Gasto en publicidad oficial durante el sexenio de AMLO
La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó con la promesa de una transformación
profunda en las políticas públicas, incluyendo un cambio significativo en la relación entre el gobierno y
los medios de comunicación. Uno de los temas centrales era la regulación de la publicidad oficial, un recurso
utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación.
Sin embargo, a más de cinco años de iniciado su mandato, la falta de avances en esta materia
es una asignatura pendiente que ha generado preocupación entre personas defensoras de la libertad de
prensa y transparencia.
Desde el inicio de su campaña, López Obrador criticó duramente el gasto excesivo y la falta de transparencia
en la asignación de publicidad oficial por administraciones anteriores. Su discurso se centró en la
necesidad de reducir en un 50% el gasto ejercido por Enrique Peña Nieto (EPN), y en aplicar criterios justos
y equitativos en su distribución.
A pesar de estas propuestas, los avances en la regulación de la publicidad oficial han sido mínimos. El
presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido
que la distribución siga siendo discrecional. Desde ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica y
Fundar, Centro de Análisis e Investigación hemos señalado que el gasto en publicidad oficial sigue careciendo
de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, lo que perpetúa el riesgo de que estos
recursos se utilicen para premiar o castigar a medios de comunicación según su cobertura de las
actividades gubernamentales.
Uno de los problemas más destacados es la ausencia de una ley que regule de manera integral la publicidad
oficial. Aunque en 2018 se aprobó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), ésta ha sido ampliamente
criticada por su ineficacia para garantizar la equidad y la transparencia. Esta ley ha sido
calificada como un esfuerzo insuficiente para controlar el uso de recursos públicos en este ámbito, y permite
que el gobierno mantenga un control considerable sobre la prensa a través de la distribución de contratos
de publicidad.
