
“Nosotros nos encontramos en la línea de fuego, ustedes vienen y se van, nosotros nos quedamos”, le reclamó un jefe de familia en la cancha techada de Guayameo al alcalde Gregorio Portillo Mendoza cuando éste les pidió que contaran su testimonio a los medios de comunicación.
Zirándaro, Guerrero, 23 de noviembre de 2019. Comunidades enteras abandonadas, donde quedaron casas con techos y paredes agujereadas a balazos, perros, pollos y chivos en los patios y corrales en espera de comida y de sus dueños, así como incontables familias desplazadas que expresan miedo, incertidumbre y el sentimiento de abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno, es el resultado de la violencia en la zona serrana del municipio de Zirándaro.
Pobladores de las comunidades de San Rafael, Los Alacranes y Guayameo, denunciaron éste viernes que sufren la violencia desde hace tres meses pero que se intensificó el 10 de noviembre cuando células del crimen organizado llegaron a cuando menos seis comunidades y en algunas de ellas sacó bajo fuego de metralla a sus habitantes, en otras les dio una hora a los pobladores para que salieran sin que se llevaran nada.
En algunos pueblos, como San Rafael, los pobladores se armaron, se atrincheraron e hicieron frente a los agresores. Desde entonces unos 120 hombres montan guardias a unos dos kilómetros en la entrada de la comunidad y mantienen acordonada la localidad con vigías en el monte ante el temor de un nuevo intento de irrupción.
La situación pudo verificarse durante un recorrido el viernes por la zona por una caravana integrada por reporteros de diferentes medios, el auxiliar de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), en la Tierra Caliente, Rubén Candía Silva, el presidente municipal Gregorio Portillo Mendoza, personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

Desde hace tres meses en esas seis localidades; San Rafael, Los Guajes, La Cañita, Los Alacranes, El Pino y La Parota del Cuartel, cerraron las escuelas de preescolar, primaria y secundaria y telebachillerato. Tampoco tienen servicio de salud porque los maestros, médicos y enfermeras abandonaron sus labores por miedo a la violencia.
De los resultados del tiroteo del 10 de noviembre, no existen datos oficiales debido a que la autoridad ministerial no acudió a practicar las diligencias de ley. El alcalde de Morena, Gregorio Portillo Mendoza, habló de un muerto y al menos 7 heridos porque dijo que fue lo que alcanzó a constatar; los heridos fueron atendidos en la cabecera municipal y el muerto era Felipe, un vecino de San Rafael.
Sin embargo, los pobladores y desplazados declararon que extraoficialmente saben que hubo 14 muertos, cifra que fue difícil de comprobar “porque ahora cada bando levanta y se lleva a sus muertos”, argumentó un vecino de San Rafael.
Tampoco hay una cifra real de familias desplazadas, el alcalde Portillo supone que suman más de 120 (más de mil personas) porque es el número que había en las comunidades que fueron abandonadas por completo, pero desconoce a dónde se fueron y donde se encuentran refugiadas la mayoría.
El comisario municipal de Guayameo, Abundio García García, informó que sólo en ese pueblo tiene registradas a 60 familias (aproximadamente 400 personas). Algunas de ellas se vieron concentradas este viernes en la cancha techada del pueblo, otras más están refugiadas en casas particulares y se rehusaron a hablar por miedo.
En uno de estos refugios, una familia que llegó huyendo les cerró la puerta al comisario municipal y al alcalde cuando llegaron para recabar sus datos.
Afuera, a unos 20 metros de la casa, una adolescente de unos 17 años llegaba acompañada de sus tres hermanitos menores de 10 años, con quienes cargaban despensas que recibieron del personal del Ayuntamiento.
De cara contra la pared y entre sollozos contó brevemente que a su padre lo mataron hace días, su madre se fue a buscar trabajo para mantenerlos y mientras tanto ella se quedó a cargo de sus tres hermanos.
Sin embargo, la mayoría se negó a hablar. “Nosotros nos encontramos en la línea de fuego, ustedes vienen y se van, nosotros nos quedamos”, le reclamó un jefe de familia en la cancha techada de Guayameo al alcalde Portillo Mendoza cuando éste les pidió que contaran su testimonio a los medios de comunicación.
En una reunión allí mismo, un trabajador del Ayuntamiento trató de convencer mediante el aparato de sonido a las familias desplazadas que contaran lo que vivieron y dieran sus datos como desplazados, “es fundamental que proporcionen sus datos cuando menos para que tengamos un registro para poder pedir apoyo a las autoridades, bien para que regresen a sus comunidades, para que reciban apoyo en lo que están desplazados o para que sean reubicados en algún lugar si ya no quieren regresar”, argumentó.
Uno de los desplazados pidió que cuando menos los apoyen con seguridad para que regresen a sus pueblos para recoger sus pertenencias y algunos de sus animales que dejaron y que se encuentran sin comer, “pero para eso necesitamos sus datos familia por familia y comunidad por comunidad”, insistió el alcalde.
