Una corte de Boston ordenó revisar la demanda en la que se considera que las empresas han sido negligentes sobre el uso que le da el crimen organizado a sus productos. La canciller Alicia Bárcena celebra que el caso vuelva a primera instancia. Los fabricantes no son meros observadores pasivos de la actividad ilegal de los compradores, sino que estimulan el uso militar por parte de los cárteles, señala el fallo