Texto: María Avilez Rodríguez / Foto: Jesús Guerrero
El gobierno del estado sólo investigó el 8% de crímenes contra las mujeres desde el 2014. En el resto de los casos, las instituciones de gobierno justifican que estuvieron implicadas con el crimen organizado, denuncia el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Chilpancingo, Guerrero, 21 de junio de 2018. Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informaron que de 2014 a 2017 ocurrieron 591 asesinatos de mujeres en Guerrero, de los cuales en 47 casos se inició una investigación como feminicidio; es decir que sólo se investigó el 8 por ciento, y el resto las instituciones de gobierno justifican que estuvieron implicadas con el crimen organizado.
A un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género los feminicidios en Guerrero van a la alza, indicó el Observatorio Ciudadano Nacional.
Este jueves en una sala de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el Observatorio Ciudadano presentó su informe en el que se indicó que se pedirá una segunda Alerta de Género por agravio comparado, que es cuando una legislación o una política pública es discriminatoria contra las mujeres.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2011 a 2016 se informó que la mayoría de las mujeres víctimas eran de 11 a 30 años de edad (67 casos); es decir, en edad reproductiva.
En cuanto al estado civil de las víctimas la mayoría (55) eran mujeres solteras; respecto a su ocupación, en su totalidad (68) eran trabajadoras, empleadas o profesionistas, y en cuanto escolaridad contaban con educación básica.
En 61 casos las mujeres fueron brutalmente asesinadas mediante estrangulamiento, envenenadas, decapitadas, asfixia, a golpes, quemaduras y arma blanca, sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública.
Una de las integrantes María de la Luz Estrada manifestó que los datos oficiales permiten identificar que las autoridades de Guerrero no están acreditando el delito, que minimiza la problemática al considerar que, “muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico”.
Dijo que ante la falta de acreditación del delito provoca la invisibilización de los feminicidios, al no investigarlos como tal. Les preocupa que al ser Guerrero un estado reconocido por su nivel de violencia y con un alto indicie de población indígena, la postura de las autoridades no sea congruente.
Manifestó que desde la fundación del OCNF en el 2007 únicamente recibió datos oficiales de Guerrero en 2012 y 2013 y fue hasta el informe de la AVG que se pudo conocer información de los asesinatos, feminicidios y algunas de sus características, sin que estas fueran desagregadas.
En Guerrero las autoridades afirmaron que muchos de los feminicidios estaban vinculados con el crimen y el narcotráfico y se dejó de investigar y los asesinatos quedaron en la impunidad.
Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, actualmente es el estado que menos acredita el delito, a pesar de que ONU Mujer lo ubicó en el segundo lugar de mayor asesinatos de mujeres en el 2016.
En 2017 Guerrero sólo acreditó 13 casos de feminicidios, y no es que disminuya, se debe a que no se investigan todos los casos ya que la mayoría lo relacionan a que las mujeres estaban vinculadas con la delincuencia.
María de la Luz Estrada dijo que respecto al protocolo de investigación de Guerrero que se emitió en el 2017 se especifica que: “toda muerte violenta de una mujer en el que se evidencia un componente sexual directo o simbólico debe considerarse un feminicidio”, lo que consideró que es una trampa porque si no tiene ese elemento el caso no se investiga.
Las integrantes del Observatorio Ciudadano dijeron que ante la omisión de las autoridades les hicieron un llamado para que a la brevedad la Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio; que se cree e implemente una unidad especializada de análisis y contexto, y que se vinculen a los Ministerios Públicos.
También que se actualice el protocolo de investigación del delito de feminicidio; que el estado cuente con un banco de datos actualizado y proporcione la información de manera completa y desagregada que permita generar políticas públicas de atención, prevención y sanción.
Pedirán una segunda alerta de género por agravio comparado
Informaron que el observatorio pedirá que en Guerrero se emita una segunda alerta de género por agravio comparado, sería el segundo estado que se solicitaría, la cual es cuando una legislación o una política pública es discriminatoria en contra de las mujeres.
Dijeron que hace un año acudieron a una capacitación con el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos para que implementaran la norma 046 que es la atención integral a las víctimas de violencia familiar y sexual.
En un apartado de la norma se indica que si una mujer fue violada se debe de dar la interrupción legal del embarazo sin que tenga que premiar la denuncia, es decir que si al sector Salud llega una mujer no le tienen que pedir la denuncia la deben de atender por la ley y notificar al Ministerio Público.
Recriminaron que la norma no se respeta porque tiene un candado que exige la denuncia, por lo que desde hace un año Carlos de la Peña Pintos les aseguró que promovería una iniciativa al Congreso local para que se quitará pero no cumplió, “es grave porque aborto por violación es la única causa permitida, es un derecho”, dijo María de la Luz Estrada.
Destacaron que la política pública es discriminatoria no hay un programa de atención a las mujeres víctimas de violencia ni de interrupción de embarazo.
Otra integrante Viridiana Gutiérrez informó que “hay una deficiencia para el cumplimiento de la sentencia que tiene Guerrero con la alerta de género a un año de que se emitió”.
Dio a conocer que una joven de 16 años fue violada, producto de ello está embarazada, por lo que acudieron al Ministerio Publico para denunciar y decir que no quiere tener el bebé, la agente del lugar le manifestó que si no lo quería tenerlo que se lo regalará.
Además acudieron con una médico para pedir que interrumpiera el embarazo para que aplicaran la norma 046, pero les dijo que no estaba a favor del aborto y consideró que había otros métodos como la adopción.
Viridiana Gutiérrez recriminó que pese a que la joven está en el marco de la legalidad porque fue violada no se aplican sus derechos como mujer.
