Demandan al gobierno federal que acate la recomendación de la CNDH que señala uso excesivo de la fuerza, la reparación de los daños y que no se repita.
Chilpancingo, Guerrero, 23 de enero de 2019. Familiares, víctimas y organizaciones exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cumpla las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y castigo al policía federal que disparó y asesinó al activista Antonio Vivar Díaz, porque los hechos siguen en la impunidad y no hay avances en las investigaciones.
Por la recomendación emitida el 28 de diciembre por la CNDH, la 85/2018, ayer se ofreció una conferencia de prensa convocada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, donde se dejó claro que no hay excusa para que el nuevo fiscal general, Alejandro Gertz Manero deje el caso en la impunidad.
El 7 de junio de 2015 maestros y vecinos de Tlapa fueron desalojados violentamente por militares, policías federales, ministeriales y del estado en la iglesia de la colonia El Tepeyac, donde tenían retenidos a 35 policías federales ante la detención de 8 activistas que protestaban por la presentación con vida de los 43 normalistas y se unieron al boicot a las elecciones presidenciales.
Al inició de la conferencia en la oficina de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos se mostraron dos fragmentos de videos de los hechos.
En la rueda de prensa estuvo el hermano de Antonio Vivar, Avertano, quien a nombre de su familia denunció que desde el asesinato de su hermano no han tenido justicia ni avances en las investigaciones, “ni culpables atrás de las rejas”.
Mencionó que su hermano estudiaba Derecho Indígena, apoyaba a los maestros y las causas sociales, tenía la mentalidad de cambiar la política, de que el mando fuera desde las bases populares, “pero el gobierno lo tenía bien identificado por su discurso radical”.
Dijo que antes de ser asesinado, el 5 de junio participó en un mitin informativo donde fue reprimido junto a maestros y perdió tres dedos, aún con esa herida dos días después, al saber de la detención de ocho maestros, dos de ellas mujeres y un menor de edad, fue a la iglesia de la colonia El Tepeyac, donde lo mataron de un balazo.
Su hermano dijo que el policía que disparó en tres ocasiones desde adentro de la iglesia sigue libre.
Afirmó que los 35 policías federales fueron resguardados porque la población los quería linchar tras la detención de los ocho activistas.
Avertano responsabilizó al gobierno de arrebatarle la vida a su hermano, que mandaba a desaparecer, encarcelar o matar, “fue una estrategia para disolver a la gente que estaba en la colonia Tepeyac”.
Además denunció que después de muerto su hermano hay una orden de aprehensión en su contra.
Dijo que con la recomendación de la CNDH volvieron a reconocerse las violaciones cometidas ese día, caso que ya habían dado por perdido, pero ahora demandó al gobierno de López Obrador cumplirla “caiga quien caiga”, y demandó justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
La maestra Xóchitl Cano Ruiz quien fue víctima de tortura el 7 de junio y testigo de las agresiones de los policías federales en las inmediaciones de la iglesia, dijo que el gobierno no respetó la negociación que estaba en ese momento para liberar a los 35 policías federales a cambio de los 8 manifestantes.
Indicó que cuando se escucharon los tres disparos adentro de la iglesia había adultos mayores y a los policías federales les importó poco, “fueron cinco o seis elementos que me agredieron y me dejaron inconsciente, entonces nosotros realmente lo que exigimos es justicia, porque no somos los únicos afectados, en otros estados se está llevando la misma situación, lastimando a la gente y siempre han ido –los federales– para matar”.
Reparación del daño y justicia
Al encuentro con reporteros acudieron cuatro de los ocho maestros detenidos quienes demandaron justicia, y señalaron que esas acciones demuestran que el gobierno del priista Enrique Peña Nieto mantuvo una cacería contra los maestros.
El maestro integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Juan Tenorio Villegas agregó que en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala participaron en las movilizaciones y la toma de los Ayuntamiento, “es lo que más le preocupó a los partidos políticos y al Estado”.
Dijo que luego de no aceptar una mesa de negociación con el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, “tuvieron que buscar la forma de cómo contratar a ese grupo de choque que hizo el desalojo, con los candidatos de partidos políticos, que desalojaron el Palacio Municipal y realizaron quema del material del movimiento”.
Indicó que el 5 de junio luego de una actividad informativa en la carretera Tlapa-Puebla para informar del desalojo del 1 de junio, los persiguieron y provocaron a policías del estado que llevaban piedras en las patrullas, “y por lógica los integrantes de las organizaciones se defendieron”.
El maestro dijo que en ese momento hubo 20 heridos porque también se unió un grupo de choque identificado con el PRI, contra ellos.
Demandó al gobierno acatar la recomendación, la reparación de los daños y que esta acción no vuelva a suceder porque los movimiento no aparecen por gusto.
El maestro Francisco Ortega Vicente dijo que él fue detenido por policías federales cuando estaba con amigos en una tienda luego de jugar un partido de futbol.
“Me subieron arriba de una camioneta, cuando me llevaron me pusieron el pie encima. Después nos trasladan –con otros compañeros– a otro lugar” en referencia a las instalaciones del 98 Batallón, “nos forman en una pared a unos metros empezaron a colocar cartones con botellas y cubetas con cohetes y gasolina, nos decían que nosotros teníamos esos materiales”, después sin saberlo fueron enviados a Acapulco.
