“Demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare imprescriptibles los delitos cometidos, como lo hizo con el caso de la Guardería ABC”, demanda la dirigente de la OCSS Norma Mesino. Recuerda que en 1996 la Corte señaló como responsables al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al secretario de Gobierno Rubén Robles Catalán y al procurador Antonio Alcocer Salazar
Aguas Blancas, Guerrero, 29 de junio de 2026. Activistas de diferentes organizaciones sociales de defensa de derechos humanos y con demandas para que se esclarezcan crímenes de Estado, asesinatos, masacres y tratos crueles contra luchadores sociales, marcharon al vado de Aguas Blancas, donde hace 31 años fueron masacrados 17 campesinos y 23 quedaron heridos, en un ataque de la entonces Policía Motorizada y de la Policía Judicial del Estado (ahora Policía Ministerial).
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenecían las víctimas, Norma Mesino Mesino demandó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabra el caso y declare imprescriptible la masacre de Aguas Blancas para que se pueda perseguir a los responsables del hecho, porque no se ha hecho justicia.
Participaron en la marcha sus padres, Hilda Mesino e Hilario Mesino, fundadores de la OCSS, lo mismo que el sobreviviente y uno de los líderes de la protesta reprimida por los policías, Marino Sánchez Flores.
Asimismo asistieron Maricruz López, nieta de Daniel López Castañeda, uno de los 17 campesinos asesinados, Selene Olivares, hija de Luis Olivares, Gonzalo Martínez Villagrán y Gilberto Rodríguez Bahena,
Este domingo un centenar de personas marcharon desde el Centro de Salud de Aguas Blancas hasta el vado donde ocurrió la masacre, donde está un memorial con los nombres de las víctimas.
La marcha de unos 40 minutos comenzó con la consigna, “28 de junio no se olvida, es de lucha combativa”.
El contingente iba encabezado por una lona que contenía las demandas de la OCSS, la liberación de Antonio Barragán Carrasco, la conmemoración de los 31 años de la masacre de Aguas Blancas: memoria sin olvido. La lucha es por la verdad y la justicia y una corona de flores con el mensaje “Ni olvido ni perdón. ¡Justicia! OCSS”.
Los asistentes llevaron cartulinas con diferentes mensajes para exigir la liberación de Antonio Barragán Carrasco “Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigimos la libertad de Antonio Barragán Carrasco”, “Somos familiares de Antonio Barragán Carrasco y exigimos su libertad inmediata”, en alusión al integrante de la OCSS preso.
En la marcha se dieron cita diferentes liderazgos identificados con la lucha social, como la delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas Ayala, hija del maestro guerrillero Lucio Caba-ñas Barrientos, y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabaja-dores de la Educación Guerrero (CETEG), que recién terminaron un paro nacional y tuvieron manifestaciones y choques con la policía en la Ciudad de México.
La mañana del 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, campesinos que se transportaban en camionetas a realizar un mitin en el vecino Atoyac fueron atacados por policía del estado, 17 fueron asesinados y 23 quedaron heridos. Por este hecho el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue separado del cargo pero no hubo acciones penales contra los perpetradores.
Ayer en el 31 aniversario, Norma Mesino recordó que desde 1996, en cada aniversario, en el lugar donde se cometió la masacre se congregan diversas organi-zaciones para exigir justicia, “mientras que los responsables le han apostado a que con el paso de los años este atroz crimen quede en el olvido, pero eso no va a ocurrir, porque somos una orga-nización que tiene memoria y nunca nos vamos a cansar de luchar hasta lograr que haya justicia”.
Agregó que su demanda de justicia está sustentada en lo que establece la Corte Penal Internacional, “que los crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Aguas Blancas, no prescriben, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables. No importa que ya hayan pasado 31 años”.
La demanda de la OCSS está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare imprescriptibles los delitos cometidos en la masacre de Aguas Blancas, como lo hizo con el caso de la Guardería ABC el pasado 18 de junio, cuando las ministras y ministros declararon imprescriptibles los delitos cometidos en este caso, lo cual implica que se puede investigar y perseguir a exfuncionarios vinculados con los hechos”.
Recordó que en su resolución de 1996, tras una ivestigación la Corte reconoció que existieron violaciones graves a las garantías individuales y señaló como responsables al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a su secretario general de gobierno José Rubén Robles Catalán, y al entonces procurador general de Justicia Antonio Alcocer Salazar.
En tanto que en su recomenda-ción 49/97 la CNDH pidió, “ejercer las acciones penales co-rrespondientes, a fin de que se es-tablezcan las responsabilidades individuales de los altos funcio-narios del Estado de Guerrero, identificados en la decisión emiti-da por la Suprema Corte de Jus-ticia de la Nación, y en conse-cuencia se impongan las san-ciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Expuso que han pasado gobiernos priistas, panistas, perredistas y de Morena, “y ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre”.
“Hoy toca el turno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le pedimos que salde esta herida que tiene con el pueblo de Guerrero y de México”.
El engaño
Criticó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores pretendió cerrar el caso con dinero, entregó por “reparación integral del daño” a cada una de las viudas 250 mil pesos y 110 mil pesos a cada sobreviviente, pero entregar dinero, advirtió, no representa una reparación integral del daño porque no se judicializó el caso, no hubo atención psicológica para las víctimas ni garantías de no repetición.
“Este acto fue simple y llanamente un burdo intento para comprar con dinero la sangre de nuestros compañeros masa-crados”, señaló.
Tras la entrega de este dinero, Astudillo publicó en los medios que firmó el acta de cumpli-miento y de reparación integral del daño que demandaba el in-forme de fondo de 49/97 de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH) y la re-comendación 104/95 de la CNDH.
Reprocha el uso de medios para denostar a maestros, madres buscadoras, normalistas y defensores de derechos humanos
En su intervención, Mesino también reprochó a Morena, que no mencionó por su nombre, que use medios de comunicación afines para denostar a las protestas de maestros, madres buscadoras, estudiantes y defensores de derechos humanos
“No es posible que un gobierno que dice encabezar una transformación replique los discursos de odio de los gobiernos del pasado”, reprochó.
“Llamamos a la 4T a tener memoria histórica y a recordar que son los movimientos sociales los que han enfrentado a los regímenes de derecha. En lugar de criminalizar, le llamamos a solucionar las demandas que como partido quisieron enarbolar cuando no eran gobierno”.
En la conmemoración también participaron, Soledad Hernández, hija del ac-tivista asesinado Arturo Hernán-dez Cardona; de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chavez Adame, Diana Hernández, hija de otro luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Antonio Pérez, asesor de la alcaldesa con licencia Abelina López, y Walter Añorve de la CETEG Acapulco.
Daniel Velázquez/Foto: Carlos Carbajal