Mientras tanto, en las comunidades abandonadas el panorama es deprimente. En Los Alacranes, que se encuentra a unas tres horas de Zirándaro y que se llega por una brecha de terracería y accidentada, los techos y pareces de las casas lucen agujeradas a balazos. Esta fue una de las localidades donde se centró el tiroteo el 10 de noviembre y que fue tomada por el grupo delincuencial.
En los patios los perros hambrientos merodean en busca de comida y en espera de sus dueños, pollos que aletean y cacarean encerrados en jaulas sin posibilidad de salir a buscar su alimento.
En esta comunidad de 33 viviendas, los efectivos de la Guardia Nacional que acompañaba a la caravana, encontraron a la salida del pueblo una de las casas que ya era ocupada por los sicarios que llegaron a desplazar a los habitantes. De ella se vieron salir a hombres que huyeron y se escondieron en los cerros cercanos.
Los efectivos de la Guardia Nacional entraron a la casa apuntando sus armas en distintas direcciones y en el interior encontraron cartuchos útiles, casacas y pantalones tipo militar, 4 Ipad, radios de comunicación y teléfonos celulares, así como agua caliente y comida recién hecha como para unas 7 personas.
En cambio en San Rafael, vecina de Los Alacranes, se encontró a un pueblo atrincherado. En la entrada, a unos 3 kilómetros de las primeras casas, hombres armados mantenían un retén y desde árboles y piedras apuntaban hacia la carretera. Allí el 10 de noviembre hicieron frente a integrantes del grupo delictivo que pretendió entrar a desalojarlos.
Desde entonces los aproximadamente 120 hombres adultos realizan guardas día y noche y acordonaron el pueblo con vigilantes en los cerros para prevenir un nuevo ataque. En este pueblo falleció Felipe, durante el enfrentamiento del 10 de noviembre, dos personas más resultaron lesionadas, contaron los vecinos.
Desconocen cuántos muertos hubo del grupo agresor, “pero de que hubo, hubo”, dijo un hombre que portaba una escopeta terciada al hombre, pero explicó que ahora cada quien levanta y se lleva a sus muertos”.
El comisario municipal, contó que aquí la situación es muy difícil y que la mayoría de las mujeres y niños se fueron del pueblo y sólo se quedaron los hombres adultos para proteger sus bienes.
Sin embargo, en las primeras casas decenas de mujeres recibieron a la caravana con pancartas en los brazos alzados reclamando apoyo a las autoridades. “Sr. Gobernador Astudillo necesitamos seguridad en nuestras comunidades. Tierra Caliente se está desangrando”, se leía en una de ellas.
Aquí, igual que en otras cinco localidades, desde hace tres meses se encuentran cerradas las escuelas de todos los niveles y tampoco cuentan con servicios de salud porque los médicos y enfermeras abandonaron la comunidad. Una ama de casa se quejó que partir del 10 de noviembre tampoco suben los carros repartidores de productos y las tiendas ya están desabastecidas.
A pasar de la situación de riesgo en que se encuentra, San Rafael también ha recibido a personas desplazadas de otras comunidades cercanas, una de ellas La Piedra, en donde la situación de violencia se agravó desde hace dos años desde cuando están cerradas las escuelas secundaria, primaria y preescolar, aseguró una vecina.
El comisario de San Rafael contó que el objetivo de los grupos de civiles armados es desplazar a los pobladores para quedarse con sus cosechas, sus casas, sus pertenencias, su ganado. Los pobladores acusan a un grupo que se autodenomina Carteles Unidos, y aseguran que han ubicado a Salvador Navarro, El Zarco quien encabeza a los pistoleros.
Reportes de las autoridades mencionan que esta es una zona de enfrentamientos entre la Familia Michoacana y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte el alcalde Portillo Mendoza, dijo que los grupos delictivos se disputan el territorio porque buscan utilizar a Zirándaro como sitio de refugio por su ubicación estratégica y debido a que por su geografía es difícil para las corporaciones la ubicación y persecución de estos grupos.
Durante la semana pasada mediante boletines y declaraciones del gobernador y mensajes vía Twitter del secretario de gobierno Florencio Salazar Adame, el gobierno estatal insistió que no había evidencia de los enfrentamientos, desplazados y muertos en esas comunidades, e informó de la presencia de un operativo de la Guardia Nacional, Policía Estatal y hasta de la Marina Armada de México para proteger a la población.
El operativo, sin embargo, se concretó en la cabecera municipal y se instalaron retenes y filtros de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal (pero no de la Marina) en las salidas de Zirándaro y en las carreteras asfaltadas que comunica de Zirándaro a Guayameo, así como de Zirándaro al entronque con la carretera que enlaza a Ciudad Altamirano con Zihuatanejo, pero no habían acudido a las comunidades que fueron azotadas por la violencia a partir del 10 de noviembre. En San Rafael se quejaron que ni si quiera habían acudido a verificar los resultados de los tiroteos.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
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https://suracapulco.mx/2019/11/23/crecieron-las-amenazas-en-su-contra-por-las-denuncias-que-hace-de-la-violencia-en-zirandaro-dice-el-alcalde/


