Chilpancingo, Guerrero, a 7 de junio de 2025.- Viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada por militares hace 27 años, el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres (ahora de Ñuu Savi), exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum castigo a los responsables y la reparación integral del daño.
En una manifestación en Chilpancingo solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado una audiencia para que conozca las condiciones en que viven desde aquella matanza, y las necesidades de sus comunidades.
Ayer a las 12:50 de la tarde sobrevivientes y familiares de las víctimas realizaron un mitin en el kiosco de la alameda central de Chilpancingo.
El antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que dirigió el acto, mencionó que en la madrugada de aquel 7 de junio cientos de soldados cercaron la comunidad y pueblos aledaños y dispararon contra indígenas tu’un savi que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado.
Al grito del general Alfredo Oropeza Garnica: “¡Salgan perros, muertos de hambre!” le siguieron ráfagas de armas largas y el lanzamiento de dos granadas de fragmentación.
“Los indígenas que intentaban huir o alzaban la mano en señal de rendición fueron ejecutados con el tiro de gracia. Los testigos refieren que a muchos los llevaron detenidos a la cancha, los pusieron boca abajo y les dispararon en la cabeza”.
El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban cuatro niños y una estudiante universitaria.
La matanza ocurrió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que sustituyó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer (quien renunció tras otra masacre, la de Aguas Blancas) y del presidente de México, el priista, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los campesinos ejecutados fueron Mario Chávez Castro, José Rivera Morales, Ceferino Damián Marco, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Apolonio Jiménez García, Honorio García Lorenzo, Manuel Francisco Prisciliano, Mauro Feliciano Castro, Carlos N y Ricardo Zavala.
Tiempo después cuatro sobrevivientes fueron asesinados, de los cuales no se mencionaron los nombres.
Abel Barrera dijo que de las 16 personas que sobrevivieron han fallecido Bernardino García Francisco, Eugenio Ambrosio Trinidad, Porfirio Hernández Francisco, Adolfo Filiberto Concepción y Arnulfo Santiago Hernández.
En su discurso, el director de Tlachinollan expresó que las viudas y sobrevivientes viajaron a la capital del estado para recordarles a los gobiernos estatal y federal que el caso está en el olvido y permanece en la impunidad.
A los militares responsables no se les ha investigado pero a las víctimas se le acusó de rebelión, conspiración, terrorismo, acopio y portación de armas.
La mayoría, dijo, fueron sentenciados, pero no se abrió ninguna investigación por los 11 asesinatos, lesiones graves, detenciones arbitrarias y tortura contra los campesinos.
Ángel García García, hijo del sobreviviente ahora finado Bernardino García Francisco narró parte de aquella masacre de acuerdo con el testimonio de su padre:
“Ellos estaban tranquilamente durmiendo ahí cuando de repente escucharon la voz de los militares. Luego hubo un disparo al aire, los militares les gritaron que tenían que salir con las manos en alto. Salieron con las manos en alto, pero una vez estado afuera les dispararon. Fue ahí cuando inició la masacre”.
“Los que estaban adentro, entre ellos mi papá, al oír los disparos supieron que estaban masacrando a los de afuera, entonces se tiraron al suelo mientras los disparos seguían”.
“Con esas armas que portaban los militares rafaguearon la escuela. Los disparos traspasaron las paredes e hirieron a algunos de los compañeros. A mi papá una de las balas le dio en el pie”.
Exigen una reunión con la presidenta Sheinbaum
Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una mesa de diálogo para manifestarles lo que han padecido a raíz de la masacre, además de las necesidades de sus pueblos.
Sobrevivientes han muerto en el camino sin que se les hiciera justicia y sin que el Estado les reparara el daño causado, agregó.
Negó que en algún momento los hayan indemnizado y recordó que si el entonces presidente municipal Odilón Romero Gutiérrez y su Cabildo recibieron dinero lo hicieron a espaldas de las víctimas.
El sobreviviente y posteriormente encarcelado durante un año y medio, Anastasio Ramírez Simona, que en ese entonces tenía 24 años, exigió la reparación del daño.
“Recuerdo esas malas cosas como si fuera ayer. Venimos a exigirle que nos repare el daño que nos hizo el Ejército para todos los compañeros que fueron masacrados, encarcelados”.
“Somos campesinos, a veces andamos con miedo, pero acá andamos”, dijo.
Es un crimen de lesa humanidad que no prescribe
En el mitin participó Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Dijo que las masacres son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, pero que en México no se toca al Ejército ni con el pétalo de una rosa.
“Ningún genocida en el país ha sido castigado. Cuando eso suceda estaremos hablando de una transformación, lo que existe son los pactos de impunidad”.
“A 27 años de la masacre de El Charco y ya a 30 años de la matanza (de 17 campesinos) de Aguas Blancas (en el municipio de Coyuca de Benítez) no han sido castigado los asesinos mandados por (los ex gobernadores) Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero”.
Criticó que el partido en el gobierno Morena los integrara a sus filas “traicionando al pueblo”.
“No olvidemos que los militares que asesinaron en El Charco fueron los mismos responsables de más de 600 desapariciones en nuestro estado”.
Participaron además integrantes del colectivo Lupita Rodríguez, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En un documento del Centro Tlachinollan se especifica las peticiones que 33 viudas y sobrevivientes le hicieron llegar por medio de una carta a la presidenta Claudia Sheibaum.
Realizar las investigaciones exhaustivas y prontas castigando a los militares que perpetraron los asesinatos, lesiones y tortura contra los indígenas Tu’un Savi del Charco aquel 7 de junio de 1998.
Procesar a las autoridades del más alto nivel como el entonces secretario de la defensa nacional y presidente de la república que dieron la orden de asesinar y torturar a los indígenas Tu’u Savi del Charco.
Reparar el daño de manera integral a las víctimas y se otorguen reparaciones colectivas a las comunidades del Charco y las que se vieron afectadas por el sitio y hostigamiento militar.
El caso, dijeron, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en ese organismo los trámites son lentos.
Texto: Luis Daniel Nava / Foto: Jessica Torres Barrera
