Se registró en la entidad el año pasado una tasa de homicidios de 69 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional fue de 24. “Los homicidios son el indicador más grave”, señala el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz, y propuso “atender a grupos específicos de jóvenes” que son el 87 por ciento de las víctimas.
Texto: Karla Galarce Sosa
Foto: Jesús Trigo
Acapulco, Guerrero. Al presentar los resultados del Índice de Paz México 2018, el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz dijo que Guerrero ascendió una posición, del último al penúltimo lugar en “paz negativa” y registró durante el año pasado una tasa de homicidios de 69 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 24.
En tanto que integrantes del movimiento feminista e investigadoras promotoras del establecimiento de la Alerta de Género en Guerrero, pidieron desagregar y cuantificara los feminicidios como un delito autónomo a las cifras generales de homicidios dolosos en el documento publicado en el portal en internet del Instituto en México.
En un salón de la Universidad Loyola, en Acapulco, el integrante del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez, destacó que la violencia en el país, es mayor en estados donde se trasiega la droga, aunque la violencia está relacionada con crimen organizado, que aumentó la delincuencia común y la violencia interpersonal.
Informó que el año pasado se registraron en Guerrero 4 mil 934 homicidios que incluyen asesinatos, infanticidios u homicidio culposo sin negligencia, incluyendo homicidios relacionados con drogas; 2 mil 644 crímenes con violencia, incluidas violaciones, robos y asaltos agravados; 4 mil 926 crímenes con armas; hay mil 378 personas encarceladas sin una sentencia y se cuantificaron 4 mil 868 delitos en los que presuntamente hubo participación del crimen organizado y se agregan la extorsión, el secuestro, crimen organizado, y crímenes relacionados con drogas.
“Los homicidios son el indicador más grave”, lamentó el investigador y habló de posibles soluciones, entre las cuales están “el atender a grupos específicos de jóvenes” al ser ellos quienes representan el 87 por ciento de los asesinatos e “identificados como adultos asesinados”.
Advirtió también que se requiere “restablecer la confianza, vínculos, rutas que establezcan la relaciones entre gobernantes y la población. Se requiere romper ciclos de impunidad, y aumentar la confianza”.
Pidió que los candidatos “aborden la problemática desde la raíz”, y exclamó que “hemos tocado nuevos fondos cada vez, cuando pensamos que no podemos llegar más al fondo, hay nuevos fondos, pero es posible construir la paz en Acapulco, involucrar a más sectores sociales, a partir de asumir compromisos más ambiciosos, con mayores estándares éticos”.
Juárez Cruz advirtió que 2017 fue uno de los años más violentos de los últimos 11 que llevan publicando los resultados del Índice de paz, pues se ha registrado el año pasado un deterioro de 10.7 por ciento respecto a 2016.
Indicó que se registraron más de 29 mil homicidios en el país, de los cuales 69 por ciento de homicidios con arma de fuego, cifra que representó un aumentó 36 por ciento respecto a 2016.
Destacó que hubo 7 entidades que “mejoraron” los índices de “paz positiva” y 25 empeoraron.
“No son sólo estadísticas, sino historias rotas, de familias que sufren. La paz ha empeorado, la violencia ha crecido, la violencia se ha extendido en el país”, expresó.
Comentó que el Instituto es un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro, que busca cambiar el enfoque de construcción de paz. Es un laboratorio de ideas mundial con sede en Sídney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya.
Advirtió que a nivel mundial, México es el número 142 de 163 países más violentos que atraviesa una “crisis de violencia difícil”.
Aumentan delitos pero disminuye su investigación
La activista y académica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa María Gómez Saavedra, integrante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad y miembro de la Alianza Feminista, advirtió que ante las cifras presentadas en la entidad se vive un “estado de emergencia humanitaria” y señaló que existen 35 mil desaparecidos en el país. Agregó que hay 200 mil carpetas de homicidios dolosos y lamentó que no haya acompañamiento adecuado para las víctimas.
“De cada víctima directa hay cinco indirectas. No podemos continuar en la visión de ‘no pasa nada’. Hay víctimas sicológicas pues la comunidad está afectada”, señaló Gómez Saavedra.
