15 octubre,2018 7:15 am

Exigen la libertad de los presos políticos de la CRAC en el 23 aniversario celebrado en Ayutla

Acuden representantes de la UPOEG, se necesita la coordinación de ambas organizaciones para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, plantean.
Ayutla, Guerrero, 15 de octubre de 2018. Distinto a otras casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la de El Paraíso surgió hace 6 años para combatir el crimen organizado -no sólo delitos comunes-, informó el consejero y ex preso político Arturo Campos Herrera en el 23 aniversario de la institución de seguridad y justicia, y exigió la libertad de los presos políticos de esa organización.
Mencionó que los grupos de la Policía Comunitaria integrados a El Paraíso se sumaron en 2012 a las protestas contra la reforma educativa y respaldaron los movimientos contra la mineras, luego vino la detención de los principales dirigentes de esa Casa de Justicia y aún sigue en prisión el promotor Gonzalo Molina González.
La Casa de Justicia de El Paraíso fue por primera vez sede de las actividades conmemorativas de la CRAC-PC, que se realizaron en el auditorio de la unidad deportiva de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. La actividad es rotativa.
También es la primera ocasión que asiste una representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que opera con grupos de policías ciudadanos en el municipio, la promotora Eneida Lozano.
La CRAC y UPOEG tuvieron fuertes diferencias en 2013 cuando surgieron en cadena varios grupos de autodefensa en la región Costa Chica, que buscaron cobijo en la CRAC pero ante la negativa se creó la nueva organización de seguridad.
En la bienvenida el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García Fidencia invitó a los asistentes a tomar libremente la palabra.
“La CRAC de El Paraíso está con las manos abiertas a quien guste acompañar, porque sabemos que la lucha sigue”, dijo el dirigente na’savi.
En su intervención uno de los representantes del Consejo Municipal de Ayutla, Andrés Salado Suárez recalcó la presencia de dos sistemas de seguridad y justicia comunitario en el municipio, la CRAC y la UPOEG, y añadió que se necesita la coordinación para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
Acudieron alrededor de 800 ciudadanos de las cinco casas de justicia, siete comités de enlace, representantes de organizaciones sociales y diputados de la región. Muchas personas se quedaron dispersas en las áreas abiertas de la unidad, otro tanto se mantuvo en el auditorio donde la inauguración comenzó con 4 horas de retraso. La cita fue a las 10 de la mañana.
También acudieron el coordinador regional para la organización de los foros del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Álvaro Urreta Fernández, integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, el alcalde de Malinaltepec Abel Bruno Arriaga y diputados Morena.
El alcalde Bruno Arriaga declaró su disposición de seguir impulsando incitativas que surjan de la comunidad. Como luchador social fue parte del movimiento que, con la CRAC, elaboró una propuesta de iniciativa de reformas constitucionales y de la Ley 701 sobre derechos y reconocimiento de derechos indígenas que no llegó a discusión. Como Ayuntamiento mediante la síndica procuradora y con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, promovieron una controversia constitucional contra las reformas en materia de derechos indígenas que presentó el ejecutivo y aprobó la pasada legislatura local.
Con la inauguración comenzó un aguacero que se extendió durante la tarde pero aún con el sonido del agua en la lámina de metal siguieron las intervenciones y se declararon inaugurados los trabajos a las 3 de la tarde, por el diputado federal Rubén Cayetano García.
Muchas intervenciones se quedaron en el tintero y se abrió paso a una apresurada plenaria para revisar las reformas de la Ley 701, a las 4 de la tarde en el programa se señaló una misa.
Por mayoría, con menos asistentes que al inicio de los trabajos se acordó una nueva reunión para el 11 de noviembre en la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, para definir quiénes, de parte de la CRAC, integrarán una comisión técnica que revisará con el nuevo Congreso local la iniciativa de reforma sobre derechos y cultura indígena que propusieron organizaciones sociales y civiles de derechos humanos el año pasado.
