Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
La recepción del año nuevo con drones y pirotecnia en la bahía de Acapulco fue el sueño dorado que miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron durante 15 minutos. La gran euforia que causó la espectacular noche de luces se prolongó durante la madrugada y el primer día de 2023. Con las playas abarrotadas y con más del 90 por ciento de ocupación hotelera las autoridades municipales y del estado festejaron el éxito alcanzado. Lograron reposicionar al puerto como uno de los centros turísticos más atractivos del país.
A pesar de la violencia que persiste en las colonias de la periferia, la preocupación de las autoridades no se centró en estos hechos de sangre, que son permanentes, sino en asegurar que los turistas se divirtieran, para garantizarles una estancia placentera. Se blindaron las playas y las avenidas con la Guardia Nacional que incrementó el número de efectivos, y el secretario de Seguridad Pública trasladó de otras regiones a policías estatales, para cubrir las zonas turísticas más importantes. La derrama económica que dejó la actividad turística es lo más preciado para quienes gobiernan el estado y el puerto. Se trata de los ingresos que más se disputan porque se obtienen directamente y no tienen restricciones para gastarlos. Los grandes contrastes sociales que existen en Acapulco, en lugar de revertirse se han profundizado. La corrupción no tiene control. Las administraciones municipales se manejan de manera facciosa y en la opacidad. No hay inversiones de alto impacto que mejoren los servicios básicos, como las redes de agua potables, el drenaje, alumbrado público, recolección de basura, la pavimentación de calles, creación de centros deportivos, mejoramiento del transporte público, entre tantas carencias que persisten en una ciudad devastada por la violencia, la inseguridad, la corrupción, el desempleo y el abandono de las zonas periféricas.
El grave peligro es querer mostrar la imagen del Acapulco mágico con una noche de pirotecnia para cubrir la realidad que lacera a miles de familias que viven en los terregales, que soportan los olores fétidos de las aguas negras que corren por sus calles maltrechas. Las escuelas y centros de salud están en pésimas condiciones. No hay espacios para el deporte, la promoción de actividades culturales. Es impensable la construcción de bibliotecas y espacios lúdicos para las niñas y niños. Hasta la fecha, las camionetas cubiertas con lonas y tablas, que no son aptas para un transporte público digno, son las que se usan para trasladar a la gente de la periferia. Hay un total abandono de las autoridades municipales de la población que vive desempleada. Muchos niños, adolescentes y jóvenes no asisten a la escuela, se enrolan en el ambulantaje o son presa de los grupos delincuenciales que los enrolan en sus filas para vender droga o ser parte del sicariato. Es preocupante la ausencia de las instituciones públicas para atender las necesidades más básicas. Este vacío de autoridad lo han cubierto los jefes del crimen organizado, que ejerce el control de varios giros comerciales y tiene bajo su control a grupos de transportistas, comerciantes ambulantes y colonos que imponen su ley y trabajan para su causa.
Las mismas comunidades circunvecinas que forman parte de la zona conurbada de Acapulco ya están dentro de este entramado delincuencial. La ruta que va a la Costa Chica está controlada por “Los Rusos” que han establecido pactos con algunos comandantes de la UPOEG, como fue el caso de “El Pino” y con elementos de la Policía Ministerial. Lo mismo sucede con la vía libre a Chilpancingo donde varias comunidades como El 30 o Xaltianguis se han convertido en plazas estratégicas, al grado que toda la ruta que llega a la capital del estado se ha transformado en una disputa permanente por el trasiego de la droga. Esta expansión ha cobrado vidas y lo más grave es que las autoridades municipales prefieren cerrar los ojos o aliarse con estos grupos para garantizar una relativa gobernabilidad en el municipio más importante del estado.
Este fenómeno se replica con mayor o menor intensidad en las 6 regiones del estado. En los últimos tres meses se recrudeció la violencia en la Tierra Caliente, con la incursión de grupos del crimen organizado como la Familia Michoacana que irrumpió en San Miguel Totolapa el 5 de octubre para matar al alcalde Conrado Mendoza junto con su padre, varios policías, funcionarios municipales y gente de la comunidad, dejando un saldo de 22 personas asesinadas. A pesar de que las autoridades del estado tenían información de lo que se estaba tramando en la región, no tomaron medidas preventivas para contener y replegar al grupo armado. La percepción de la gente es que existe colusión de los mandos policiales y militares con los jefes de esta organización, porque sus actividades delincuenciales no son recientes ni desconocidas. Más bien gozan de protección y se han afianzado en la región como el poder real que está por encima de las autoridades municipales y de las mismas corporaciones policiacas. La Fiscalía del estado no ha mostrado compromiso para atender con presteza y eficacia a las víctimas. Sus investigaciones no trascienden porque todo queda en declaraciones escritas que no se materializan en órdenes de aprehensión y detención de los responsables.
