El director de Tlachinollan es uno de los cinco seleccionados para el Grupo de Expertos de la Comisión para el acceso a la Verdad. Señala que hay pistas documentadas por familiares que conducen a cuarteles militares y que indican que niños nacieron en el cautiverio de sus padres y se debe saber dónde están
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2021. El defensor de derechos humanos, Abel Barrera Hernández, uno de los cinco seleccionados de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, del gobierno federal, informó que esta iniciativa surgió a solicitud de sobrevivientes y familiares de víctimas de la estrategia de exterminio a la oposición en el país, en la cual “Guerrero fue el laboratorio de la contrainsurgencia”.
Señaló que hay pistas documentadas por familiares, que conducen a cuarteles militares, donde mencionan que niños nacieron en cautiverio y se debe saber dónde están.
En consulta telefónica sobre la selección de los integrantes del Comité de Expertos de esta comisión, que se dio a conocer el viernes, Barrera informó que esta semana será la primera reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, responsable de coordinarla.
Confió en que los trabajos comiencen lo antes posible, para saber realmente qué pasó con las víctimas de la guerra sucia de 1965 a 1990 , dónde están los desaparecidos y quiénes son todos los asesinados; para ello, deben acceder a instalaciones militares y a los archivos del Ejército, que han sido llamados “los archivos de la represión”.
Explicó que la comisión se creó por decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 y tendrá vigencia hasta septiembre de 2024, “casi hasta cuando concluya el mandato del presidente”.
Sin embargo, la iniciativa es resultado de las demandas históricas de familiares de personas desaparecidas y asesinadas en la guerra sucia y sobrevivientes, aclaró.
Detalló que las familias encontraron eco en el gobierno federal, y el 30 de agosto, Día del Detenido Desaparecido, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa, que se formalizó con la publicación del decreto en el Periódico Oficial de la Federación.
El siguiente punto fue la conformación del comité de expertos, para coordinar las acciones, a partir de una convocatoria pública, donde participaron 25 personas.
Consideró que la comisión debe ser un mecanismo apropiado, primero, para sistematizar la información y señalar la ruta de investigación.
Añadió que el segundo eje planteado es la búsqueda de personas por principio de presunción de vida, mientras no se pruebe lo contrario.
“Es muy importante seguir las pistas en cuarteles militares, documentadas por familiares y sobrevivientes. Se habla de niños y niñas que nacieron en cautiverio, se debe conocer su paradero”.
Además, las medidas de reparación y compensación, tomando la opinión de las víctimas y de sus familias, “porque sólo ellos tienen autoridad moral para decir cómo tiene que hacerse”.
Para la reivindicación, mencionó una ley de memoria y no repetición, que castigue a responsables y honre a desaparecidos.
“Que quede escrito en una ley, que no pueden volver a suceder hechos atroces por parte del Estado, que quede plasmado en la memoria colectiva, histórica; de ahí la necesidad de tener centros de memoria, que generen conciencia y sensibilicen a la población”.
Subrayó que esta lucha, de las familias de las víctimas de crímenes pasados es nacional, porque los crímenes ocurrieron en estados del norte, centro y sur del país, “y obviamente en Guerrero fue el laboratorio de la contrainsurgencia”.
De anteriores ejercicios para llegar a la verdad, a la justicia y reparación de los crímenes de la llamada guerra sucia, recordó a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), del sexenio de Vicente Fox, “que no logró avanzar en las investigaciones, a pesar de los intentos de las familias que contribuyeron con testimonios”.
“La acusación contra el ex presidente Luis Echeverría se truncó, ya que no tuvo fuerza”, dijo.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo su propia investigación, dio cuenta de las violaciones que se cometieron y nombres de centenares de desaparecidos, en la recomendación 26/2001.
En lo local, en Guerrero, el trabajo de los integrantes de la Comisión de la Verdad fue muy valioso, logró un informe que da muchas luces, abre líneas de investigación y da la pauta de lo que se debe seguir investigando, pero “lamentablemente quedó trunco, ya no tuvo respaldo de las autoridades y se dejó de lado”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
