal y que las investigaciones continúan”.
Texto: Alina Navarrete Fernández y Ramón Gracida Gómez/ Foto: Jessica Torres Barrera
