23 mayo,2023 9:06 am

Giran orden de captura contra 60 servidores públicos y empresarios ligados a García Luna

Los sospechosos están acusados de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Entre ellos están los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto

Ciudad de México, 23 de mayo de 2023. Un juzgado de control libró una nueva orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estado Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también fueron girados mandamientos judiciales en contra de 60 personas, entre servidores públicos y particulares, quienes presuntamente actuaron en complicidad con el ex funcionario, entre ellos los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Los sospechosos son acusados de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP (2006-2012), los involucrados sustrajeron de manera indebida recursos públicos de los penales federales.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro ‘G’, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, señaló.

García Luna enfrenta otras tres órdenes de aprehensión, una por enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos; una más por tráfico de armas, ya que presuntamente permitió la implementación del operativo “Rápido y Furioso” y, la tercera, por haber otorgado concesiones de penales federales en condiciones de desventaja para el Estado.

El pasado 22 de febrero, un jurado en Estados Unidos declaró a García Luna culpable de los cinco delitos por los que fue acusado en la corte federal de Brooklyn, cuatro de ellos relacionados con haberle dado protección al Cártel de Sinaloa durante 12 años.

El ex mando policiaco, quien está preso desde diciembre de 2019, espera que se le dicte sentencia, la cual, por la gravedad de los delitos imputados, podría incluso alcanzar la cadena perpetua, por lo que difícilmente volverá a México.

La FGR indicó que para los demás implicados ya solicitó a Interpol una ficha roja para que puedan ser ubicados y, eventualmente, detenidos con fines de extradición.

La UIF señala a ex colaboradora de García Luna por la firma de contratos por un 71.6 mdd

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), achacó a Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y actual funcionaria judicial, la firma de contratos sospechosos por un monto de 71.6 millones de dólares.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el viernes pasado aseveró que la presidenta de la Corte, Norma Piña, contrató a Vargas en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Gómez detalló los montos que cada funcionario firmó en la “trama de corrupción” de García Luna durante dos sexenios.

Reiteró que funcionaria figura como firmante en contratos millonarios de la extinta Policía Federal, que fueron denunciados por la UIF y son investigados la Fiscalía General de la República (FGR).

“De La Policía Federal, en el periodo de (Felipe) Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos”, señaló.

“Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”.

El pasado viernes, López Obrador acusó que la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, contrató a Vargas como directora de la coordinación de Administración del CJF, el 1 de abril de 2023.

Sin embargo, fuentes judiciales informaron que el nombramiento de Vargas lo hizo la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y fue aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano, en la que no participa Piña.

Vargas fue directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la extinta PF y ahora  se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México.

Texto: Staff / Agencia Reforma