La secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, celebra que las reformas al reglamento de la CRAC castiguen la venta de menores y el matrimonio forzado
Chilpancingo, Guerrero, 14 de abril de 2023. Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le plantearon junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
