Iguala, Guerrero, a 2 de junio de 2026.- A 13 años de la desaparición forzada de siete activistas de la Unidad Popular (UP) y la ejecución de tres, entre ellos de Arturo Hernández Cardona, su familia y la Red Solidaria Década contra la Impunidad exigen el reconocimiento de responsabilidad del Estado y el cumplimiento de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 30 de mayo se cumplieron 13 años de la desaparición y asesinato del fundador de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y dirigente de la Unidad Popular.
En este tiempo, su viuda Carolina Mena Marchán y sus hijas María Soledad, Reina y Carolina Hernández Mena, llevan exigiendo justicia sin obtener respuesta del Estado, se indica en un comunicado de prensa difundido este lunes por la Red Solidaria que les ha dado acompañamiento.
“La impunidad persiste. Por la autoría intelectual del crimen y su ejecución ha sido señalado por testigos (sobrevivientes) el ex presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Pese a encontrarse privado de su libertad, Abarca continúa impugnando su situación jurídica”, denuncian.
Exigen al Estado mexicano el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de los familiares y testigos sobrevivientes, quienes continúan siendo objeto de hostigamiento.
Asimismo, el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y “ejecución extrajudicial” de Arturo Hernández; así como la emisión del informe de fondo, que la CIDH proceda a emitirlo a la brevedad.
Reiteran, además, el exhorto al Estado para que asuma sus obligaciones convencionales: investigar con debida diligencia, sancionar a todos los responsables, garantizar reparación integral a las víctimas y adoptar medidas de no repetición.
En el comunicado se informa de los avances históricos ante la CIDH, luego de que en 2024 notificó a la Red Solidaria un avance procesal de gran relevancia en el caso 14/873: el expediente se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo.
Y es que el Estado mexicano no presentó sus observaciones dentro del plazo, lo que habilitó a la CIDH para debatir y pronunciarse sobre el fondo del caso, con base en la información del expediente.
Esta etapa, señala, representa un hito en la búsqueda de justicia que Carolina Mena y sus hijas han mantenido durante 13 años: “la CIDH podrá emitir un informe de fondo en el que determinará si el Estado mexicano es responsable internacional por la violación de los derechos humanos de Arturo Hernández Cardona y sus familiares”.
“La ejecución de Arturo Hernández, perpetrada como represalia por su activismo, constituye un crimen de Estado que continúa impune”, destaca el comunicado de la Red Solidaria mediante sus representantes Ericka Zamora y María Magdalena López Paulino.
Antecedentes del caso
El 30 de mayo de 2013, tras una protesta en la caseta de Iguala para exigir obra pública y fertilizantes al alcalde José Luis Abarca, ocurrió la desaparición forzada y posterior ejecución de Hernández Cardona, quien fue localizado el 3 de junio, en inmediaciones de la comunidad de Valerio Trujano, del municipio de Tepecoacuilco, a orilla de la carretera federal México-Acapulco, tramo a Chilpancingo, junto a sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román.
El 12 de mayo de 2023, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, sentenció a Abarca Velázquez a una pena de 92 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 920 mil 700 pesos de reparación del daño.
Pero en septiembre del año pasado, un tribunal federal otorgó una suspensión provisional al ex alcalde perredista, medida que impide que se ejecute la sentencia de 92 años y seis meses de prisión.
Aunque Abarca fue absuelto de dos cargos de delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa, sigue preso en el penal federal 18 de Ramos Arizpe, Coahuila, donde fue trasladado el 30 de abril de 2025, luego de que había permanecido desde su captura en noviembre de 2014 en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El 7 de abril del año pasado, el ex alcalde perredista José Luis Abarca también fue sentenciado a 20 años de prisión como autor intelectual del homicidio calificado cometido en 2013 en contra de quien era su síndico administrador, Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador Félix Salgado Macedonio.
Alejandro Guerrero
