Con disciplina y austeridad se redujo la deuda histórica en 62.1%, informa el titular de Finanzas Raymundo Segura. Critican diputados de la oposición la falta de seguro contra desastres naturales y la dependencia financiera del gobierno federal; advierten además sobre los efectos negativos de la caída de remesas
Chilpancingo, Guerrero, 25 de noviembre de 2025. En su comparencia ante el pleno del Congreso local, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, evitó dar datos concretos sobre los problemas de los desplazados, desapariciones e índices de violencia solicitados por la oposición.
Uno de los pocos datos que dio al pleno del Congreso fue el de la reducción de 70 por ciento de bloqueos de carreteras en Acapulco y Chilpancingo.
Ante los cuestionamientos reiterados del PAN, PRI y PRD sobre la situación de los desplazados y la seguridad, López Vega se limitó a responder que hay atención interinstitucional y con el gobierno federal para dichos problemas y prometió a los diputados hacerles llegar más datos con posterioridad.
Este lunes, López Vega acudió a comparecer ante el pleno del Congreso, como parte de la glosa del cuarto informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en medio de felicitaciones morenistas y aliados que al llegar al recinto la recibieron con abrazos y aplausos de funcionarios estatales que desde las graderías acompañaron a la funcionaria estatal.
En su mensaje ante los diputados, la responsable de “la política interna mencionó que la gobernabilidad en Guerrero se ha sostenido a partir del diálogo con sectores productivos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y autoridades tradicionales en las regiones del estado”, con quienes se articularon rutas de solución.
Afirmó que muchas de las intervenciones realizadas con grupos sociales fueron “silenciosas”, que no se hicieron públicas, “pero han permitido evitar que los conflictos escalen y que la ciudadanía se sienta escuchada”.
López Vega destacó que la atención temprana a las demandas sociales se ha realizado sin represión, sin exclusiones y dentro del marco legal, y que eso ha permitido la reducción de bloqueos, sobre todo en Chilpancingo y Acapulco.
“El resultado de este trabajo, muchas veces silencioso, constante y técnico, es uno de los avances más significativos que tenemos de este último año, una reducción del 70 por ciento de bloqueos espontáneos en zonas urbanas, particularmente en Acapulco y Chilpancingo”.
La funcionaria estatal no informó sobre algún otro dato relevante de su dependencia, y los 15 minutos que duró su mensaje repitió en varias ocasiones, con distintas palabras y frases que hay gobernabilidad, que el gobierno estatal le apuesta al diálogo, a la presencia institucional y a una buena relación con distintos sectores de la población para consolidar la paz.
Sobre la seguridad, sin ofrecer algún dato o cifra, López Vega contó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz sesiona todos los días, con la participación de autoridades estatales, federales, municipales, fuerzas de seguridad, instituciones de procuración de justicia y representantes de áreas sociales que inciden en la prevención de conflictos.
Aseguró que por esa coordinación actúan con mayor rapidez, coordinación y precisión para atender los temas de seguridad y “fortalecer la presencia del estado en todas las regiones, entendiendo que cada territorio tiene dinámicas distintas que cada comunidad necesita soluciones acordes a su propia realidad”.
Desplazados
En la ronda de preguntas, la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, cuestionó la atención del gobierno estatal a las familias desplazadas y dijo que de acuerdo con el informe de la dependencia, hay 856 desplazados en el estado, principalmente de los municipios de Chilapa, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, a quienes les entregaron 2 mil 056 paquetes alimentarios.
“Señora secretaria, con todo respeto, una despensa no devuelve la paz, una despensa no te devuelve a tu hogar, una despensa no te devuelve a tu tierra”.
La diputada señaló que la alimentación es una “atención mínima humanitaria”, pero no resuelve el desplazamiento y le pidió que ampliara la información sobre 8 mil 353 asesorías jurídicas y psicológicas plasmada en el documento.
“La gobernabilidad de la que hablan, no existe para esas 856 personas que no pueden volver a su casa. Necesitamos una estrategia de seguridad y retorno seguro que vaya más allá de la asistencia social”.
En respuesta, López Vega explicó que el desplazamiento es uno de los temas de “mayor sensibilidad”, por ello implementa-ron “acciones concretas” sin intermediarios y repitió la entrega de los 2 mil 56 paquetes alimentarios a desplazados.
Aseguró que la entrega de estos paquetes es permanente y continua, además de atender “desde todos los puntos de vista” a los desplazados.