Allá una visitadora de los derechos humanos del estado los visito y los interrogó, después “nos dijeron que nos regresarían a nuestro estado y nos subieron en camionetas hacia Chilpancingo, ya nos esperaba el gobernador Rogelio Ortega”, a quien en ese momento le exigió una explicación, y demandó que los mandaran en helicóptero a Tlapa, pero el argumento de negar el transporte aéreo fue que no podía volar de noche.
El maestro jubilado Juan Sánchez Gaspar, ex integrante de la CETEG, afirmó que “lo que más nos da coraje es que las autoridades de Guerrero planearon todo, la cacería de los maestros, ese día yo estaba en mi casa haciendo mi trabajo como asesor técnico pedagógico cuando llegaron los policías, entraron a mi casa, me preguntaron si era maestro” y lo detuvieron.
“Se demuestra que el que lucha por el bien social es perseguido por el Estado y por el ex presidente Enrique Peña Nieto”.
El maestro Ángel Basurto Ortega denunció que él fue detenido en el interior de las oficinas de la CETEG de Tlapa, con dos maestras que llegaron a preguntar por las hojas de préstamos pero ahí no había nadie más. Además los policías federales y del estado robaron equipo como computadoras y celulares, “sufrimos daños psicológico”.
“No más impunidad no más injusticia en contra de las organizaciones y dirigentes sociales”, demandó.
Recomendación confirma uso excesivo de la fuerza: Tlachinollan
El Director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la CNDH se da cuenta de cómo se desarrollaron una serie de irregularidades y el exceso del uso de la fuerza del gobierno federal, que mandó a la Gendarmería, militares, marinos, policías del estado, “fue el Estado el que actuó con la fuerza, se demuestra la cara represiva de las autoridades y la parte autoritaria”.
La abogada que lleva el caso de Neli Arias afirmó que la recomendación que emitió la CNDH, determina que hubo exceso del uso de la fuerza por los actos de tortura que se cometieron contra los maestros y activistas el 5 y 7 de junio, contra cinco autoridades, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía), Seguridad Pública federal, del estado, la Fiscalía General del Estado y el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
Indicó que la CNDH hizo las recomendaciones a las dependencias por las 8 personas detenidas porque en ningún momento se demostró que cometieron algún delito, a pesar de que se les trató de responsabilizar de incendiar un camión.
Además el Ejército allanó una casa y los detenidos fueron enviados al 98 Batallón de Tlapa, y después a Acapulco.
Por su parte Vidulfo Rosales afirmó que el movimiento gestado en Tlapa fue legítimo, a pesar de que Ortega Martínez lo criminalizó, fue un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular boicotear las elecciones, porque fue de éstas donde salió el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a pesar de que los políticos sabían de sus relaciones con grupos delincuenciales lo postularon.
Agregó que en análisis de los padres de los 43 normalista de Ayotzinapa previo a las elecciones de julio de 2015, al menos 11 aspirantes a alcaldes cuyos municipios y nombres omitió, tenían relación con el crimen organizado y por ello pidieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) suspender las elecciones y posponerlas, pero al no encontrar respuesta se decidió tomar las alcaldías.
Manifestó que la recomendación llegó tarde pero en un momento oportuno en medio de una transición política del país, y llamó al presidente López Obrador a hacer un análisis para que su gobierno cumpla la recomendación, incluso para que el caso sea estudiado por la Subsecretaría de Gobernación en Derechos Humanos, como parte del excesivo uso de la fuerza en los movimientos sociales desde 1960.
El abogado dijo que no hay pretexto para que la Fiscalía General de la República y su titular Alejandro Gertz Manero no procedan contra los responsables a nivel federal, porque además no hay ni siquiera una carpeta de investigación por el caso de tortura que está acreditado contra los maestros detenidos.
“En el estado se debe de fincar responsabilidad a los policías ministeriales, del estado y al ex gobernador Ortega Martínez”, y lamentó que en el caso de que se crea que los hechos hayan prescrito, sólo se anote en el expediente laboral de los involucrados el caso.
A nombre de los padres de los 43 estudiantes desparecidos la mamá del estudiante Benjamín Ascencio, Cristina Bautista agradeció a la familia de Antonio Vivar y a los maestros la lucha en Tlapa, y demandó justicia para las víctimas.
“Estamos agradecido con todos ustedes porque si nos dejaban solos no nos iba a hacer caso el gobierno. Sabemos que hubo mucha represión, que hubo encarcelados, sabemos que fue de manera coordinada con el gobierno de Peña Nieto, porque quieren que se mantengan callados”, expuso.
Demandó al presidente López Obrador que cumpla y que investigue principalmente a los responsables, y a los funcionarios que estuvieron en los cargos.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Manuel Olivares expresó “nuestro deseo es que haya justicia en todos estos casos, y que estos hecho no se repitan en el actual gobierno y los que sigan, es lamentable que el Estado mexicano y sus instituciones nos orillen movilizarnos por derechos humanos que existen en el papel”.
“Esta recomendación es una aliciente, una esperanza que vamos a transitar a la verdad y a la justicia”, consideró.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Jesús Guerrero