En seguida, la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Guerrero “Hannah Arendt” (Ovicom), Rosa Icela Ojeda Rivera advirtió que aunque aumentó de la comisión de delitos disminuyó la investigación de los mismos.
E hizo referencia a los señalamientos por la falta de casos investigados, no son por problemas de falta de personal, sino de eficiencia.
“Sé que en éste evento se trata de alentar a las y los escuchas una actitud positiva y con acción común, pero para ello me parece imprescindible comenzar con proporcionar algunos elementos de nuestra realidad, (porque) para modificarla necesitamos seguir creciendo y sumando nuestros esfuerzos”, dijo.
Mencionó que Guerrero aumentó éste año su tasa de homicidios y se ubica en el lugar 31 solo por debajo del “menos pacífico” Baja California Sur.
El 97 por ciento de los delitos no son denunciados
“De acuerdo al Índice, Guerrero tiene la segunda tasa más alta del país con 71 por cada 100 mil habitantes y de acuerdo con ese índice de impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas, documento que tuve la oportunidad de contrastar con el Índice de Paz… Guerrero está en el grupo de impunidad más alto con un porcentaje de cifra negra o de delitos no denunciados del 97 por ciento, que es superior a la cifra nacional de 93 por ciento”, detalló la investigadora guerrerense.
Añadió que tales números reflejan “una alta desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia y una baja cultura de la denuncia. Guerrero también se ubica en el tercer lugar peor calificado en la cadena de impunidad, de las 23 mil 934 averiguaciones previas, sólo menos de 4 mil, 3 mil 544 pasaron a proceso de causa penal. Esto significa el 14 por ciento; el año pasado, 2016 fue de 23 por ciento, lo que significa que aumentó la comisión de delitos, y disminuyó su investigación”.
Y continuó: “del total de averiguaciones previas sólo el 11 por ciento alcanzaron sentencia, y sólo el 10 por ciento fueron sentencias condenatorias. Quiero decir que Guerrero involucionó, de acuerdo al índice de impunidad, las mayores debilidades están en la dimensión funcional de seguridad y en la estructura de justicia, ya que Guerrero cuenta con 73 elementos de personal de lasa procuradurías por cada 100 mil habitantes por debajo de la nacional que es de 79. El año pasado existían 2.2 agencias por cada 100 mil habitantes, y este año y a pesar de la alerta por violencia de género, bajó a 1.6 y, la media nacional es de 3.5”.
Según datos proporcionados por Ojeda Rivera, extraídos de la investigación de la Universidad de Las Américas, la cantidad de personal en Guerrero se halla por encima de la media y para ellos es un problema de eficiencia.
Enfatizó que el año pasado registró máximos históricos de una “escalada de violencia” y alcanzó las cifras de 2011.
Habló de diversificar mecanismos de contención de la violencia y dijo que es un error militarizar la vida social, pues se ha demostrado que “representa un fracaso pues hay reducción de espacio público y la democracia”, además que se demostró una “eficacia limitada de la seguridad militarizada”.
Destacó que es “indispensable desagregar” los datos de feminicidios como un delito autónomo, pues indicó que se trata de un indicador de civilidad de una sociedad.
El integrante del Movimiento por la Paz del poeta Javier Sicilia, Javier Morlet Macho comentó que los datos vertidos en el Índice de Paz México, presenta variables motrices que intervienen en la generación de violencia pero que también hay factores culturales, económicos, sociales que se deben abordar.
“Dadas las condiciones planteadas el problema se va a resolver ni en el corto, en el mediano, ni en el largo plazo. La guerra contra las drogas no es un objetivo de política pública para construir la paz, se requiere estrategias más amplias y eficaces para combatir las violencias”, expresó.
(En la imagen: El activista Javier Morlet; la catedrática de la UAG Rosa María Gómez Saavedra; la coordinadora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt, Rosa Icela Ojeda en la presentación de los resultados del Índice de Paz México 2018 por el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz en la Universidad Loyola del Pacífico. Foto: Jesús Trigo)
