El gobierno deja solas a las víctimas en la crisis de desapariciones, señalan colectivos en la presentación del informe Desaparecer otra vez
Chilpancingo, Guerrero, 11 de julio de 2025. Guerrero es uno de los estados más “atravesado y lastimado” por la desaparición forzada, y donde el Estado mexicano tiene la deuda más grande con la recuperación de las condiciones de vida y la reparación del daño de las víctimas, declaró ayer la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) sección México, Edith Olivares Ferreto, después de la presentación del informe: Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.
Derivado de ello, la activista emplazó al Estado mexicano a que reconozca que sí hay desapariciones forzadas en el país, y dijo que uno de los casos que más lastiman es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación del documento en el auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la representante en México del organismo internacional, indicó que Guerrero “es uno de los estados que desafortunadamente ha vivido el dolor y la herida de la desaparición desde el periodo de la guerra sucia, y que muchas de esas personas todavía continúan sin ser encontradas.
“El Estado mexicano no sólo no encuentra a las personas que desaparecen recientemente, sino que tampoco han encontrado a las que desaparecieron durante el periodo de la guerra sucia”.
Criticó que en este estado aun haya familias que tienen desaparecidos de 1960 o de 1970 y de hace 10 años o cinco años.
“Este es uno de los estados que ha sido más atravesado y lastimado por la desaparición forzada y es uno de los estados, también, en donde el Estado mexicano tiene una deuda más grande con la recuperación de las condiciones de vida y la reparación del daño”, dijo.
Aclaró que la reparación del daño para los familiares de las víctimas de desaparición forzada desde la guerra sucia pasaría porque hoy ya no sigan desapareciendo personas en el estado.
La directora de AI en México declaró que el Estado mexicano tiene que reconocer que en México hay desaparición forzada, “porque sí hay agentes del Estado vinculados a la desaparición de personas que han participado o que colaboran en esas desapariciones”.
Un caso que lastima a Guerrero es la desaparición de los 43
Dijo que un caso que lastima a Guerrero es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde hubo participación de agentes del Estado mexicano.
“Algunos de ellos, incluso, están siendo investigados, y hubo participación de las fuerzas armadas que no han querido dar la información”.
Añadió que por eso el caso Ayotzinapa sigue impune, “y por eso no sabemos dónde están los 43 estudiantes”.
Insistió que el Estado mexicano tiene que empezar a saldar la deuda con el estado de Guerrero.
Explicó que en el caso de las desapariciones recientes en Guerrero, AI ve que hay un vínculo entre la clase social, la “racialización” y la desaparición de personas, pues dijo que desaparecen más personas en las zonas periféricas de las ciudades y en las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero.
Indicó que aunado a que la clase social baja y los indígenas tienen mas posibilidades de ser desaparecidos, cuando las familias de los desaparecidos tienen contacto con las autoridades su condición se utiliza para tratarlos de manera despectiva, además de que la mayoría de las instituciones no cuentan con intérpretes.
También destacó, a pregunta de una reportera, que a pesar de que esta entidad enfrenta el grave problema de la desaparición de personas, aun no cuenta con una ley sobre desaparición.
Para la activista es muy importante que haya legislación en la materia.
Reconoció que en México hay muchas instituciones, mecanismos de búsqueda, comisiones estatales, comisiones federales, pero lo más importante es que funcionen “y vamos a saber que funcionan cuando se encuentren a esas 130 mil personas que están desaparecidas, y cuando las mujeres buscadoras sepan dónde están sus familiares y puedan dedicarse a lo que se dedicaban antes de que su familiar desapareciera.
La militarización no soluciona el problema de violencia y México viola estándares internacionales
Olivares Ferreto rechazó que la militarización sea la solución al problema de la violencia y al de desaparición en el país, y que, por el contrario, pone en riesgo a todas las personas en este país y no garantiza la seguridad pública.
La directora de AI en México dijo que, frente al problema de la militarización, ahora, con la reforma, la Guardia Nacional se convierte en una fuerza armada más.
Explicó que la reforma con la que se entrega el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, deja “absolutamente sin una corporación civil a cargo de la seguridad en este país. La Guardia Nacional es, oficial y legalmente una corporación militarizada, es una fuerza armada más y con eso México está violando todos los estándares internacionales en materia de uso de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública”, denunció.
