Un tribunal colegiado de Acapulco dio la razón a esa comunidad indígena del municipio de Malinaltepec contra la Secretaría de Economía que declaró esta área libre para la actividad minera. Autoridades agrarias dicen que el pueblo está muy contento y que seguirá luchando para defender su territorio.
Chilpancingo, Guerrero, 15 de noviembre de 2019. La comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, obtuvo una segunda resolución a su favor en defensa de su territorio y contra la minería, informaron ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México autoridades agrarias acompañados por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
Se trata del expediente 560/2017, mediante el cual el Juzgado Segundo del Tribunal Colegiado con sede en Acapulco, negó un recurso de revisión que la Secretaría de Economía y la Dirección de Minas habían solicitado en contra del amparo a favor de la comunidad expedido el 28 de junio del 2017 con el que se dio marcha atrás a la declaratoria de libertad de terreno que había decretado la Secretaría de Economía.
La conferencia de prensa se realizó ayer en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) encabezada por el abogado Vidulfo Rosales Sierra y las autoridades agrarias encabezadas por el ex comisariado de bienes comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado Solano.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar, quien ha dado seguimiento al caso, explicó en esa conferencia el proceso que han seguido desde el 2010 las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso para defender su territorio que se encuentra dentro de los 20 núcleos agrarios en los que el gobierno federal otorgó 44 concesiones a empresas mineras nacionales e internacionales en la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Concretamente en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, la minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining pretendía poner en marcha el proyecto minero Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, con el que pretendía extraer oro y plata en los municipios de Malinaltepec y Zapotitlán Tablas.
La primera sentencia de amparo contra las concesiones mineras en su territorio fue notificada el 12 de febrero de 2014. La impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a las empresas a desistirse de sus títulos de concesión, lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
Pero la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2015, una relación de declaratorias de Libertad de Terreno, con el folio 02/2015 “con motivo de la cancelación de las concesiones mineras correspondientes por aceptación del desistimiento debidamente formulado por sus titulares”.
Frente a este decreto la comunidad indígena interpuso un amparo el 11 de diciembre de 2015 en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo “por violentar su derecho colectivo a la consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
El 28 de junio de 2017 la jueza primera de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 a través de la cual San Miguel del Progreso obtuvo el amparo federal contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.
El fallo reconoce y garantiza los derechos colectivos de la comunidad y ordena a la Secretaría de Economía dejar “insubsistente” la Declaratoria de Libertad de Terrenos a favor de la comunidad y no de las empresas.
El abogado de Tlachinollan Vicario Aguilar informó que, sin embargo, la Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas se inconformaron e interpusieron un recurso de revisión en contra de la resolución de la jueza ante el Juzgado Segundo del Tribunal Colegiado de Acapulco, mismo que resolvió mediante el expediente 560/2017 y confirmó la resolución del Juzgado Primero de Distrito.
El abogado declaró que con esta resolución “queda firme” el amparo a favor de la comunidad de San Miguel del Progreso. “Con esta segunda resolución se confirma el amparo que había ganado la comunidad en 2017”, recalcó.
El abogado Rosales Sierra celebró este nuevo triunfo de la comunidad de San Miguel del Progreso, porque sus habitantes tienen la posesión ancestral de la tierra “y este es un punto muy importante por el que se resolvió a su favor esta resolución”, dijo. Valerio Amado declaró por su parte que: “El pueblo está muy contento porque se ganaron sus derechos” y adelantó que seguirán luchando y organizándose si es necesario, para seguir defendiendo su territorio, pues dijo que desde los jóvenes hasta los adultos no están de acuerdo en ceder los derechos que les corresponden”.
El comisariado de Bienes Comunales Crescencio Amado Solano, informó que aunque hayan ganado nuevamente ante los tribunales, la gente de ese pueblo va a continuar alerta y reuniéndose en asambleas para continuar en pie de lucha junto con el CRAADT que aglutina al resto de las comunidades que enfrentan el mismo problema.
En la misma conferencia de prensa el investigador Edmundo del Pozo Martínez expresó que es importante este tipo de fallos porque pueden funcionar para otros tipos de leyes para proteger a los pueblos”.
Por su parte la indigenista y catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional, Magdalena Gómez, dijo: “Hoy podemos hablar de un precedente que significa una lección en términos del reto que tiene el Poder Judicial de realmente aplicar la justicia, de aplicar el derecho”, pero que “lamentablemente, por excepción se hace justicia hacia los pueblos indígenas”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres /Archivo
