Chilpancingo, Guerrero, a 2 de julio de 2026.- Funcionarios y consejeros estatales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informaron que la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios está señalada en el libro segundo de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que ya se encuentra en un proceso de consulta en el país.
En conferencia de prensa sobre la aplicación de la consulta en Guerrero, el consejero del pueblo amuzgo, Guillermo Rosendo Martínez, dijo que a partir de este apartado las comunidades pueden tener sistemas adecuados a sus necesidades, como el Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que exige reconocimiento legal.
Aseguró que el gobierno federal tiene la voluntad política para tomar en cuenta a todas las opiniones.
La coordinadora General de Fomento a la Economía Indígena del INPI, Erika Poblano Sánchez, enviada de oficinas centrales, indicó que esta consulta tiene antecedentes en otro ejercicio participativo que se realizó en 2019, con un esquema de foros informativos y deliberativos, que permitió la reforma del artículo segundo constitucional, aprobada en septiembre de 2024.
Señaló que con la reforma constitucional se creó el catálogo de comunidades, donde están señaladas mil 756 comunidades indígenas y afromexicanas en Guerrero que se van a recorrer para distribuir a las autoridades una copia de la propuesta, junto un cuadernillo explicativo ilustrado.
Señaló que esperan que en las comunidades se vaya consolidando las propuestas que se llevarán a la siguiente etapa deliberativa, intercambio de opiniones, las cuales se van a sistematizar para dar punto final al documento que la presidencia va a enviar a la Cámara de diputados.
El representante del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero informó que habrá 148 asambleas (foros regionales) en el país, cinco en Guerrero.
Señaló que el 28 de agosto se realizarán de manera simultánea los foros en Chilpancingo, para los nahuas, y en Tlapa para los pueblos na savi (mixtecos) y Me’phaa (tlapanecos).
El 29 de agosto las asambleas serán en Tlacoachistlahuaca para los pueblos ñomndaa (amuzgos) y nasavi; en Tlacoapa para los pueblos Me’phaa, y en Marquelia para los pueblos afromexicanos, además de un foro en Acapulco para las comunidades migrantes.
Reconocieron que siempre se ha cuestionado el poco tiempo para revisar las propuestas de reforma para la consultas a los pueblos indígenas, y las asambleas “simbólicas”, dijo el consejero Guillermo Rosendo. Consideró que hoy, tiene la oportuna de hacer una convocatoria más amplia e informada.
Señaló que este borrador de la propuesta de ley fue elaborado por investigadores y especialistas en derecho indígena, y en ocho sesiones intensas de revisión, participó una comisión del INPI, y el resultado fue revisado por las áreas jurídicas de diferentes dependencias, en los temas afines a sus funciones.
Por separado, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), realizó las observaciones a la Ley Indígena que presentó como diez puntos críticos de la propuesta de Ley General (LGDPIYA) y reprocha que todo el proceso quede en Segob e INPI y que hay una justicia limitada.
Señala que hay autonomía “otorgada” no reconocida, porque el reconocimiento como sujeto de derecho público depende del aval del INPI: la autonomía se condiciona a un trámite estatal.
Areas estratégicas sin definir, en el que el Estado se reserva qué recursos naturales puede explotar sin consulta; el Estado decide si hay consulta, son el INPI y Segob quienes emiten el dictamen de improcedencia. “Es el Estado (No el pueblo) quien decide si procede consultar.
También que el Estado define el “impacto significativo”, no es por la comunidad, es decir es una definición restrictiva permanente e irreversible calificada por un órgano técnico estatal no por la comunidad.
Además de interés público sobre el consentimiento, consulta sin poder de decisión, privilegio al sector energético, derechos sin presupuesto, fragmentación normativa, poder centralizado y justicia limitada.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