Afirmó que se da acompaña-miento en seguridad, atención psicológica, jurídica y precisó que muchos de los desplazados “no necesariamente requieren que el gobierno les establezca unas despensas o domicilio”.
Argumentó que muchos se van con familiares a Chilpancingo, Iguala, Acapulco u otros municipios del estado o del país, porque “se sienten más seguros allá”, pero a pesar de eso tratan de acercar y garantizar todos los servicios básicos a quien lo requiera.
“Damos atención integral, quiero manifestarles que no todas las personas aún estando en desplazamiento desean regresar, ni desean estar en Guerrero y donde estén les atendemos”.
Montiel Servín pidió al gobierno estatal una política integral que atienda y garantice el retorno seguro a los desplazados y señaló que su responsabilidad es regresar a las familias a casa con seguridad.
Sobre el mismo problema, el perredista Robell Urióstegui Patiño preguntó el número de desplazados que retornaron a su lugares de origen y el presupuesto destinado para atender las víctimas.
Ante el cuestionamiento, López Vega no dio una respuesta concreta y solo contestó que muchas veces el retorno no es “inmediato” y que para garantizarlo se deben asegurar muchos factores sociales, políticos y de seguridad .
Tampoco respondió sobre el presupuesto que destinan para atender el desplazamiento.
López Vega dijo que todos los datos que solicitó se los hará llegar posteriormente por escrito.
Ante el Pleno, el perredista cuestionó que, pese a que el informe reporta la entrega de 3 mil 874 canastas básicas y más de ocho mil asesorías jurídicas, no existen datos sobre cuántas víctimas accedieron a una reparación integral, como lo marca la Ley General de Víctimas.
Preguntó cuántas obtuvieron una sentencia favorable en casos de feminicidio, desaparición, homicidio o violencia sexual y qué seguimiento se da a las medidas de restitución y garantías de no repetición.
“La legitimidad de las cifras depende de su correspondencia con la realidad que viven las personas afectadas”, dijo el perredista.
En materia de desplazamiento, Urióstegui Patiño dijo que, aunque se reporta la entrega de más de 2 mil paquetes alimentarios a personas desplazadas, el informe omite cuántas familias permanecen en esa condición y cuántas han logrado regresar con seguridad.
Finalmente, el diputado cuestionó la falta de indicadores en materia de gobernabilidad territorial, pese a que la Secretaría destaca reuniones y mesas de diálogo en zonas de alta conflictividad. Pidió datos concretos sobre reducción de conflictos, cumplimiento de acuerdos comunitarios y mecanismos de prevención.
En su respuesta López Vega explicó que “la distribución de 3 mil 874 canastas básicas mensuales del esquema de apoyos humanitarios que se otorgan a personas en condición de vulnerabilidad derivada de hechos victimizantes, se trata principalmente de mujeres, niñas, niños, adultos mayores y núcleos familiares que enfrentaron situaciones de violencia que generaron afectaciones inmediatas a su subsistencia como desaparición de forzada, homicidio y delitos contra las mujeres”.
Agregó que este último año realizaron 67 búsquedas en vida, 76 búsquedas en campo y 975 búsquedas remotas y la emisión de 590 fichas de búsqueda
Priistas cuestionan gobernabilidad
El diputado local del PRI, Jesús Parra García, pidió a López Vega, la atención para prerrogativas a partidos políticos y cuestionó la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de no darle su nombramiento como titular de la Secretaría General de Gobierno.
Durante la comparecencia el priista cuestionó las acciones de la Secretaría a su cargo, para la atención de diversos problemas, entre ellos el de los atrasos a las prerrogativas a partidos políticos en la entidad.
“Usted tiene conocimiento de los atrasos en la liberación de las prerrogativas, para ser exactos, en el financiamiento específico y ordinario que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, debe de liberarle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, adeudos que provocan que muchos trabajadores se queden sin su ingreso y sus familias se queden en la indefensión por no tener lo básico para subsistir”.
–¿Doctora qué políticas y estrategias han planteado desde la Secretaria General de Gobierno, para que dichos atrasos ya no se presenten y en su caso que puede manifestarnos sobre este tema en comento?–, cuestionó Jesús Parra.
El diputado exhortó a la titular del Ejecutivo, a que “extienda de manera formal su nombramiento como secretaria o en caso defina de manera pronta e inmediata la titularidad de la misma”.
En su turno, el coordinador de los diputados priistas, Alejandro Bravo Abarca, dijo que los datos dados a conocer por López Vega no coinciden con la percepción de seguridad y gobernabilidad que tienen muchos guerrerenses.
