Ciudad de México, 6 de octubre de 2022. En respuesta al comunicado publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las afirmaciones del gobierno federal en la conferencia de prensa de este miércoles, relacionadas con la investigación “Ejército espía”, las organizaciones civiles que participaron en ésta hicieron notar que al admitir que adquirió el software Pegasus para usarlo de 2011 a 2013, la dependencia militar “contradice los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013”.
En un comunicado difundido ayer, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC subrayaron que la secretaría no ha desvirtuado “de forma alguna” lo publicado en la citada investigación, ni ha refutado “dos hechos comprobados con diversos documentos cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”:
- La existencia del contrato entre Sedena y Comercializadora Antsua S.A. de C.V. DN-10 SAIT-1075/P/2019 celebrado en abril de 2019 para la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, como lo revela el Oficio SGE-3335 dirigido al Secretario de la Defensa Nacional.
- El ocultamiento de la existencia de esa contratación en al menos tres momentos distintos: a) Al responder la solicitud de acceso a la información 0000700340519 realizada por R3D en diciembre de 2019. b) Al responder al requerimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la Solicitud de Información AECF/1095/2021, como lo demuestra un correo electrónico publicado a partir de la filtración masiva de correos de la Sedena en agosto de 2021. c) Al responder al requerimiento de la Fiscalía General de la República relacionado a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, como lo demuestra el oficio R.J.-I-12377/6 de mayo de 2022.
Asimismo, enfatizaron que tampoco se ha desvirtuado “la infección a través del malware Pegasus en contra de Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.
Ilegal, que Sedena intervenga comunicaciones privadas
Además, señalaron, la Sedena clasifica las intervenciones de comunicaciones privadas con el malware Pegasus como “acciones de inteligencia”. En este sentido remarcaron “categóricamente” que “la Sedena no tenía en 2011 —ni tiene en la actualidad— facultades constitucionales ni legales para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. Ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni el artículo Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional le otorgan dichas facultades”.
Más aún, “el artículo Segundo del Decreto por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública no incluye facultades para la intervención de comunicaciones privadas”.
Solidaridad con las víctimas de espionaje
Por último, R3D, Artículo 19 y Social TIC externaron su solidaridad con las víctimas de espionaje, pues “el gobierno, lejos de remediar su situación mediante procesos de justicia y verdad, se ha dedicado a estigmatizarlas, como hizo hoy con Animal Político”.
En atención a la información difundida, exigieron al gobierno federal y a la Sedena, entre otras acciones, publicar en su totalidad el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, incluyendo sus anexos técnicos y cualquier información relacionada a su contratación y a la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Texto: Redacción
