Madrid, España, 10 de marzo de 2022. El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley que endurece las penas por abortar, que serán superiores a los cinco años de cárcel, y que limita el contenido LGTBI en centros educativos, alegando que la educación de los niños compete en exclusiva a los padres. Fue aprobada en el Día Internacional de la Mujer.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue aprobada por 102 votos de diputados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Guiammattei que se muestra contrario a cualquier aperturismo en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. En contra de la ley votaron ocho legisladores y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento guatemalteco para la aprobación de la polémica ley.
Guatemala sólo contempla el aborto espontáneo y el terapéutico, es decir, cuando la vida de la gestante corre peligro. Cualquier otro supuesto se castigaba hasta ahora con hasta tres años de prisión, pero con la nueva ley las penas pueden ir de los cinco a los 25 años, informa el diario Prensa Libre.
La reforma, impulsada en un inicio en el año 2017, establece como modelo de familia aquella en la que haya hombre, mujer e hijos, sin espacio por tanto para modelos LGTBI que quedan expresamente descartados en situaciones como la adopción.
Asimismo, cualquier contenido al margen de los valores conservadores queda fuera del currículum educativo, de tal manera que los niños y adolescentes no puedan tener en sus centros “políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género”.
La ley prohíbe expresamente “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia generó malestar entre colectivos de mujeres y LGTBI y decenas de personas se concentraron ante el Congreso para expresar su oposición. El procurador de Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, anunció durante esta protesta que presentará una acción de inconstitucional para tratar de frenar una medida que, en su opinión, supone “un retroceso a las libertades”.
Texto: Europa Press