“No coincidimos porque prácticamente a diario vemos que la percepción de inseguridad en los guerrerenses va aumentando con esas muertes que ocurren en todas las regiones del estado y también no podemos hablar de la gobernabilidad ni echar las campanas al aire cuando vemos bloqueos como los de hoy y muchos que ocurren prácticamente todos los días”.
Bravo Abarca dijo que lo único en que coinciden en el tema de la gobernabilidad es en el hecho de que hace falta mucho por hacer y mucho por construir.
López Vega ya no respondió el cuestionamiento sobre las prerrogativas, pero de la gobernabilidad respondió que hay atención y protocolos ante la inseguridad, y que hay 13 dependencias estatales llevando servicios de salud, educación, orientación jurídica, medicamentos y artículos básicos para atender las causas de la violencia en comunidades prioritarias .
Los morenistas y sus aliados del PT y el PVEM se limitaron a ser redundantes en los temas de desplazados y en reconocer su trabajo al frente de la Secretaría General de Gobierno y en enviarle saludos a la gobernadora.
Con disciplina y austeridad, baja el gobierno estatal la deuda histórica en 62.1%: Finanzas
Deudas con el SAT, el ISSSPEG, el FOVISSSTE y la falta de un seguro contra desastres naturales, fueron parte de la información revelada por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, durante su comparecencia ante el Congreso local con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno.
En su mensaje ante el pleno, la tarde de este lunes, Segura Estrada destacó una reducción histórica de la deuda pública de Guerrero, que pasó de mil mil 364 millones 716 mil pesos, a 517 millones 623 mil pesos, lo que representa una disminución del 62.1 por ciento.
Durante su comparecencia por la glosa del cuarto informe, de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Segura Estrada afirmó que este saneamiento financiero es resultado de una política de disciplina y austeridad aplicada durante la administración de la gobernadora.
“Hemos enfocado nuestros esfuerzos en establecer una política de disciplina financiera y austeridad… priorizando la eficiencia y el bienestar social de la ciudadanía”.
El funcionario informó que en julio de 2025 se liquidaron anticipadamente los créditos con la banca comercial y actualmente sólo permanecen vigentes los financiamientos con Banobras, “institución que ofrece condiciones más favorables”.
También informó que el estado logró mantener estabilidad financiera pese a los recortes del Ramo 28 y presiones derivadas del cierre del ejercicio fiscal 2024.
Afirmó que se garantizó el pago de nómina, salud y educación.
“Este esfuerzo evidencia la planeación, disciplina y responsabilidad con que se administra la Hacienda Pública Estatal”.
El secretario detalló que los ingresos totales del periodo ascendieron a 63 mil 706 millones 980 mil pesos, de los cuales 2 mil 465 millones 237 mil pesos provinieron de ingresos de gestión. Este rubro creció 39.8 por ciento impulsado por impuestos como el de Tenencia, Erogaciones por Remuneraciones y Hospedaje.
Mencionó las medidas aplicadas para optimizar el gasto público, entre ellas evitar la compra de vehículos nuevos salvo en áreas estratégicas, restringir gastos protocolarios y contener la creación de plazas.
También destacó que el presupuesto 2025 asciende a 83 mil 64 millones 83 mil pesos, orientado a seguridad, justicia, educación, salud y desarrollo económico.
Segura Estrada reconoció también una deuda histórica del estado por concepto de adeudos ante el ISSSTE e impuestos al SAT superan los 28 mil millones de pesos; por lo que hasta septiembre de este año se ha generado un recorte presupuestal por el orden de los 2 mil 493 millones de pesos.
El funcionario estatal mencionó también que la administración estatal enfrentó un déficit de 3 mil 120 millones de pesos cuando inició la administración estatal, “por eso es que hacemos nuestro mejor esfuerzo de captar ingresos propios”.
Explicó que la Sefina tiene la responsabilidad de administrar el recurso dispersar lo aprobado a cada una de las Secretarías, y se requiere que se incrementen las participaciones en el ramo 28.
Falta plan para atender desastres naturales: PRI
En la ronda de preguntas, el diputado del PRI, Alejandro Bravo Abarca, cuestionó la ausencia de un plan claro para atender desastres naturales tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mecanismo federal que antes garantizaban recursos inmediatos para emergencias.
Preguntó al secretario si el gobierno estatal cumple con la obligación legal de contratar un seguro para enfrentar afectaciones, como lo establece la Ley de Protección Civil. Y advirtió que, mientras se asegura que existe disciplina financiera, no se observan ahorros reales ni una política que obligue a todas las dependencias, incluidos los partidos políticos, a aplicar ajustes acordes a la situación económica del estado.
