El integrante de la Comisión para la Verdad explica que no se han desmontado estructuras “supralegales” que encubren violaciones de derechos humanos en la Guerra Sucia. Observa que son generales que formalmente guardan lealtad al presidente López Obrador, pero en la práctica no acatan sus instrucciones. Advierte que hay una prueba de fuego, un punto de quiebre en el que está de por medio la justicia a las víctimas o la impunidad de los militares
Acapulco, Guerrero, 17 de agosto de 2023. Grupos de poder “supralegales” enquistados dentro del Ejército impiden que la Comisión para la Verdad tenga acceso a los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre el periodo de la Guerra Sucia, señaló el comisionado Abel Barrera Hernández.
Vía telefónica, indicó que estos grupos guardan en términos formales el reconocimiento y el respeto y la lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero “en términos prácticos no están atendiendo su instrucción”.
Expuso que de nada sirve la llamada Cuarta Transformación si no se desmontan las estructuras que encubren a violadores de derechos humanos, “es una prueba de fuego, es un punto de quiebre (en el) que está de por medio la justicia a las víctimas o la impunidad al Ejército”.
El Sur publicó este miércoles que los integrantes de Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, al que pertenece Abel Barrera y que a su vez forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunciaron en un comunicado de prensa la falta de acceso a los archivos del Cisen, hoy conocido como el Centro Nacional de Investigación (CNI).
Consultado al respecto, Abel Barrera expuso que “la inteligencia del Estado está en manos del Ejército, está en manos de lo que es el Centro Nacional de Inteligencia, que está al frente el general Audomaro (Martínez Zapata), uno de los generales de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Es preocupante, aseveró, que si López Obrador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, “ya dio la orden y su súbdito, que es el general Audomaro, no obedece, bueno ahí vemos que hay como un corto circuito en términos de que la comunicación no está siendo atendida, la instrucción no está siendo obedecida, se está desobedeciendo al presidente de la República, no se está atendiendo su instrucción” de abrir los archivos.
Han pasado 22 meses desde la creación de la Comisión para la Verdad y le quedan 13 meses, cuando termina el sexenio actual, “un tiempo fatal que pues nos deja en un estado, sobre todo, de indefinición en términos de que no sabemos entonces a quién tiene que apelar si ya el presidente dio la instrucción. Sería el mismo presidente el que tiene que pedir a los generales encargados de estos órganos de inteligencia que pues cumplan con la instrucción que ha dado”, expuso el comisionado.
Abel Barrera aseguró que “hubo mano negra, hubo una intervención del Ejército para ir limpiando la información”, la cual “nos daría muchas luces de lo que pasó, pero sobre todo, ayudaría a robustecer, a fortalecer las investigaciones que se han hecho a nivel de otras fuentes, pero sobre todo, de los testimonios que se han ido recabando, de las investigaciones que se están realizando”.
Reiteró que es “claro que hay generales, hay militares con cargos o sin cargos, que están influyendo para que no se faciliten estos expedientes y eso es lo grave”.
Al también director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se le mencionó que hay un paralelismo con la cerrazón en el caso Ayotzinapa y se le preguntó qué implicaciones existen para Guerrero y para el sistema de justicia del país.
Abel Barrera contestó: “Primero, que en verdad existen en nuestro país poderes supralegales en términos de que hay grupos de poder enquistados en el Ejército, no sabemos si es de la vieja guardia, no sé cómo llamarles, pero que sí tienen mucho poder y que por lo tanto ellos no están de acuerdo en que se realicen estas investigaciones”.
Recordó la declaración del secretario de la Defensa Nacional del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos, cuando descalificó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por ser integrado por extranjeros, además de que estaba en riesgo la seguridad nacional y que no iba a permitir que se tratara como criminales a los militares.
“Es la expresión de un general, de un secretario de la Defensa Nacional, y de un grupo del Ejército que obviamente están acuerpados y que ellos así, entendemos, que no van a permitir que se investigue a los militares que violaron derechos humanos en este periodo del Terrorismo de Estado, como se ha calificado a estos años de la Guerra Sucia”, apuntó.
Continuó: “Entonces queremos entender que en verdad hay una postura cerrada, hermética, de grupos que tienen mucho poder dentro de la misma Secretaría de la Defensa Nacional y que en términos formales, sí guardan el reconocimiento y el respeto y la lealtad al presidente de la República, pero en términos prácticos no están atendiendo su instrucción, su decreto, su acuerdo”.
Señaló que es “un doble discurso, una doble moral de parte del Ejército, que se dice leal al presidente, que guarda lealtad hacia las instituciones y hacia la Presidencia de la República, pero que no está dispuesto al escrutinio de la sociedad, que no está dispuesto a entregar los expedientes de la represión donde ellos participaron, fueron partícipes de la desaparición, de las ejecuciones, de casos de tortura, de los vuelos de la muerte que la misma gente da cuenta, los testigos, los sobrevivientes de esta Guerra Sucia nos han manifestado todo lo que vivieron”.
“Esto es una herida abierta, es una herida que sigue sangrando, es una afrenta en términos de que no hemos podido cruzar el umbral de la impunidad para adentrarnos a una nueva etapa de nuestra vida democrática, donde haya justicia, donde haya verdad y donde no haya impunidad, y que tampoco haya actores del Estado, como los generales, que gocen de inmunidad”, expuso.
Agregó: “Si no, de nada sirve lo que se ha llamado la 4-T si no realmente se desmontan estructuras que realmente encubren a violadores de derechos humanos y que tampoco están dispuestos a ser investigados por parte de las autoridades civiles y mucho menos rendir cuentas a la sociedad”.
Afirmó: “es una prueba de fuego, es un punto de quiebre que está de por medio la justicia a las víctimas o la impunidad al Ejército”.
Insistió en que la falta de acceso a los archivos es grave, sobre todo en estados como Guerrero, pues “abunda la información sobre todo lo que fueron monitoreando, registrando, de lo que pasaba aquí con el movimiento guerrillero, con las acciones del Ejército que se implementaron y que están en el Cisen”, que se dedicó a hacer “fichas de luchadores sociales, de activistas, de maestros, de estudiantes”, y que son los documentos que no aparecen en el Archivo General de la Nación (AGN), donde se supone que tienen que estar.
Son declarados no localizados los expedientes, y puso de ejemplo los que contienen información de las Brigadas Blancas, “que aquí en Guerrero jugaron un papel muy grave en cuanto a sus acciones cruentas en contra de los luchadores sociales”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Archivo
