La Sedena niega documentos sobre la desaparición de los normalistas en Iguala y ordenó “dar como respuesta que no hay más información” que entregar, aunque “tenemos la prueba de que sí existe”, dicen los expertos de la CIDH. Podría llevar a que nunca se sepa la verdad, advierten Ángela Buitrago y Carlos Beristain.Proponen que se investigue a quienes obstaculizan la investigación
Ciudad de México, 1 de abril de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene oculta y reservada información sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que fueron objeto de desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre de 2014, situación de la que está al tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la presentación del “Informe 5. Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa. A ocho años y medio del caso”, al exponer el desarrollo de la investigación independiente realizada por los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Carlos Martín Beristain afirmó que se han topado con “un techo de cristal y un agujero negro” en lo que se refiere a la información relativa al Ejército.
Externó que la orden de no proporcionar más información provino del Estado Mayor mediante un documento con fecha del segundo semestre de 2022, una decisión que calificó de “delicada” porque la falta de información del Ejército podría llevar a que nunca se sepa la verdad de lo ocurrido con los 43.
Añadió que de instancias como el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de la Sedena “se nos ha entregado parte de la información, otra parte no. Calculamos que hay como 80 o 90 documentos que son muy relevantes. Pedazos de conversaciones” entre posibles perpetradores.
“Sabemos que esa información es más amplia. Hemos tenido acceso a documentos de una decisión interna de no proporcionar más esa información, de dar como respuesta que no hay más. El GIEI tiene un documento que muestra eso. Y es inaceptable.
“Sabemos qué información fue llevada a otro lugar, sabemos qué lugar, hemos informado al presidente de esas circunstancias, y la respuesta que se nos ha dado es que eso no es cierto y que quien esté dando esa información habría que investigarlo”.
En la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, donde tuvo lugar la presentación del informe del GIEI este viernes, Beristain mencionó que saben que se le ha negado información a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UILCA), información “que incluso tanto la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) como el GIEI teníamos y habíamos obtenido en la revisión de los archivos”.
Beristain agregó que, según un documento al que tuvieron acceso, el Estado Mayor ordenó dar una información “acordada” entre las dependencias investigadas por su presunta participación en el caso. “Nos parece delicado, porque lo que estamos pidiendo es una respuesta de cuál es la verdad sobre las cosas, no sobre cuáles son las verdades acordadas”, manifestó.
Relató que han tenido “varias reuniones con el presidente diciendo que se necesita que la información no sea ocultada, que la información se proporcione a las autoridades para que pueda haber una investigación efectiva y también hemos dicho a la Fiscalía que hay que investigar a quienes están obstaculizando la investigación”.
Sin información no habrá solución
“Desde que el GIEI volvió al país hablamos con el presidente de la necesidad de tener acceso a esta información. Hubo la orden de hacer la apertura de esos archivos. Desde hace dos años el GIEI ha tenido un conocimiento parcial de la información en los archivos y también de la información que no se ha dado y que sí está en los archivos”, recalcó Beristain.
“Es muy importante porque lo que muestra es que hay más información (de la Sedena). Sabemos en qué tipo de documentos está. Sabemos al menos algunos de los lugares en los que estaba esa información y no se ha proporcionado, se ha negado que exista”, insistió.
“Para nosotros –continuó el ex asesor en comisiones de la verdad de Perú, Guatemala, Ecuador y Paraguay– sí es grave porque la verdad es el punto fundamental para que este caso se pueda resolver. Con ocultamientos de información o con respuestas que no correspondan a la realidad no va a haber una resolución”.
Por ejemplo, dijo, “ya teníamos información de que había habido una investigación interna de Sedena que había llevado a sanciones hacia dos personas que ahora están inculpadas, pero ahora tenemos más información de que hubo una investigación interna de parte de la justicia penal militar y que hubo numerosas declaraciones”. Pero no se ha tenido acceso a esas declaraciones “ni se ha reconocido ninguna información sobre eso, y sabemos que existe.
“También sabemos que existe información sobre interceptaciones telefónicas a través de los sistemas de intervención y vigilancia de las comunicaciones. Sabemos que se ha hecho análisis de esa investigación y la respuesta de Sedena es que no existe más información, que Sedena no hace ese tipo de interceptaciones y no tiene ese tipo de información técnica”, detalló.
“Tenemos la prueba de que sí existe”, enfatizó. “Nuestra única intención es tener una respuesta a madres y padres sobre el caso y dar una respuesta también a la orden de acceso a los archivos”.
Señalados siguen en el CNI
“Estamos denunciando lo que está sucediendo: es muy difícil para nosotros también entender que se están cerrando caminos y se están cerrando opciones”, lamentó Ángela María Buitrago, la otra integrante del GIEI que participó en la presentación del informe.
En su turno, la doctora en derecho mostró un documento del CRFI de la Sedena con información técnica de monitoreos o seguimientos a conversaciones, fechado el 15 de octubre de 2014 en Iguala, dirigida al CMTE IX en Cumbres del Llano, es decir al comandante de la Novena Region Militar. En la parte superior se lee “Secreto” y dice “que se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos con presencia en Iguala, Guerrero”.
