Es una amenaza histórica para las comunidades del río Papagayo, señalan. Demandan el esclarecimiento del asesinato del líder Marco Antonio Suástegui y que cese la persecución y la criminalización de defensores
Chilpancingo, Guerrero, 18 de abril de 2026. Organizaciones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas exigieron la cancelación definitiva del proyecto de presa hidroeléctrica La Parota, el esclarecimiento del asesinato del vocero del movimiento, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y el alto a la persecución y la criminalización de los defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre 2015 y 2025 fueron asesinados al menos 199 defensores de derechos humanos ambientales de Guerrero, señalan el caso Suástegui, que murió en un hospital tras un ataque a balazos el 18 de abril de 2025.
En un pronunciamiento, siete organizaciones entre ellas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), llamaron a los pueblos de México y del mundo; a las organizaciones sociales, académicas, culturales y de derechos humanos, a mantenerse atentas y solidarias con sus luchas.
Reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida, el territorio y el agua; con los pueblos indígenas, afromexicanos, campesinos y urbanos, y la lucha digna por el cuidado de la tierra y por el derecho de decidir el propio destino.
Enfatizaron que los territorios del sur de México “no son zonas de sacrificio, ni reservas de recursos para proyectos impuestos con falsas consultas para obtener nuestro consentimiento”.
Exigieron la cancelación definitiva del proyecto de La Parota, que consideraron persiste como una amenaza histórica para las comunidades del río Papagayo en la zona rural de Acapulco que durante más de 20 años han defendido su tierra, su agua y su forma de vida.
Asimismo, exigen el retiro de las gravilleras que continúan destruyendo el río, dañan los ecosistemas, alteran el equilibrio del agua y afectan la vida de las comunidades.
Demandaron el cese a la criminalización contra quienes defienden la vida y el territorio, y el esclarecimiento del asesinato de Marco Antonio Suástegui.
Además, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico y el entorno de la presa Margarita Masa (Mujer Solteca), impulsado por el gobierno estatal de Oaxaca, en el marco del plan hídrico nacional del actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
También la liberación inmediata de los presos políticos y defensores del territorio en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales cuya única “falta” ha sido proteger sus comunidades frente al despojo.
En este sentido, rechazaron los megaproyectos como el Corredor Interoceánico en Oaxaca que amenaza sus territorios y formas de vida, los cuales forman parte del patrimonio biocultural que queda en el país, porque vulneran la vida de nuestros pueblos.
Aclararon que se utiliza la consulta a los pueblos como herramienta de despojo de los territorios y la militarización de las regiones, para la devastación como ocurre con la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, “(una) carretera que no responde a las necesidades de nuestros pueblos, sino a lógicas extractivistas turístico-mercantiles”.
También firman el comunicado, por Guerrero, el Consejo de Honor y Justicia de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI); de Oaxaca, el Centro Universitario Comunal de Ixtepec-UACO, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, y Yunhiz Espacio Alternativo-Observatorio Comunitario del Agua y el Medio Ambiente; y de Chiapas, MODEVITE región Sacun Palma, Chilón, Chiapas.
Advirtieron que el agua es un derecho humano y un bien común, no una mercancía. “Exigimos el respeto pleno al derecho al agua para todos los pueblos, su gestión comunitaria y la protección de ríos, manantiales y cuencas frente a proyectos que buscan privatizarlos o explotarlos”.
Lourdes Chávez