Declaró que con la reforma el Estado mexicano esta, “digamos, de manera legal, pero no justa, ni de manera respetuosa con los derechos humanos y está violando los estándares internacionales en materia de uso de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública”.
Dijo que lo grave es que las fuerzas armadas han estado vinculadas a la desaparición de personas, abuso excesivo de la fuerza, y que hay experiencias, sobre todo en Guerrero, donde hay relación entre las desapariciones, la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, “y otras violaciones a derechos humanos con la participación de militares en tareas de seguridad pública”.
El gobierno deja solas a las víctimas en la crisis de desapariciones, señalan colectivos ante AI
En la presentación del informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), representantes de colectivos de familiares de desaparecidos y de organismos de derechos humanos manifestaron que, ante la crisis de desapariciones, el gobierno ha dejado solas a las víctimas.
Además, se quejaron de que, en Guerrero, el Gobierno no solamente les da la espalda, sino que las divide, las estigmatiza y criminaliza.
El informe se presentó el mediodía de ayer en el auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), por Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de AI sección México, ante la presencia de representantes de colectivos de familiares de desaparecidos en la entidad.
Participaron también el director de AI España, Esteban Beltrán, la presidenta del colectivo María Herrera, Gema Antúnez Flores y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En el informe se establece que en México ante la grave crisis de desapariciones, son las mujeres las que encabezan la búsqueda de sus seres queridos.
También, que a pesar de que las autoridades tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas, “su omisión e ineficacia han forzado a las familias, madres, esposas, hermanas e hijas a asumir esta labor en condiciones de alto riesgo, enfrentándose al crimen organizado, la violencia institucional y múltiples obstáculos sociales, políticos y territoriales”.
El informe está basado en las experiencias de más de 600 mujeres que fueron entrevistadas por AI, y documenta el patrón de violencias y afectaciones que enfrentan quienes buscan a sus familiares.
Las mujeres buscan a sus desaparecidos; hay niños que buscan venganza
En su intervención, Gema Antúnez relató que en Guerrero son las mujeres las que no dejan de buscar a sus seres queridos, por el amor al hijo, al padre o al esposo.
Pero dijo que lo hacen sin el apoyo de las autoridades que les niegan el recurso, equipo y personal para las búsquedas.
Contó el testimonio de dos jóvenes que encontraron después de que se escaparon del crimen organizado y que hasta para recibirlos y reincorporarlos con sus familiares no encontraron ayuda del Gobierno y hubo negligencia de las autoridades, por lo que fue el mismo colectivo con sus propios recursos el que los entregó a sus familias y, cuando menos a uno de ellos, el colectivo lo apoyó para que terminara sus estudios y ahora es profesionista.
En otros casos, dijo, “nos hemos encontrado con niños que crecen con resentimiento de que les arrebataron a su padre o hermano y en su mentalidad surge la idea de formar parte de un grupo delincuencial, para encontrar a su familiar y vengarlo de alguna manera.
En otras ocasiones han encontrado a jóvenes con problemas sicológicos y del cutting, que se cortan las piernas o manos y para ellos tampoco hay programas de ayuda.
Abel Barrera dijo que el Gobierno está totalmente alejado de las víctimas; “les da la espalda, no las escucha, las considera como actores incómodos y su agenda (de las víctimas) no está dentro de las prioridades del estado”.
Explicó que la de las víctimas es una lucha sorda, “porque a diferencia de lo que decimos aquí, que no están solas, frente al Estado están solas y solos, ese es el problema”.
Denunció que en las fiscalías no se les escucha, no se les valora y por el contrario, se les estigmatiza, “se les postergan las denuncias y no se les permite acceder a los expedientes, no se realizan las investigaciones que urgen y se prolongan las etapas para las búsquedas”.
Dijo que el entramado en el gobierno “es para no atender, no resolver, no tomar decisiones, postergar y relegar a las víctimas, mientras que en términos presupuestales tiene el monopolio del recurso.
El defensor explicó que las instituciones encargadas de apoyar a las víctimas están supeditadas al presupuesto que destina la Secretaría de Gobierno.
Berrera Hernández destacó que los 24 o 25 colectivos y colectivas de víctimas de Guerrero, “están atrapados y desde el gobierno los dividen y los confrontan en la disputa por un precario presupuesto que les impide robustecer su movimiento y su lucha”.
