Héctor Manuel Popoca Boone
Con intencionalidad, para los presidentes y regidores municipales
Nuestros infortunios sociales también han tenido como génesis la mala conducta legislativa de la mayoría de los diputados locales. Desde siempre, el poder legislativo estatal ha sido un receptáculo de políticos y politicastros, novatos y curtidos, ascendentes o en desgracia, quienes lo han contemplado como catapulta de renovadas ambiciones políticas o para invernar por tiempo determinado.
La mayoría, lo ha visto como un instrumento farisaico para recibir altos ingresos económicos, sin hacer mucho. Sus interminables recesos, impuntualidades y ausencias así lo patentizan, hoy y siempre. Es un poder gubernamental semi estéril para la elaboración de mejores ordenamientos legislativos en pro del bienestar de los guerrerenses. Los eternos rezagos acumulados que mantiene, así lo demuestran. Es un altar de concesiones acordadas con antelación, a partir de la tranza y la componenda de facción; al margen del interés ciudadano y en el marco de un consagrado fuero constitucional que, para alguno de ellos, ha sido manto protector de delitos e ilícitos de todo tipo, desde tiempos pasados. Así las cosas, el poder legislativo local no ha servido de contrapeso sino de comparsa institucional del poder ejecutivo estatal. Yo estimo que, con un 20 por ciento del actual número de diputados se sostiene una eficaz cámara de representantes del pueblo.
Por si fuera poco, este instrumento para la gobernabilidad es oneroso para el pueblo: el presupuesto de egresos para el presente año es de 679 millones de pesos. La actual legislatura brilla por sus escándalos financieros: irregulares, semi opacos y corruptos. Sin mayor rendición de cuentas y entrega de resultados efectivos. Habida cuenta que, en la práctica, muchos de ellos son más proclives a la redituable gestoría social con fines electorales; contando para ese asunto con recursos económicos públicos de libre disposición y laxa comprobación. Hay contubernio con el gobernante cuando le extienden, año con año, una chequera en blanco para el uso y/o abuso del gasto público; abdicando, aberrantemente, de una de sus primordiales facultades constitucionales.
No olvidemos también que la Auditoría Superior es sumamente benevolente refiriéndose a la cuenta pública de los poderes del Estado. De ahí se intuye que el auditor general nombrado por el Congreso local “a modo del gobernador”, goce de mayor duración en el cargo quedando exento de cualquier amonestación o penalización por mal desempeño, incluso de ¡juicio político! a cambio de ofrecer incondicionalidad y discreción absoluta.
Es por todos sabido que la mayoría de las modificaciones y actualizaciones de las leyes estatales tienen como origen primario al gobernante en turno. Si acaso los diputados las maquillan un poco, para no perder totalmente el decoro; y las aprueban sin chistar, con previos y fructífero$ conciliábulos con dos secretarios inexcusables para esos menesteres, ubicados en los edificios centrales del Palacio de Gobierno.
En medio de esta pandemia, la mayoría de los diputados locales han mostrado el cobre. Su insensibilidad y desapego a los intereses del pueblo ha sido mayúsculo. Para la historia de la infamia legislativa queda el bodrio que aprobaron recién semanas atrás, en forma por demás furtiva, aprovechada e impúdica. Me refiero a la legislación a favor de sus respectivas reelecciones, sin desprenderse de sus cargos y mucho menos de sus altos ingresos económicos. Mientras tanto, en los pueblos de la Montaña y en los cinturones de miseria de las principales ciudades, la gente se enfrenta a una mayor pobreza y hambruna provocada por el virus incontrolable. Así mismo, quedan para el oprobio, los dislates jurídicos sobre seguridad pública y gobernabilidad indígena. La aprobación para que haya un representante popular del migrante, prosigue en la congeladora.
Total, nuestros ínclitos diputados, en contubernio soterrado con el gobernante en turno, su “maestro incómodo” y el corrupto exdiputado local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, han reforzado en grado sumo el sistema estatal “PRO-CORRUPCIÓN”.
No nos debe sorprender, por tanto, que los diputados y los policías tengan los más bajos niveles de estima popular, de acuerdo con una encuesta nacional.
PD1. Las vidas del pueblo pobre, ¡importan! No son cifras acumuladas, son seres humanos en desgracia.
PD2. Insisto, es hora de salvar vidas, no de buscar votos contagiados.
PD3. Como todo ser humano, el presidente de la República tiene aciertos y desaciertos. Hasta ahora, los primeros son mucho más que los segundos. En lo personal, le seguiré dando mi apoyo crítico.
