Madrid, España, 21 de agosto de 2021. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció ayer que presentó un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la ex presidenta Jeanine Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que el requerimiento se presentó en base a “la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos”, que dejaron una veintena de muertos y un centenar de heridos. La Asamblea Legislativa anterior a las elecciones de octubre de 2020 ya había sugerido un juicio de responsabilidades contra la ex presidenta, actualmente en prisión preventiva.
El siguiente paso, según el fiscal, es que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) remita el requerimiento a conocimiento de la Asamblea Legislativa “a la mayor brevedad posible” para que dé luz verde al juicio, recogió el diario Página Siete.
El anuncio tiene lugar días después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que halló violaciones a los Derechos Humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata bajo el paraguas de un decreto que exoneraba de responsabilidad a las fuerzas de seguridad encargadas de “restablecer el orden”.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.
Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
Texto: Europa Press
