Acapulco, Guerrero, 30 de abril de 2025. La Red de Europa Zapatista, conformada por más de 40 organizaciones, señaló que el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, es una prueba de que en México hay una guerra no declarada de las economías legales, ilegales y el Estado, “con el interés de controlar el territorio para especular con la vida, la tierra y los bienes comunes”.
En un comunicado emitido ayer y publicado en la página de Radio Zapatista, las organizaciones señalan que “una vez más nos enteramos en la Europa Insumisa que en México se asesina, se continúan violando los Derechos Humanos, se secuestra y se desaparece a aquell@s que buscan la vida, a quienes luchan por defender el medio ambiente y el territorio”.
Indicaron que Suástegui Muñoz “debía estar bajo la protección dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que México, sin embargo, nunca facilitó. Al momento del ataque Marco Antonio estaba solo”.
Suástegui Muñoz, representante de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), recibió tres balazos disparados por un hombre el viernes 18 de abril a las 7:24 de la noche en la calle Fragata de Yucatán, de esta playa colindante con la Base Naval, donde tenía un negocio de renta de mobiliario de playa y motos acuáticas, y murió una semana después, el 25 de abril.
Asimismo, mencionaron el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, y su hijo de 26 años, Jaime Daniel Ramírez Morales, la noche del 23 de abril en el parque del Fraccionamiento Las Villas, en Guadalajara.
Los dos casos, señalaron, forman parte de “la larga lista de víctimas de una violencia que va día con día en aumento. Asesinatos, desapariciones forzadas, ataques armados en contra de las poblaciones. El Estado mexicano niega y oculta la realidad. Es parte del problema al no reconocer la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y al facilitar la operación de grupos armados en diversas áreas del país”.
Además, retomaron la denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas por la detención de los tsotsiles José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, el 24 de abril, cuando “efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata, el grupo Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de dos vehículos con personas civiles armadas, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas en la zona del caracol 2 de Oventik, Chiapas”.
“En México hay una guerra que comenzó en los años 1960, una guerra sucia contra la población, contra l@s que resisten, contra l@s movimientos sociales, indígenas y campesinos, contra las mujeres, contra l@s disidentes sexuales, contra l@s migrantes. La narrativa absolvente para el Estado de la narcodemocracia ya no se sostiene, ¡Mexico es un estado criminal!”, recriminaron.
La Red de Europa Zapatista afirma que en el país “hay una guerra, no declarada, que las economías legales, ilegales y el Estado llevan a cabo con el interés de controlar el territorio para especular con la vida, la tierra y los bienes comunes. Los asesinatos de Marco Antonio Suástegui y María del Carmen Morales son sólo una prueba más”.
Texto: Ramón Gracida Gómez