El secretario respondió que el gobierno estatal no ha contratado un seguro contra desastres naturales, debido a que las pólizas disponibles en el mercado son “incosteables”, con montos millonarios que la administración no puede cubrir. Explicó que, en su lugar, existe un fondo estatal de desastres en el que participan los municipios y del cual se dispone en caso de emergencias para definir el destino del presupuesto.
El priista también cuestionó sobre los atrasos en el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, a lo que Segura Estrada Respondió evadió la respuesta y dijo que explicarlo “sería reiterar la complejidad del proceso administrativo”, pero aseguró que el objetivo es cumplir de manera puntual y que espera que no se repitan retrasos.
Preocupan caída de remesas y dependencia federal: MC
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, expuso que las remesas y las divisas provenientes del turismo son cada vez más limitadas para Guerrero, recordó que mientras destinos como Cancún reciben 111 vuelos internacionales a diario, Acapulco apenas mantuvo cuatro vuelos este domingo.
Dijo que esto afecta la economía local y se agrava con un contexto nacional, con una caída del 0.3 por ciento en el crecimiento económico y una inflación cercana al 4 por ciento, “factores que golpean con mayor fuerza a estados pobres como Guerrero, Chiapas y Oaxaca”. También expresó preocupación por la dependencia del presupuesto federal y del impuesto al hospedaje, pese a que los municipios turísticos aseguran que dicho recurso no les es reintegrado.
En su respuesta, Segura Estrada, reconoció la preocupación por la caída de remesas y por los “saldos a cargo” que descuenta la federación, derivados principalmente de adeudos históricos con el ISSSTE y el SAT.
Aclaró que esos descuentos no corresponden a deudas generadas por la actual administración. Informó que hasta septiembre se han descontado 2 mil 493 millones de pesos del Ramo 28, pero aseguró que el gobierno estatal “hace lo que le corresponde”.
“Estábamos mejor cuando estábamos supuestamente peor”, dijo la diputada Beatriz Vélez Núñez, cuando participó en la comparecencia en representación de la bancada priista, y dijo que su preocupación es en torno al hecho de que 96.1 de los ingresos provengan de la Federación y apenas el 3.9 sea de recursos propios, “esa asimetría convierte a Guerrero en un ente vulnerable ante decisiones de recortes y erosiona cualquier precisión de soberanía financiera”.
La priista aseguró que mientras se proclama la recuperación de la autonomía, no hay estrategias claras ni medibles para diversificar ingresos ni para activar la economía local en regiones olvidadas y la falta de políticas concretas para atraer inversión, formalizar la economía y fortalecer la recaudación propia condena a amplias zonas a la dependencia y al estancamiento.
Segura Estrada justificó que en 2021, cuando la actual administración llegó, los ingresos propios eran de 2 por ciento y lograron incrementar a más del 3 por ciento, “a pesar de hacerle frente a los huracanes, hemos mejorado la percepción de los ingresos”.
Agregó que a nivel nacional, Guerrero es de los estados que menos ingresos propios tienen, pero cambiar ese modelo sería “lastimar las finanzas de los contribuyentes”, y que se trabaja porque los evasores de impuestos paguen para aumentar la recaudación.
“Las necesidades del estado son inmensas, no se puede atender todo lo que nos solicitan, el presupuesto nace con déficit, un déficit muy importante y le damos prioridad a los temas que le interesan a la gobernadora”.
Por seguridad nacional, cobro de licencias de conducir
Por último, la morenista Guadalupe García Villalva preguntó sobre las licencias de conducir homologadas, que pretende aplicar el gobierno del estado el próximo año, para que los cobros pasen directamente a la Secretaría de Finanzas.
La morenista preguntó cuál era el objetivo de ese cambio y que beneficios tendría para la población, a lo que Segura Estrada respondió que se trata de un tema de “seguridad nacional”, y de coordinación entre el estado y el municipio para crear un único sistema estatal y no tener el problema del “libre albedrío” que genera que en otros lugares no tengan validez el documento.
Además explicó que el estado proporcionará a los ayuntamientos un folio con valor de 1 Unidad de Medida y Actualización (UMA), para emitir la licencia, pero que al final el municipio tendrá la libertad de elegir su propio diseño y la decisión de cuánto cobrar por el trámite conforme a su respectiva Ley de Ingresos Municipal.
José Miguel Sánchez/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
