A un día de que se cumplan 5 años de la desaparición de los normalistas, familiares marcharon en la Ciudad de México desde el llamado antimonumento de los 43 hasta las oficinas de la FGR, en donde se apostaron con fotografías de los jóvenes.
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019. A un día de cumplirse cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sus padres y madres protestan enfrente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los familiares marcharon esta mañana desde el llamado antimonumento de los 43 hasta la Glorieta de Insurgentes, en donde se encuentran las oficinas centrales de la dependencia.
Ahí, tras criticar las investigaciones realizadas bajo la administración de Enrique Peña Nieto, el abogado Vidulfo Rosales señaló qué hay esperanzas con el nuevo Gobierno federal y en particular con el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.
“De aquí a diciembre evaluaremos cómo avanzan estas investigaciones”, advirtió.
Agregó que la protesta de hoy es para recordarle a la Fiscalía que se mantendrán vigilantes de la investigación y para exigirle que se finquen responsabilidades a quienes incurrieron en irregularidades durante las indagatoria.
“Nos encontramos ante esta Fiscalía General de la República para exigir dinamismo en las investigaciones”, lanzó.
“Para exigir cárcel ya a los responsables que construyeron una mentira, cárcel ya a los policías federales que están plenamente identificados de haber participado en el punto de Palacio de Justicia de Iguala”.
Al lugar llegaron, además de los padres y su abogado, estudiantes de diversas normales del país, incluidos los jóvenes de nuevo ingreso de la escuela de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Por la protesta se cerró la circulación en la Glorieta de Insurgentes, pero se reanudó tras el retiro de los manifestantes.
5 años en busca de la verdad
Mañana se cumplen 5 años desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieran en el vecino municipio de Iguala sin que hayan obtenido una respuesta satisfactoria sobre lo ocurrido. Ahora, las familias confían en que el impulso que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende dar al caso sirva al menos para romper los “pactos de silencio”.
Los 43 estudiantes de magisterio desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades de esta localidad mexicana.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.
López Obrador ha ordenado empezar de cero la investigación, que ha salpicado a policías y militares por supuestas torturas a testigos y que ha concluido con la liberación de la mayoría de los sospechosos.
“Nosotros con mi esposa hemos vivido desgraciadamente muy tristes, muy desesperados. Es muy doloroso para nosotros”, contó a DPA Bernardo Campos, un campesino de 64 años, padre de José Ángel Campos Cantor, que tenía 33 años cuando desapareció.
Las familias no pierden la esperanza de encontrarlos –“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, es su lema–. “A veces sueño despierto con verlo a mi lado, más grande. Me da alegría y me da tristeza. Vuelvo a la realidad y tengo que ser fuerte porque voy a encontrarlo”, ha confiado Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, que ahora tendría 23 años.
En la misma línea se manifestaron Sofía de Robina, abogada del centro jesuita de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), que representa a las familias de las víctimas. “Tenemos puesta la esperanza en tener la mayor información posible y en mover lo que se pueda mover para romper los pactos de silencio e impunidad y conocer la verdad”, ha dicho.
Crisis de justicia
Para el coordinador de Incidencia Internacional de la organización civil Serapaz, Mariano Machain, el caso Iguala es síntoma de la “crisis de procuración de Justicia que hay en este país” por “la impunidad y lo mal hechas que están la mayoría de las investigaciones”.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto tardó ocho días en reaccionar a la desaparición de los 43 normalistas y, de los 142 detenidos, incluidos el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y el jefe de la Policía local, 77 han sido excarcelados, algunos por confesar bajo torturas.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma / Europa Press / Foto: Agencia Reforma
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