Cutzamala, Guerrero, a 17 de junio de 2024.- Pescadores y ejidatarios de Nuevo Amilpillas, en Cutzamala, pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado y del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les pagué 189 hectáreas que tomaron de más al momento de construir la presa El Gallo, en 1998.
Además, que la dependencia federal les pague las viviendas y los lotes donde fueron reinstalados, tras ser desplazados de su comunidad, pues presentan hundimientos porque esa área fue rellenada con fragmentos de roca alterada y arena extraída en la construcción de la presa.
Los pescadores de la presa El Gallo, que habitan en Nuevo Amilpillas y otras comunidades, así como pobladores de Arroyo Grande, dieron el viernes pasado una conferencia de prensa y mostraron las afectaciones que les causó la instalación de la presa, con la finalidad de que allí operara la planta hidroeléctrica privada Mexhidro SA de CV.
La presa hidroeléctrica y la población se encuentran en los límites del municipio de Cutzamala con Michoacán. Se ubica a más de 55 kilómetros de Ciudad Altamirano.
La señora Eva Espinoza Betancourt recuerda el día en que fueron sacados de sus viviendas y tierras. Fue en la mañana de aquel martes 5 de junio de 1998, hasta el atardecer fue que salieron las últimas familias.
Los habitantes del rancho de Amilpillas afirman que se vieron obligados a salir con lo indispensable, porque la Conagua empezó a soltar el agua y a inundar la zona.
Salieron a otros poblados o donde aún no terminaban de construir sus nuevas viviendas, con el dinero que les dieron por la expropiación de sus tierras.
“A mí me pagaron 60 mil pesos por mi casa donde tan a gusto vivía. Tuve que comprar otra en 160 mil pesos. ¿Usted cree?”, expresa Eva Espinoza.
“Nos acabaron con este trabajo, estamos perdidos totalmente. Nosotros vivíamos a gusto en nuestros terrenos, sembrábamos sandías y melón para las rancherías”.
“Eran tierras buenas, teníamos agua y la sacábamos bombeada y trabajabamos a gusto. En cuaresma sembrabamos maíz y de ahí nos manteníamos”, comenta el señor Conrado.
La Conagua, dicen, se valió del engaño para convencer a los ejidatarios de la zona de la construcción de la presa. Les dijo que iba a traer beneficios, trabajo y que les iba a construir sistemas de riego para sus pueblos. No fue así.
Por ejemplo, aseguraron que a 300 ejidatarios de Arroyo Grande les prometió un canal de riego para sus tierras, pero luego les dijo que el bombeo de agua para su comunidad era muy costoso y que no era posible construirlo.
A 26 años de distancia no tienen agua potable y su sistema de energía eléctrica es de baja intensidad, que no soporta que un refrigerador esté conectado, denunciaron.
Mientras que a los habitantes de Amilpillas la Conagua los movió a un área compuesta de 53 lotes con drenaje y energía eléctrica.
El lugar fue nombrado como Nuevo Amilpillas y los desplazados empezaron a construir sus nuevas casas con el dinero que les dieron.
Aseguraron que al término de las construcciones de las nuevas viviendas, los pisos de concreto se tronaron y las paredes se empezaron a cuartear. Las casas también presentaron hundimientos de más de 60 centímetros.
Fue cuando ya nadie quiso construir en Nuevo Amilpillas y se tuvieron que desplazar a otras comunidades.
Los pobaldores dijeron que la comunidad de Amilpillas fue desalojada, estafada y quedó fragmentada a causa de la presa, que un año después dio paso a una hidroeléctrica.
Un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de Tierra Caliente, realizado en diciembre de 2000 y enero de 2001, concluyó que los daños estructurales de las viviendas son a consecuencia del terreno.
“Este terreno es un relleno formado con la rezaga, producto de las excavaciones que se hicieron en la cortina y dique de la presa El Gallo y sus caminos de acceso. El relleno cubrió una depresión natural que existió en donde ahora se tienen las casas”.
“Consiste en fragmentos de roca alterada, empacadas en arcillas y arena, que al presentar altos porcentajes de vacíos lo convierten altamente permeable sobre todo en lluvias”, dice parte del análisis.
El relleno, se detalla, es de material producto de excavaciones de cerros y lomas. La profundidad del relleno es de hasta 20 metros.
La vida del pescador
La actividad de los habitantes de Amilpillas y de otras cuatro comunidades pasó de la agricultura a la pesca de mojarra tilapia.
La mejor de la región, porque no sabe a tierra, asegura el ex comisario Pablo Espinoza Gurrustieta.
Son cinco cooperativas, del mismo número de localidades que rodean la presa. Su mejor producción ha sido de 20 mil a 30 mil toneladas de pescado al año.
Pero afirman que presentan un problema derivado de la sobre explotación del agua por parte de la empresa mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro SA de CV.
Cada diciembre, la hidroeléctrica deja de operar 12 horas al día lo que deja a la presa sin oxígeno.
Esto ha provocado la muerte de miles de peces y la afectación directa de las familias que dependen del cultivo de mojarras. Las cooperativas se han endeudado por la compra de alimentos para los peces.
La producción en unos siete años pasó de 30 mil toneladas a 10 mil. Aún así reciben a clientes de la capital del país y del Estado de México. El producto también es demandado en la región por su sabor.
Los productores no quisieron hablar acerca de si este sector también padece el acecho de las organizaciones criminales.
El abogado de los pescadores, Fernando Jaimes Ferrel, explicó que el Tribunal Unitario Agrario de Iguala resolvió en contra de los pescadores que estaban demandando a la Conagua y el gobierno federal el pago de sus tierras.
Dijo que el asunto debe replantearse desde un punto de vista jurídico, porque a los habitantes desplazados les pagaron a la mitad el costo de sus casas y no les pagaron los bienes distintos a sus tierras, como huertas.
“No les alcanzó para comprar un terreno, para construir una casa. Tuvieron que endeudarse para construir algo aceptable”.
“Aquí, en el Nuevo Amilpillas, se están hundiendo las casas, están cuarteadas. Han hecho trabajos de mejoras para que las casas no sean inseguras, pero con dinero de ellos, no con dinero que les correspondía pagar al gobierno federal”, argumentó.
Agregó que se tiene que ver la forma de canalizar la demanda, para que se les haga justicia de los problemas derivados de su desplazamiento con la construcción de una presa.
“Tiene más de 30 años que empezó tu problema, muchos ejidatarios ya murieron”, dijo.
Además, aseguró, se requiere la voluntad y coordinación de los tres órdenes de gobierno.
“Se requiere que la gobernadora ayude a los ejidatarios que han sido afectados, se requiere que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, les ayude con este problema, porque son del gobierno federal las dependencias que afectaron a estos pueblos y núcleos agrarios”.
Texto y foto: Luis Daniel Nava
