Texto y fotos: DPA
Madrid, España, 23 de mayo de 2018. Teresa Sarmiento tiene 68 años y una notificación que le quita el sueño. “Me dicen que me tengo que ir de mi casa como tarde el 1 de junio”, explica a DPA en el pequeño y destartalado piso de Madrid en el que vive de alquiler desde hace 20 años.
Los nuevos propietarios del edificio en el que se ubica, en el céntrico y multicultural barrio de Lavapiés, quieren reformarlo y alquilar los pisos “a precio de mercado”. Por eso, la empresa insta a los vecinos, algunos octogenarios, a desalojar sus viviendas.
“Dijeron: ‘Este edificio ya no es para pobres'”, relata Teresa, quien actualmente paga 335 euros al mes de alquiler, una cuantía que está muy por debajo de la media de la zona. “Nosotros sabemos que estas casas son una perita en dulce, porque están muy bien situadas y el barrio está de moda, pero no nos pueden echar así como así”.
El de Teresa y sus vecinos no es un caso aislado. Otros inquilinos del centro de grandes ciudades como Madrid y Barcelona denuncian presiones por parte de propietarios particulares y de empresas para dejar sus pisos, así como subidas desproporcionadas del alquiler.
Esto da lugar a lo que se denomina “desalojos invisibles”. Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), constituyen el 80% de los que tienen lugar en Barcelona.
Lo habitual es que los dueños busquen sacar una mayor rentabilidad a sus pisos alquilándolos por un importe mayor, en medio de una subida generalizada de los precios, o dedicándolos al turismo en el marco de lo que ya se vislumbra como una “burbuja” del alquiler en España.
“Si me echan de aquí, no tengo plan B”, dice Teresa muy seria. “Con mi pensión (de 369 euros) no puedo pagar un alquiler normal. Y no sólo eso: además de la casa, me quitan la parte social. Aquí tengo a mi gente”, lamenta sentada en una butaca de su habitación, rodeada de cachivaches e iluminada por un rayo de sol que entra a la estancia por su vieja ventana de madera, abierta de par en par.
El problema en el acceso a la vivienda se produce principalmente en grandes capitales como Madrid y Barcelona y en zonas turísticas, donde el artículo 47 de la Constitución española, que garantiza el acceso a una vivienda “digna y adecuada”, queda así en entredicho.
Algunos ayuntamientos como el de la capital española, el de Barcelona o el de Palma de Mallorca han dado ya los primeros pasos para tratar de frenar la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico, que restan opciones a los residentes. La última en sumarse a esta batalla ha sido esta semana la región turística de Canarias.
Con normas más estrictas, Madrid prevé que el 95% de los pisos que hoy están dirigidos a turistas sean ilegalizados. Barcelona, que detectó unas 6 mil viviendas turísticas ilegales recientemente, es la primera ciudad que puso una importante multa a la plataforma de alquiler turístico Airbnb, de 600 mil euros.
“Estamos ante una emergencia habitacional”, explicaba este fin de semana al canal privado La Sexta, Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. “No puede ser que una persona reciba una carta donde le digan que, o paga el doble de alquiler, o le echan de su casa”, añadió en una entrevista.
Sin embargo, desde el sindicato advierten de que el alquiler turístico no es el único motivo de la crisis de vivienda que sufre en este momento el país. La especulación tiene también un papel clave, especialmente cuando detrás hay fondos de inversión.
“Los pisos turísticos sólo son la punta del iceberg del problema. Estamos en una burbuja que está asfixiando y expulsando de sus casas a miles de personas. Una burbuja políticamente cocinada y que tiene responsables”, explicaba Palomera señalando al Gobierno.
El Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy niega que pueda repetirse en España la “burbuja” inmobiliaria que explotó en 2008 en el marco de la crisis económica tras años de supuesta bonanza y desarrollo del sector del ladrillo, que dejó sin empleo a miles de albañiles.
“Estamos explorando opciones para favorecer que los precios bajen porque hay muchas viviendas que se pueden poner en el mercado. Evaluamos alternativas para seguir legislando para conseguir esa moderación”, dijo recientemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien descartó “establecer un límite al precio del alquiler”.
Éste creció en el último año más de un 18% y, sólo en el primer trimestre de este año, el incremento fue del 8.8%, según datos del portal inmobiliario Idealista.
En la actualidad, ahorrar el dinero que cuesta una vivienda es prácticamente imposible para un trabajador humilde a día de hoy y acceder a una hipoteca es cada vez más difícil, por lo que la opción de alquilar suma adeptos en un país que tradicionalmente ha optado por comprar.
Más del 75% de la población española tiene una vivienda en propiedad, según datos de Eurostat, y la idea de que “alquilar es tirar el dinero ha estado muy arraigada en el país” durante décadas.
Ahora, en las grandes ciudades se forman filas para visitar un piso en alquiler, aunque los elevados precios están disuadiendo a los más humildes. Y algunos, como Teresa, no tienen “plan B”.