“Pero lo que más nos preocupa es que vemos a un gobierno débil frente a un poder incontrolable de los grupos del crimen organizado”.
El defensor de derechos humanos lamentó que se viva una etapa “donde hay una connivencia entre el poder político y el crimen organizado”.
Explicó que donde hay más colectivos también está el poder delincuencial fortalecido, como en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco, Tixtla, Tlapa, Chilapa y en Tierra Caliente, donde, definitivamente, “las autoridades ya no tienen las instituciones porque éstas están supeditadas al control del crimen organizado”.
Indicó que la porosidad de las instituciones carcome la vida pública y pone en la línea de fuego todo el trabajo que realizan las colectivas y colectivos, “porque es toparse no con la autoridad, sino con la delincuencia y eso es muy grave porque se está atizando una violencia mayor”.
Dijo que la violencia se ha expandido en las ocho regiones del estado, y en todas ellas, “hay jefes del crimen organizado que tienen los controles de las instituciones tanto del estado como de los municipios”.
Esteban Beltrán les dijo a las familias de las colectivas y colectivos, que los casos de sus familiares desaparecidos no van a ser invisibilizados, “vamos a poner el foco público internacional en ustedes y en sus familiares”.
Hay 130 mil personas desaparecidas en México, no son sólo cifras: Edith Olivares
La directora ejecutiva de AI sección México, Edith Olivares Ferreto, dijo que las 130 mil personas desaparecidas en México, no son solo cifras “son 130 mil lugares vacíos en la mesa a la hora de la cenar, 130 mil familias con un vacío imposible de llenar, 130 mil hasta luego convertidos en ausencia prolongada, 130 no es una cifra, son 130 mil personas que nos faltan a todas y a todos”.
Habló de la revictimización y del riesgo que viven las madres buscadoras.
“Las mujeres buscadoras enfrentan, también, el riesgo de desaparición, ataques, amenazas, desplazamiento forzado”.
Informó que más del 70 por ciento de las madres buscadoras han sido afectadas en su salud, por ejemplo, en cuanto a la salud mental, contó que hay mujeres que han reportado ataques de ansiedad, pánico, depresión e insomnio vinculados a la desaparición de su familiar o a su labor de búsqueda y al hallazgo de cuerpos o personas desaparecidas.
En cuanto a problemas de salud física, hay madres con hongos en la piel por el contacto con restos humanos, padecimientos digestivos y desprendimiento de retina por el llanto prolongado.
También se ven afectadas económicamente. Explicó que el 66 por ciento de las 600 mujeres que entrevistaron reportaron afectaciones económicas por la labor de búsqueda debido a que ellas invierten su propio dinero para materiales como picos, palas, botas con las que salen a buscar, gasolina y para sus alimentos durante sus jornadas de búsqueda.
“Muchas han tenido que dejar de realizar sus trabajos remunerados o han sido, incluso, despedidas por su labor de búsqueda o porque se han vinculado a la exigencia”.
Dijo que son muy pocas las mujeres buscadoras que han recibido apoyos económicos del Estado, y menos del 25 por ciento han recibido servicios de salud o apoyo económico para su labor de búsqueda.
Contó que el 55 por ciento de las mujeres que entrevistaron reporta haber recibido algún tipo de ataque por discriminación o maltrato por parte de agentes del Estado mexicano.
“Encontramos muchos casos en los que las mujeres son estigmatizadas, es decir, son maltratadas por agentes del Estado pues les dicen que tal vez andan en algo, que su familiar desaparecido andaba en algo y que por eso están desaparecidos, que ya dejen de buscarlos, que dejen de presionar a las autoridades”.
En el informe, AI hace 12 recomendaciones, pero la directora de la sección México destacó tres.
“El estado mexicano debe reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos”, pues explicó que están haciendo una labor que no les toca hacer, sino al Estado.
Otra recomendación es que el Estado mexicano se abstenga de estigmatizar y de maltratar a las madres buscadoras, y que las autoridades dialoguen con los colectivos y con las madres buscadoras, “y me refiero desde el mas alto nivel, que es la presidenta de la República”.
La tercera es que el Estado garantice la protección a las mujeres buscadoras, pues hay al menos 16 mujeres buscadoras que han sido asesinadas del 2011 a la fecha, “y hay muchísimas que han sido víctimas de desplazamiento, ataques, amenazas, desapariciones y es importante que el Estado mexicano garantice su protección”.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