El oficio mostraría, explicó Buitrago, las interceptaciones de la Sedena desde aquella época. “Estos documentos no sólo fueron recabados por el GIEI, sino también algunos fueron puestos a disposición por Sedena en enero de 2021”.
Comentó que “mientras la situación de los familiares, sus demandas, empeños, nos han traído hasta aquí y nos mantienen aquí, también debemos de decir que la frustración, el cansancio, necesitan respuestas claras y un compromiso efectivo”.
Uno de los varios obstáculos que han enfrentado, expuso, “tiene que ver con la demora en los tiempos de los procesos tanto judiciales como de fiscalía”.
En este sentido, abundó, detectaron como obstáculo “una intención de violación de la independencia de la UILCA”, para lograr bajar y revocar órdenes de captura. “Esas intromisiones hacen perder autonomía de la Fiscalía”, destacó.
A lo dicho por Beristain de que hay elementos para reactivar las 21 órdenes de aprehensión dictadas contra posibles culpables, incluidos 16 militares, y canceladas repentinamente en septiembre pasado, Buitrago agregó que “sin lugar a dudas, se bajaron las órdenes de captura por una intervención de un tercero”.
Asimismo, alertó que “se ha tratado de limitar el acceso del GIEI a algunos testigos y el levantamiento de nuevas declaraciones y se corre el riesgo de alargar los procesos y no usar la información que ya se ha acumulado”.
La abogada colombiana puntualizó que no se han realizado capturas de funcionarios “que siguen trabajando en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia). Esas capturas se liberaron desde hace más de seis meses. Esas personas que fueron investigadas por la UILCA, que fueron parte de las que produjeron las torturas y presuntamente son responsables de esos hechos, no han sido capturadas a pesar de estar identificadas, ubicadas y en cargos públicos”.
Murillo Karam, Zerón y los que faltan
Buitrago y Beristain tocaron el tema de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) prófugo en Israel, y de otros involucrados en el caso Ayotzinapa que escaparon de la justicia en México.
“Se ha generado la posibilidad de acercarse a las autoridades estadunidenses para lograr por parte del presidente de la Covaj (Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación) traer a las personas que están asiladas o refugiadas en Estados Unidos para poder hacer cumplir las órdenes de captura. Sin embargo no se ha podido, salvo el caso de un jefe de policía de Iguala en la época de los hechos, cuya deportación fue ordenada a principios de este año y entregado a las autoridades”, resumió.
Los integrantes del GIEI confirmaron que se han efectuado “varias” reuniones entre autoridades mexicanas y Zerón de Lucio en Israel, pero falta concretar la orden de aprehensión en su contra.
“Es importante su extradición al país, que vuelva y que dé cuentas, un alto funcionario público tiene que dar cuentas de su participación, de lo que sabe, de lo que hizo, de lo que se le acusa, tiene que dar cuentas sobre eso”, subrayó Beristain.
“Sabemos que se han hecho varias reuniones en Israel, va a haber una próxima reunión, sin embargo estamos generando la solicitud de la materialización efectiva en este caso particular. Es una persona que no sólo conoció los hechos sino que también participó frente a actividades y diligencias que fueron técnicamente falseadas y que llevaron a los primeros momentos de la historia de Ayotzinapa”, recordó Buitrago.
De la judicialización del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, la abogada afirmó que “se ha consolidado. Estamos en la consecución también de aclarar que en el proceso en que se habían librado las 83 órdenes de captura y en las cuales se pidió revocar 21, hay elementos suficientes que el GIEI ha reconducido para que la FGR (Fiscalía General de la República) vuelva a pedir esas órdenes de captura”.
Insistió en que “sí hay documentación, prueba testimonial y evidencia sobre muchas de estas personas en las que se revocó la orden de captura en agosto y septiembre de 2022”.
Tampoco se ha llevado a cabo la ejecución de todas las órdenes de captura que se liberaron, reiteró. Muchas de esas personas “siguen siendo funcionarios públicos y, sin embargo, no se les ha hecho efectiva la orden de captura estando en los cargos públicos”.
“Estamos en un momento clave”
Carlos Beristain anunció que el trabajo del GIEI se prolongará hasta el 10 de junio próximo. “Estamos en un momento clave. Es un momento de los techos de cristal y los agujeros negros en el trabajo. Los techos de cristal porque hemos llevado avances significativos, y también agujeros negros de lugares donde la información desaparece, que no se conoce, se oculta (…) Somos conscientes de las frustraciones en el camino y de la importancia de seguir empujando hacia esa dirección”.
Se han hecho varias reuniones de la Covaj con participación de los familiares, sus representantes y Naciones Unidas, contó. “Es un paso importante que puede permitir seguir empujando en la dirección de tener la verdad”.
Se refirió a los jóvenes desaparecidos de quienes se ha identificado evidencia forense. “Tenemos la evidencia de que los jóvenes estuvieron vivos por lo menos hasta la una de la mañana. Se han encontrado restos de tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
“Sabemos que la decisión de la desaparición se tomó a mitad de esa noche. El proceso de búsqueda sigue y nosotros hemos acompañado los esfuerzos de la Covaj, de la fiscalía y de las familias, madres y padres, para buscar más información”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: El Sur
