Las empresas se comprometieron a iniciar de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas, dice el primero de los cuatro puntos pactados. Se llamará a consulta para definir un sistema de reparto de utilidades justo y se exhorta a evitar prácticas como dar de baja masivamente a trabajadores en diciembre
Ciudad de México / El Sur, 10 de diciembre de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con representantes de la Iniciativa Privada y líderes sindicales un acuerdo en torno a la subcontratación (outsourcing), en el que empresas se comprometen a regularizar sus plantillas laborales e indicó que se le pedirá al Congreso aplazar la discusión de la iniciativa a febrero del siguiente año.
“Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso que nos espere, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida, a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue”, señaló el mandatario federal.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, informó en conferencia que el acuerdo contempla que el Gobierno federal y los empresarios se comprometen a resolver los “abusos” en la subcontratación de personal, por lo que las empresas deberán regularizar sus plantillas laborales, y que se definirá un esquema para un reparto de utilidades justo y equitativo.
El acuerdo, dijo, se integra de cuatro puntos.
“Primero. Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.
“Número dos, el esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido, en consecuencia se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa”, afirmó.
“Número tres. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse.
“Número cuatro. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
En este acuerdo, concluyó Alcalde Luján, se muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y todos en nuestro país.
A la firma del acuerdo acudieron Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM; Francisco Cervantes, de Concamin; José Manuel López Campos, de Concanaco; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios; Nathan Poplawsky Berry, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México; Álvaro García Pimentel, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y Vicente Yáñez, de la ANTAD, entre otros.
Afirma CCE que la nueva propuesta será “mucho mejor” que la original
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, celebró el convenio firmado con el gobierno federal y el sector obrero sobre el outsourcing o subcontratación, cuya propuesta será enviada a los legisladores hasta febrero del próximo año, pues afirmó que dicha versión es “mejor” que la que se planeó originalmente.
“Estoy seguro que la conclusión que presentará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en el mes de febrero será una mucho mejor propuesta de la que originalmente partimos; éste es un tema muy revisado, muy diagnosticado, muy discutido y estoy seguro que con todo esto vamos a llegar a conclusiones muy favorables para todos”.
Durante la firma del convenio en Palacio Nacional, el representante del organismo empresarial reiteró que pese a las diferencias, el punto de acuerdo siempre será en buscar el bienestar de los trabajadores y que estos reciban lo que les corresponde en reconocimiento a su esfuerzo.
Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, refirió que el convenio firmado tuvo la aceptación del sector obrero y llamó al sector empresarial a resolver las malas prácticas que se llevan a cabo a través de la subcontratación y alinearse al proyecto.
Banqueros de México, cien por ciento a favor del convenio
Si el outsourcing se prohíbe totalmente en el País, habrá un impacto negativo en el crédito porque se despedirá a una cantidad importante de trabajadores cuya mayoría tiene financiamiento de la banca, aseveró la Asociación de Bancos de México (ABM).
“Tendrá un impacto negativo en el crédito si se prohíbe totalmente (el outsourcing) y acabarán despidiendo a una cantidad importante de trabajadores”, indicó Luis Niño de Rivera, presidente del organismo, en conferencia de prensa.
“La ABM está 100 por ciento a favor de este convenio y 100 por ciento a favor de que la Ley de outsourcing, la nueva Ley de outsourcing permita esta práctica legítima y bien llevada, y todo lo demás se combata”, agregó.
Canacintra, CNA y Coparmex rechazan el acuerdo
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo que el presidente López Obrador firmó con representantes de la iniciativa privada y líderes sindicales.
“Canacintra, CNA y Coparmex declaran que la iniciativa del Ejecutivo federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.
“Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, expusieron los organismos empresariales en un comunicado en conjunto.
Ante ello, decidieron no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.
Por su parte, el presidente de la American Society en México, Larry Rubin, advirtió que si México no es cuidadoso en la regulación del outsourcing, las inversiones de empresas de Estados Unidos podrían migrar, pues el 92% de las firmas norteamericanas usan este esquema laboral de subcontratación porque en ese país es legal.
Texto: Redacción y Agencia Reforma
