Más de 500 indígenas de 12 comunidades y unos 100 policías comunitarios armados de la CRAC-PF se reúnen en una asamblea general en Alcozacán. Acuerdan la defensa de su territorio, sus recursos naturales, bienes y propiedades, de los que, denunciaron, quieren ser despojados por el grupo delictivo en contubernio con los tres órdenes de gobierno
Chilapa, Guerrero, 8 de agosto de 2026. Alto a la criminalización, denostación y a los ataques armados en contra de las comunidades indígenas, y la libertad del promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, preso en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, exigieron ayer autoridades comunitarias y habitantes de 12 pueblos nahuas de Chilapa.
Los indígenas nahuas de las localidades que pertenecen al Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) exigieron, además, que se investigue, que se desarme y que se desmantele al grupo delictivo que atacó a balazos y con explosivos a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, del 6 al 11 de mayo pasado, así como la detención de los principales líderes del grupo armado.
Más de 500 indígenas de las 12 comunidades y unos 100 policías comunitarios armados de la CRAC-PF, se reunieron este viernes en una asamblea general en la cancha techada de la colonia Los Pinos de Alcozacán, para dar a conocer un pronunciamiento a tres meses de los ataques.
Se reunieron, también, como parte de las acciones de protesta que convocaron organizaciones sociales para realizar ayer en varias partes del país y afuera del penal del Altiplano, para exigir la libertad del dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo, en vísperas de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de mayo.
En su pronunciamiento, los asistentes a la asamblea proclamaron también la defensa de su territorio, sus recursos naturales, bienes y propiedades, de los que, denunciaron, quieren ser despojados por el grupo delictivo Los Ardillos, en contubernio con los tres órdenes de gobierno.
Encabezados por las autoridades de las comunidades, promotores del Cipog-EZ, y coordinadores de la CRAC-PF, la asamblea de los pueblos concluyó que van a seguir organizados para defenderse, “ahora no sólo del grupo delictivo que nos ha venido atacando, sino también del gobierno”, dijo el promotor del Cipog-EZ, Sixto Mendoza Limpia.
Mendoza Limpia exigió a los tres órdenes de gobierno que cese la campaña de criminalización y estigmatización en contra de los pueblos indígenas y sus representantes, que, dijo, han emprendido con el grupo delictivo que los atacó los días del 6 al 11 de mayo pasado.
“Nosotros no somos los delincuentes, no pertenecemos a ningún grupo delictivo, no somos los que vamos a agredir a otros pueblos, sólo nos defendemos de quienes nos han venido a atacar para despojarnos de nuestras tierras, propiedades y recursos naturales”, dijo el dirigente indígena.
Otro de los representantes, Prisco Rodríguez Morelos exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno estatal la cancelación de todas las órdenes de aprehensión que pudiera haber en contra de los dirigentes.
“Que tome cartas en el asunto”, piden a la presidenta Claudia Sheinbaum
A su vez, el coordinador de la CRAC-PF de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna leyó el pronunciamiento en el que establece que su sistema comunitario está sustentado en el artículo 2 y en el 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Por tanto, dijo Sánchez Luna, nuestro sistema comunitario conformado por 12 comunidades “está fundamentado legalmente y exigimos a los tres órdenes de gobierno que no nos sigan señalando como delincuentes o que estamos coludidos con algún grupo delictivo, nuestro único delito ha sido defender la vida de los ancianos, mujeres y niños”.
Exigen en el documento al gobierno federal, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “que tome cartas en el asunto de nuestras comunidades que fueron atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos” del que piden su desarme y la detención de los principales líderes.
Además, demandan a la FGE que investigue a los dirigentes del Frente de Defensa Popular (FDP) por estar “financiados” por ese grupo delictivo, así como a la presidenta municipal de Chilapa, la priista Mercedes Carvallo Chino, “por sus vínculos” con el mismo grupo.
El Cipog-EZ y la CRAC-PF exigieron la libertad del dirigente indígena Plácido Galindo, de quien aseguraron que es inocente.
En su pronunciamiento desmienten las declaraciones de Josefina Xanteco Rita, quien señala a Plácido Galindo como el autor intelectual del asesinato de su padre, José Pablo Xanteco Bartolo.
“Ella sabe perfectamente que a su padre lo mataron Los Ardillos, ya que tenía un problema personal con ellos”.
Refieren que el finado, en el año del 2007 estuvo preso en Chilapa por el delito de violación, y en el 2021, meses antes de su asesinato, se presentó en la coordinación de la CRAC-PF para denunciar que temía por su vida, “porque sabía que habían pagado a gente de Los Ardillos para que ejecutaran su muerte por los problemas que había tenido antes”.
“Pedimos al gobierno federal que no siga buscando culpables o achacando ese asesinato a nuestros compañeros, como el caso de Jesús Plácido Galindo, lo que nosotros miramos es que los gobiernos estatal y municipal se molestaron con él por exhibir sus nexos con Los Ardillos y para no hacer su trabajo y detener a los verdaderos responsables”.
En general, las autoridades de los 12 pueblos exigieron alto a la criminalización de las comunidades indígenas, la libertad de Jesús Plácido Galindo y la cancelación de las carpetas de investigación “fabricadas por la Fiscalía del Estado”.
Además piden que el gobierno construya las viviendas afectadas por el grupo delictivo en las comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, y un módulo de seguridad en las colindancias entre las comunidades de Colotepec y Tula, para que los ciudadanos de la segunda localidad puedan regresar a sus hogares.
Otra de sus exigencias es que cesen “los ataques” de la Iglesia Católica, concretamente del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, “quien ha traicionado la causa de Cristo para venderse al mejor postor”.
Al prelado lo señalaron de haber declarado a algunos medios de comunicación que son las comunidades agredidas las generadoras de violencia y señaló a Plácido Galindo de haberlo privado de su libertad y de estar vinculado con grupos delincuenciales y subversivos.
En su pronunciamiento demandan el reconocimiento de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF.
Antes, Mendoza Limpia había dicho en la asamblea que los 12 pueblos que pertenecen a la CRAC-PF sólo quieren vivir en paz, “tenemos el derecho de tener una vida digna”, y convocó a los habitantes de las localidades a seguir unidos y luchar “por nuestras vidas, por nuestras tierras, por nuestros bosques, por nuestras familias y por los derechos de cada uno de nosotros”.
Dijo que los grupos delictivos buscan desplazar a las comunidades para apropiarse de los recursos naturales, “en este caso, nuestros bosques y nuestra agua”.
Por su parte, Rodríguez Morelos exigió al gobierno “que cesen los ataques y la persecución que ha emprendido en nuestra contra, somos pueblos indígenas y solamente defendemos nuestro territorio y nuestra vida y lo vamos a seguir haciendo, porque aquí nacimos, aquí vivimos y es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados, por lo tanto, no vamos a permitir que personas ajenas, con intereses políticos o quien sabe de qué tipo, vengan y se queden con lo que nos pertenece”.
Recriminó que, de pronto, ahora, “todos se han lanzado en nuestra contra, incluso un obispo; así como entre los discípulos de Cristo hubo un judas, así también en la Iglesia Católica tenemos a un judas y es Salvador Rangel Mendoza que está defendiendo al grupo criminal de Los Ardillos porque trabaja para ellos”, señaló el dirigente indígena.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
