Ciudad de México, 27 de noviembre 2017. Mónica Borrego, madre de Yang Kyung María Sun Borrego, la joven de 21 años víctima de feminicidio en la Ciudad de México, denunció la “deshumanización de las autoridades, del sistema y de quienes ejercen la justicia”.
El 21 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina informó a Mónica Borrego que su hija “se había suicidado”. Ella lo creyó en un principio, pero después se enteró, por pláticas con los compañeros de trabajo, que Jorge Humberto Martínez (popularmente conocido como El Matanovias), con quien la joven se fue a vivir dos semanas antes, ejercía violencia sobre ella.
Siete meses después de cometido el crimen, la madre pidió a las autoridades de la PGJ que ampliaran la investigación sobre el supuesto suicidio de su hija e indagaran a Jorge Humberto como el posible asesino. El Ministerio Público la descalificó con el argumento de que ella no era experta y los dejara trabajar. A cambio le ofrecieron ayuda psicológica para que “aceptara la muerte” de Yang Kyung.
“Haces todo como puedes, como crees que es lo adecuado, cuando al pasar de los días te das cuenta que la autoridad se basa en la ignorancia de uno para ellos actuar con esa impunidad. Crean un caos para que no sepas a dónde ir”, puntualizó Mónica durante su participación en el foro “Los rostros de la impunidad: la violencia feminicida en la Ciudad de México”.
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, madres de víctimas de feminicidio en la capital mexicana alzaron sus voces en el foro organizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la semana pasada.
Ahí denunciaron los obstáculos, negligencias y trabas impuestas por las autoridades encargadas de garantizar justicia para sus hijas.
La PGJ no escuchó a Mónica hasta que Jorge Humberto asesinó a otra joven, Campira Camorlinga Alanís, el 31 de diciembre de 2016. El feminicida escapó y la dependencia capitalina tuvo que pedir a la Interpol que lo buscara en 192 países. Lo halló el pasado 24 de octubre en Guatemala.
Jorge Humberto ya fue vinculado a proceso por el feminicidio de Campira Camorlinga Alanís, perpetrado en la delegación Coyoacán. Sin embargo, será hasta los próximos días cuando Mónica Borrego pueda acceder a la carpeta de investigación por el caso de su hija María Sun.
Le queda, pues, un largo camino para que se haga una reclasificación y se investigue por el delito de feminicidio. “Para que vea como son las autoridades”, soltó en entrevista.
De 2016 a junio de 2017 se cometieron en la Ciudad de México 101 casos de feminicidio, y de 2015 a 2016 desaparecieron dos mil 494 niñas y mujeres, de las cuales quedan por localizar 644, de acuerdo con datos de la PGJ, razón por la cual diversas organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), el pasado 7 de septiembre, la Alerta por Violencia de Género (AVG) para la capital del país.
Pero no sólo el feminicida de María Sun quedó libre en su momento, las autoridades hicieron lo mismo con el asesino de Victoria Pamela Salas y los tres victimarios de Abigail Guerrero Mondragón. Todo por “su mala investigación”, denunciaron familiares.
La madre de Victoria, Consuelo Salas Martínez, relató que su hija fue asesinada el pasado 2 de septiembre en un hotel de la delegación Coyoacán. En el último contacto que tuvo con ella le dijo que estaba con su pareja, Mario Sáenz, con quien festejó su cumpleaños número 23 al lado de amigos.
Victoria pasó 10 horas bajo la regadera con agua hirviendo y fue degollada. Los peritos de la PGJ dijeron a la familia que era imposible recuperar las pruebas porque se habían borrado con el agua.
Pero los padres sabían que Mario estaba implicado en el caso. Cuatro testigos del hotel lo identificaron a través de fotos que la familia les presentó, además de que el centro de alojamiento tenía el registro de que estuvo ahí con Victoria. Cuando el presunto asesino se presentó al funeral, la familia llamó a la policía y lo detuvieron.
El hombre alegó que el día de los hechos dejó a la joven alrededor de las ocho de la noche y luego él se dirigió a su casa para limpiarla. Incluso aseguró que en su camino se poncharon las llantas de su automóvil, motivo por el cual presentó una denuncia. Sus amigos lo respaldaron y la PGJ lo dejó en libertad.
Al intentar comprobar la versión, los agentes no encontraron ninguna denuncia por el bache, pero para entonces el presunto feminicida ya se había dado a la fuga cuando emitieron la orden de aprehensión en su contra. Nuevamente las autoridades pidieron a la Interpol su apoyo para encontrar a Mario Sáenz, “skate” y dueño de varias tiendas de artículos para patinar.
“Soy la voz de mi hija y como tal pido justicia para ella”, subrayó Consuelo Salas, al tiempo que llamó a las madres de víctimas de feminicidio a unirse para denunciar las negligencias de la PGJ, porque a muchas les pasa como ella: “no sabía para dónde ir”.
Las cifras oficiales de la PGJ capitalina indican que de 2011 a abril de 2017 únicamente se han dictado 77 sentencias por el delito de feminicidio y se ha puesto a disposición a 209 probables responsables. Sólo consignó a 203.
Los feminicidas de Abigail Guerrero Mondragón también están libres. La estudiante de Derecho fue violada y asesinada el 11 de diciembre de 2016 en un lote baldío del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, por tres de sus vecinos. Ninguno fue vinculado a proceso porque la PGJ “perdió las evidencias” (condones) para poder inculparlos. Ahora se encuentran prófugos.
Si la familia no hubiera fotografiado la escena del crimen, no conocería de la existencia de estas pruebas fundamentales, narró la madre de Abigail, Araceli Mondragón, quien durante toda la exposición sostuvo firme en la mano una imagen de su hija.
“Juegan con el dolor de uno, lucran con el dolor de las madres”, soltó Araceli, en alusión a la Procuraduría capitalina. Recordó que en los periódicos vio las fotografías de su hija asesinada y dijo que las autoridades filtraron datos sobre la investigación, cuando ella ni siquiera había tenido acceso a la indagatoria.
En el foro también participó Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Rivera Osorio, la joven de 22 años de edad asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017. En ese caso, la PGJ aseguró que se había suicidado con el cable del teléfono de la caseta donde se encontró su cuerpo.
La lucha de la familia y de las organizaciones civiles hizo que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenara, el pasado 18 de octubre, reclasificar el delito e investigar a Jorge Luis González (pareja de Lesvy) por feminicidio agravado.
“Se le está cayendo pedazos la versión a la PGJ”, dijo Araceli Osorio.
“Supimos que dimos un gran paso de tiempo (con la orden) porque el proceso aún es largo en comparación con lo que pasan otras familias”, agregó, y recordó que todos los días después del feminicidio, Jorge Luis estuvo a su lado: en el velorio de Lesvy y en las juntas con los abogados.
“Pudo estar ahí porque se nos negó la información”, ya que desde el inicio la PGJ tuvo los videos en los que se muestra cómo Lesvy discute con su pareja y éste la agrede, dijo.
Texto: Apro / Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