La irrupción de grupos del crimen organizado es una práctica recurrente. A dos meses de la masacre de San Miguel Totolapa, el 10 de diciembre en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, más de 10 camionetas con decenas de sicarios entraron a la comunidad, reunieron a la gente y ahí mismo mataron a 7 personas, entre ellos a un menor de edad. La comisaria Azucena Rosas tuvo el valor de denunciar estos hechos y de exigir la presencia de las corporaciones policiacas y del mismo Ejército. Dio cuenta de que esta situación se ha dado desde hace 4 años, sin embargo, las autoridades no han intervenido para desmantelar a los grupos que tienen aterrada a la población. La información que se ha filtrado es que se trata del mismo grupo delincuencial que incursionó en San Miguel Totolapan comandado por el jefe de la plaza Johnny Hurtado, sin embargo, prevalece el silencio y la inacción de las autoridades competentes para brindar seguridad a las familias, que en su mayoría optaron por huir del lugar para ponerse a salvo.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez, ha declarado que en las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte y Centro libran férreas disputas por el control de las rutas y giros comerciales los grupos del crimen organizado que los identifica como “Los Tlacos”, “La Familia Michoacana”, “Los Ardillos” y la misma “Policía Tecampanera”. Hay una confrontación a muerte por el control de los productos de la canasta básica, el trasiego de la droga y el negocio de las minas. Por otra parte el general Rolando Solano ha declarado que Guerrero es el primer estado del país donde más se siembra la hoja de coca. Comentó que en 2021 localizaron 7 sembradíos, sin embargo, en un solo año se localizaron 70, es decir, 10 veces más. Según sus cálculos una hectárea de la planta de coca equivale a un kilogramo de cocaína base que en el marcado negro alcanza un valor de 300 mil dólares.
El panorama estatal es sombrío no sólo por la violencia que se expande, sino por el poder creciente de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y han demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos. Son parte de los actores económicos que con sus actividades ilícitas han incursionado en los negocios básicos para lavar el dinero y al mismo tiempo fortalecer su presencia en las regiones y comunidades donde no hay instituciones del gobierno ni programas que atiendan las necesidades más básicas. Los giros de la economía criminal se han multiplicado y ahora se disponen a controlar hasta los productos de la canasta básica. En varias regiones este fenómeno ya es una realidad que tiene atrapados en sus garras a la población en general que se ha resignado a obedecer las órdenes de los jefes de las plazas, para asegurar su sobrevivencia.
El escenario que tiene la gobernadora es complejo, los desafíos son mayúsculos y sumamente explosivos. Ya tiene clara la radiografía y los diagnósticos de los grandes riesgos están focalizados. Es una tarea titánica que requiere la intervención decidida de la federación, pero también tiene que apoyarse en la misma población, en las organizaciones sociales, en los movimientos de víctimas que luchan de manera permanente para buscar a sus seres queridos y exigen atención, porque hay un gran descuido a sus demandas. Se requiere una gran alianza con amplios sectores de la sociedad para desmantelar una estructura delincuencial que hunde sus raíces en las mismas instituciones gubernamentales. Si hay compromiso y voluntad política se tiene que arrancar de raíz estas redes delincuenciales y diseccionar los tejidos de la corrupción que daña cualquier intento para sanear las finanzas públicas. Se tiene que apostar por cambios de fondo que a veces son imperceptibles ante la opinión pública pero que tienen un gran resultado para la gente que está ávida de ser atendida en cuestiones tan básicas como la salud, la alimentación, el empleo, la vivienda, la educación y la recreación.
Se tiene que vencer la tentación de que la política es más que un espectáculo que siempre será efímero y banal y es más bien un compromiso permanente que requiere estar al lado de la gente más desamparada del estado.