Antes en la actividad el exdiputado por el PRD, Eufemio Cesáreo Sánchez, suplente de Raymundo García Gutiérrez, denunció en la plenaria que trataron de sobornarlo para que aprobara la iniciativa de reformas a la Ley 701 que propuso el gobernador Héctor Astudillo Flores, y que se aprobó el 17 de agosto con cinco votos en contra.
Explicó que lo amenazan para alinearse con la bancada del PRD, “o no le iban a dar (dinero)”. Por separado aclaró que no sabe cuánto dinero se ofreció por voto porque no aceptó la dádiva, pero dijo que se mencionaba la cantidad de 200 mil pesos.
Asuntos pendientes de la Ley 701
En la discusión de las reformas de la Ley 701 el consejero de la CRAC, Valentín Hernández Chapa denunció en la pasada legislatura local, “ni siquiera se mencionó la propuesta de los pueblos durante la aprobación de las iniciativas sobre derechos y cultura indígena”.
Informó que el 25 de agosto y el 12 de noviembre organizaciones se reunieron con los nuevos diputados locales y acordaron hacer una mesa técnica para ir revisando la propuesta de iniciativa de reformas a la ley que diseñaron organizaciones y la CRAC como sociedad organizada.
Precisó que la intención es tener un documento conjunto, “construirlo, afinar los términos y que pueda cursar en el tramite legislativo como se debe”. Sin embargo, la CRAC aún no ha definido a los integrantes de esta comisión.
El consejero de la CRAC, Juan Horta propuso que las organizaciones que fueron parte del diseño de la propuesta de reformas se integren a la comisión, que le den seguimiento los diputados federales y fijar una nueva fecha de reunión para integrar a la comisión de la CRAC que será parte de la mesa técnica. El Frente Popular de Tlapa ratificó su compromiso de apoyar la iniciativa.
Aunque otra voz llamó a aprovechar la reunión, donde estaban reunidos los coordinadores de las diferentes casas de justicia, el acuerdo final fue celebrar el domingo 11 de noviembre la reunión en la Casa de Justicia de Espino Blanco, Malinaltepec.
Libertad a presos de la CRAC y Cecop
Al mediodía llegó al auditorio cantando consignas la representación del comité de enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y las esposas de 20 integrantes de la Policía Comunitaria presos en el penal de Las Cruces, entre ellos el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y el ex preso político de la CRAC, Arturo Campos Herrera.
En la inauguración fijaron posturas. Campos Herrera informó que la CRAC-PC se creó hace 23 años y la Casa de Justicia del Paraíso hace seis, pero distinto a las otras casas de justicia surgió para combatir a la delincuencia organizada.
Señaló que El Paraíso se sumó entonces a la protesta contra la reforma educativa en 2012, respaldaron los movimientos contra la mineras que llevó a la detención de los dirigentes de esa institución comunitaria.
“Soy uno de los ex presos encerrados para criminalizar a la CRAC, también queremos decir que se ha generado mucha controversia sobre la reforma del artículo 14 de la Constitución, y queremos decir que no necesitamos del gobierno, si el pueblo nos apoya con eso basta compañeros”.
Convocó a sus compañeros a insistir en la libertad de los presos de la CRAC.
“Voy a seguir defendiendo a mis compañeros presos porque al parecer la delincuencia es parte del mismo sistema de gobierno del estado y del país, hay compromisos con la delincuencia organizada”, denunció.
De la Casa de Justicia de Cochoapa el Grande, Kenia Inés Hernández Montalbán pidió la solidaridad para los familiares de los detenidos, “las esposas de los presos están aquí para expresar el dolor de no tener a veces qué darle de comer a sus hijos. Ellos exigen su libertad legítima porque sería reconocer”.
Luego señaló que la UPOEG ha sido utilizada para irrumpir en los bienes de Cacahuatepec, para agredir la CRAC.
Asimismo, Rodolfo Chávez también vocero del Cecop demandó la no repetición de los crímenes de Estado y la salida inmediata de la Policía Ministerial de La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Entre otros acudieron el grupo de policías comunitarios de Tecoanapa que en 2011 se organizó por la defensa del agua.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo