14 marzo,2022 4:34 am

Familiares de víctimas de la guerra sucia piden a la Comisión para la Verdad investigar al Ejército

 En reunión en la capital, el director de Tlachinollan e integrante del Grupo de Expertos de la Comisión, expuso que desde 1970 los militares cometieron una serie de asesinatos y abusos que dejaron en las comunidades rastros de muerte, olvido, violencia e impunidad

Chilpancingo, Guerrero, 14 de marzo de 2022. Familiares de desaparecidos y víctimas de la llamada guerra sucia se reunieron con integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, a quienes les pidieron que se investigue al Ejército.

La reunión se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, en ella participaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac, integrantes de la Codehum, entre otros.

En su participación, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, también integrante de la Comisión de Expertos de la Comisión, expuso que desde aquellos años, de 1970, el Ejército cometió una serie de asesinatos y abusos.

Destacó que: “allá se ven los rastros de la muerte, del olvido, la violencia e impunidad, nunca se van a borrar esos rastros porque son cicatrices de un México adolorido y un Guerrero combativo”.

Abel Barrera Hernández externó que por eso es importante recuperar esa memoria intangible, “recuperar ese movimiento digno y mostrar al país que campesinos y estudiantes entregaron su vida para que ahora podamos transitar en condiciones más libres”.

Resaltó que ese “golpe de la bota militar” tiene que sacarse de las comunidades donde fueron afectadas las familias, por lo tanto, la Comisión de la Verdad tiene mucho trabajo.

Dijo que será necesario acercarse más a las comunidades y a los municipios donde está “la herida sangrante”, donde está el dolor creciente y el silencio profundo de la muerte.

“Estos mecanismos son un instrumento para poder reparar, recuperar la memoria, reivindicar la lucha y para colocar en el centro de esta comisión a ustedes a quienes han sido víctimas del Estado y que sufrieron la represión y a quienes a casi 50 años siguen con la frente en alto, ese corazón grande es lo que queremos recuperar para que esta Comisión de la Verdad pueda marchar con la bandera de la justicia y dignidad de las víctimas de la Guerra Sucia”.

Los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad expusieron a las familias y víctimas su plan de trabajo, en el que hablaron del Plan Especial de Reparación y Compensación, un comité para el impulso a la memoria y la búsqueda por patrones de las personas desaparecidas forzadamente.

El secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Félix Santana Ángeles fue el moderador, pidió a los asistentes que manifestaran su opinión respeto a lo que les plantearon, cuáles son sus expectativas en la Comisión y cómo podrían ayudar a enriquecer esas visiones.

Denuncias de familiares y víctimas

Uno de los sobrevivientes de 1970, Nicolás Catarino Vázquez, dijo que, “soy víctima directa”, e indicó que fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado en 1974, a los 18 años de edad, cuando terminaba la preparatoria.

“Quiero agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque si no fuera por él no estaríamos platicando y exponiendo nuestras demandas”.

Contó que fue detenido injustamente por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, “cuando estuve detenido me daban toques en la lengua (…) lo que yo quiero es que se haga la búsqueda de muchas personas que desde aquella época desaparecieron en la llamada guerra sucia”.

Además, solicitó que se lleve a cabo la reparación del daño de manera individual y colectiva, “mi caso ya está avanzado”, pero que se le siga dando el seguimiento, porque hay secuelas.

Trinidad Cuevas, quien participó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, contó que tuvo persecución por el Ejército y que fue desplazada de Jalisco en la guerra sucia; dos de sus hijos fueron desaparecidos.

Solicitó a la Comisión la difusión o presentación, porque está escribiendo un libro, “mi caso ya está en un expediente, tengo dos hijos desaparecidos, quienes también están en un expediente”.

La mujer lloró. Y dijo que no le gustaba revictimizarse, “disculpen la emoción porque hay heridas que no cierran y estamos en pie de lucha”.

Propusieron la creación de un museo similar al del Holocausto que está en la Ciudad de México, porque sería un instrumento para ver los agravios que la población sufrió en el periodo de la Guerra Sucia o una rotonda.

Angélica Gutiérrez, hija de un luchador social de 1970, dijo que desde hace muchos años han estado victimizadas y calladas, lo que les ha hecho mucho daño, “lo que quiero es que a los hijos de los líderes sociales se les ayude (…) para la creación de una memoria histórica”.

Propuso que, a través de actividades culturales, de capacitaciones y talleres se dé a conocer esta memoria histórica para la no repetición, “porque quiero que esto se acabe, lo que los hijos de los que mandan a detener sufren, ya no un México desunido más bien unido, con respeto y dignidad”.

En su participación, Moisés Campos Delgado, del Colectivo Esposas e Hijos de Desaparecidos, externó que hay instituciones que participaron directamente obedeciendo al régimen de esos años en la violación de los derechos humanos.

Dijo que una de las instituciones es el Ejército, “sigue intocable, ¿se abrirán los cuarteles, se dará acceso a los archivos de los militares?, es una tarea importante para llegar donde más se pueda, para saber dónde están los restos de nuestros desaparecidos y quiénes ordenaron”.

Campos Delgado destacó que el Ejército tiene que abrir sus cuarteles, “se debe de castigar a los responsables, cierto es que muchos ya murieron, pero se tiene que saber la verdad para ejemplo de la humanidad y que esto ya no se repita”.

Las instituciones no van a cubrir o convertirse en cómplice

Félix Santana Ángeles externó: “en un Estado democrático los crímenes de Estado no se resuelven, se esconden porque es el mismo aparato el que lo comete. Nosotros pertenecemos al gobierno que encabeza López Obrador en donde hay el compromiso de no cubrir a nadie”.

El secretario técnico de la Comisión sostuvo que las instituciones no van a cubrir o convertirse en cómplice, porque hay una instrucción del presidente de la República de que se avance en la solución de los casos.

Además, reconoció que no se va a resolver en dos años lo que lleva tan profundo 50 que han creado una tremenda herida en el país, “lo que nos toca es aportar porque es una revisión del pasado con una apuesta al futuro”.

Texto: María Avilez Rodríguez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero