Texto: DPA y EFE / Fotos: EFE
Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 2018. El partido político creado por la ex guerrilla de las FARC reiteró hoy las denuncias contra el Gobierno colombiano en torno a un incumplimiento del acuerdo de paz y pidió al país que defienda la implementación de ese pacto, mientras que un alto funcionario estatal acusó a la ex guerrilla de no contar la verdad.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) citó en un comunicado los puntos del acuerdo que ha cumplido la otrora organización alzada en armas y aseguró que, por el contrario, el Gobierno y otras entidades estatales han hecho modificaciones al acuerdo.
La FARC recordó que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se concentraron en campamentos, dejaron las armas, entregaron el inventario de sus bienes, se comprometieron a acogerse a un mecanismo especial de justicia, pidieron perdón a sus víctimas y formaron un partido político.
“Del lado del Gobierno y el Estado colombiano no hemos recibido las mejores señales de cumplimiento. El texto del acuerdo firmado ha sido alterado en su esencia, a su paso por el Congreso y la Corte Constitucional; así como en varios decretos presidenciales que pretenden dar desarrollo al mismo; para no hablar de la reincorporación socio-económica que nunca despegó”, señaló la FARC.
El partido político de izquierda, fundado el año pasado, señaló que la situación más grave es la inseguridad jurídica de sus integrantes y puso como ejemplo el arresto de Seuxis Hernández, pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico.
Hernández, más conocido por el alias de “Jesús Santrich” que usó como guerrillero, fue detenido el 9 de abril y protagoniza una huelga de hambre en protesta por su arresto.
“Lo más grave de todo esto, es lo que viene ocurriendo con la seguridad jurídica, transformada ahora en amenaza permanente sobre la cabeza de los ex combatientes, con base en montajes urdidos desde la Fiscalía y las agencias norteamericanas, como es evidente en el caso de ‘Jesús Santrich'”, expresó la FARC.
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, exigió a las FARC el cumplimiento de sus compromisos con la verdad del país, en especial con lo referente a sus actividades ligadas al narcotráfico.
“Este proceso de paz será exitoso, no solo si nosotros como Gobierno, como Estado cumplimos los compromisos, sino también lo será si las FARC cumplen con todas sus obligaciones. Tienen que decir toda la verdad, y esa verdad que se pactó en el acuerdo incluye también el narcotráfico”, indicó Rivera.
“He escuchado mucho esta interpretación, de parte de las FARC, diciendo que ellos ya cumplieron y que el Gobierno no ha cumplido. Ellos deben decirnos toda la verdad, decirlo ante la JEP (Justicia Especial para la PAZ, tribunal creado en los acuerdos de paz) con consecuencias judiciales, restaurativas sí, transicionales sí, pero judiciales”, reiteró el funcionario.
El Consejo Político Nacional del partido de la FARC coincidió con recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo negociador del Gobierno y dijo temer que fracase el proceso de paz.
De la Calle argumentó que la negociación pudo haber sido un esfuerzo en vano ante la posibilidad de que el próximo jefe de Estado sea Iván Duque, el candidato del partido de derecha radical Centro Democrático en los comicios presidenciales del 27 de mayo, quien ha dicho que introducirá profundas modificaciones al acuerdo.
Asimismo, De la Calle dijo que las FARC “tampoco han dado el paso de mostrar empatía suficiente con los colombianos”, mientras que al Gobierno “le ha quedado grande la implementación” del pacto que se firmó en noviembre de 2016.
“Bien lo ha dicho el doctor Humberto De La Calle: ‘se están tirando (están dañando) la paz’, a lo que nosotros agregamos: hay que salir a defenderla. No podemos seguir en la pasividad, que solo le sirve a quienes aspiran a hacer regresar al país al pasado de la guerra”, concluyó el partido de la FARC.
Más de 440 líderes sociales colombianos piden a la CIDH medidas de protección
Un grupo de 445 líderes sociales de Colombia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares de protección que garanticen “el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en el país”, especialmente en zonas más afectadas por el conflicto.
Según explicó a EFE el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), hicieron esta solicitud, que tiene carácter urgente, porque la CIDH “ha demostrado eficacia en casos” similares y agregó que las medidas solicitadas “requieren una vigilancia”.
Asimismo, hacen que el Estado adquiera la “tarea de reforzar su atención sobre el problema”, por lo que se crea una “especie de cinturón de protección internacional”.
“La situación de Colombia es muy particular, pero en México se han presentado medidas muy similares a las que estamos pidiendo y en contextos incluso menos complejos, especialmente el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”, aseguró Cepeda antes de agregar que la CIDH encargó la creación de “un mecanismo de seguimiento similar” al que están pidiendo.
En el primer trimestre de este año, 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, lo que supone 26 más que en el mismo periodo de 2017, según un informe del programa Somos Defensores.
Esa misma organización publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que aseguraron que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017.
También aseguran que el asesinato de líderes sociales es “la piedra en el zapato” de la política de paz del Gobierno colombiano.
El estudio detalla que el año pasado “en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, antes de criticar la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.
Sin embargo, Santos dijo el pasado 14 de marzo que 160 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016.
En este sentido, la líder de la Unión Patriótica (UP) y senadora electa Aída Avella aseguró en rueda de prensa que “siguen existiendo listas para matar”, por lo que consideró que “no es casual” que exactamente golpeen a los dirigentes de las acciones comunales, los defensores (de derechos humanos) y a los reclamantes de tierras.
“Por eso estamos solicitando a la CIDH que proceda muy rápidamente para evitar un desangre parecido al que sucedió con los militantes de la UP en las décadas de 1980, 1990 y 2000”, comentó Avella en referencia al asesinato sistemático de miles de militantes de su partido durante esos años.
La senadora electa dijo que “no se necesita ser un detective de alto calado” para saber que detrás de los asesinatos de reclamantes de tierras “están los ocupantes de esas tierras”.
Con ella coincidió también Cepeda, quien consideró que “hay suficiente evidencia del perfil de las víctimas, de la distribución geográfica del hecho, las circunstancias y patrones que operan en cada caso” para considerar que hay sistematicidad en los asesinatos.
“Obviamente habrá situaciones individuales, más particulares, pero estamos ante un proceso que se viene incrementando”, aseguró.
