Monitor de Guerrero
Marcos Méndez Lara
El porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 208 sujetos obligados o dependencias públicas registrados en el estado de Guerrero es de 39.6 por ciento, según la verificación diagnóstica concluida en diciembre de 2017 por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).
Lo grave de esta información es que hay 36 sujetos obligados que no habían cargado ni un solo dato a la plataforma nacional de transparencia a esa fecha, y de éstos, 24 son ayuntamientos, siete del Ejecutivo, tres paramunicipales (organismos municipales de agua potable) y dos partidos políticos. Esto significa que 17.3 por ciento de las dependencias que tienen la obligación de publicar su información en la plataforma, todavía no lo han hecho, no obstante que se han dado prórrogas de varios meses y muchas facilidades de asesoría y capacitación para que estuvieran en condiciones de hacerlo.
Pero adicionalmente otras 32 dependencias públicas no fueron verificadas por diferentes circunstancias, siete en el caso de los ayuntamientos y ocho del Ejecutivo. También, siete sindicatos y siete juntas locales de conciliación y arbitraje -éstos supuestamente porque son sujetos obligados recién incorporados al sistema-; uno del poder Judicial, un organismo autónomo y un organismo de agua potable.
En total, 68 dependencias no tienen ninguna información publicada, y esto representa 32.6 por ciento del total, es decir, en Guerrero un tercio de las instituciones públicas obligadas a transparentar sus actividades no lo han hecho.
Hay otro grupo de 50 sujetos obligados, que representan el 24 por ciento del total, que no alcanza ni el 20 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Esto se traduce en que en Guerrero hay 118 dependencias públicas cuyo nivel de atención a sus obligaciones de transparencia que establece la ley es bajísima, ya sea porque no han subido ningún dato o porque están por debajo del 20 por ciento de cumplimiento. Esto no es bueno para Guerrero y se requieren acciones urgentes.
En contraparte, hay un grupo de sólo 51 sujetos obligados (24.5 por ciento del total) que cumplen medianamente o de manera destacada con sus obligaciones de transparencia, ya que en sus evaluaciones obtuvieron porcentajes por arriba del 60 por ciento. Entre éstos se encuentran 30 dependencias del Ejecutivo, ocho ayuntamientos, seis organismos autónomos, dos partidos políticos, y dos del poder Legislativo, entre los más relevantes.
La evaluación
Por vez primera, el Itaigro realizó, con su propio personal, un monitoreo a la transparencia de los sujetos obligados o dependencias públicas de la entidad. En 12 años de existencia, el órgano garante no había efectuado ningún tipo de monitoreo, no obstante que las diferentes normas siempre han establecido la obligación de hacerlo.
Esta primera revisión del órgano garante puede considerarse como una de las últimas actividades importantes de los anteriores comisionados; es un resultado neto de las reformas a la legislación de transparencia de los años recientes, que exige a todos los institutos de transparencia del país realizar una revisión diagnóstica a las obligaciones de transparencia publicadas en la plataforma nacional de transparencia durante 2017. Pero a partir de 2018, esta actividad deberá realizarse cuando menos dos veces al año y los resultados ahora sí tendrán efectos vinculantes, es decir, el propio instituto o cualquier ciudadano podrán exigir el cumplimiento del 100 por ciento de las obligaciones de transparencia, ya que de lo contrario, podrá haber sanciones para los incumplidos.
Persisten las resistencias
Los resultados de la verificación diagnóstica son conocidos por cada uno de los sujetos obligados, ya que la revisión fue realizada de manera coordinada entre el personal del Itaigro y los titulares de las unidades de transparencia. A cada uno, pues nadie cumplió con el 100 por ciento, se le entregó un pliego de recomendaciones para subsanar las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo perentorio. Hubo, sin embargo, muchas dependencias que hicieron caso omiso.
Por ejemplo, sobresalen aquellos sujetos obligados que además de obtener cero de calificación por no haber publicado ningún dato en la plataforma nacional, tampoco atendieron el exhorto del órgano garante. Es el caso de la Secretaría de Cultura, Agroindustrias del Sur, Comisión Estatal del Arbitraje Médico, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Colegio de Educación Profesional Técnica, Instituto del Deporte, los Fideicomisos Bahía de Zihuatanejo y Guerrero Industrial.
Están en el mismo caso el Consejo Estatal de Políticas Públicas, la Casa Guerrero en la Ciudad de México, la Universidad Intercultural del estado, el Partido del Trabajo, las comisiones de agua potable de Buenavista de Cuéllar, Chilpancingo, Taxco y Tixtla.
Entre los ayuntamientos que no han subido información y no atendieron la recomendación del Itaigro están Juan R. Escudero, Arcelia, Cocula, Cuajinicuilapa, José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapan, Petatlán, Tecpan, Tlalixtaquilla, Xochihuehuetlán y Xochistlahuaca.
También Acatepec, Atlamajalcingo, Copalillo, Cualac, General Canuto Neri, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tixtla, Tlapa, Zapotitlán, Alpoyeca, Azoyú, Copanatoyac, Cuetzala, Igualapa, Leonardo Bravo, Mochitlán, Tecoanapa, Tlalchapa, Xalpatláhuac y Zitlala.
Pero hubo muchos otros casos que aun cuando se destacaron por obtener promedios altos de calificación, no entregaron su informe para corregir sus deficiencias. Es el caso de las secretarías de Finanzas y Administración, y General de Gobierno, y el ayuntamiento de Acapulco. En general, el Itaigro registró 80 dependencias que entregaron informe de subsanación de deficiencias, 91 no lo hicieron, y 19 lo entregaron con observaciones.
Los que sí
Hay un puñado de sujetos obligados que sí está cumpliendo con la publicación de su información de oficio. De acuerdo con el reporte del Itaigro hay siete dependencias del Ejecutivo que tienen porcentajes por arriba del 90 por ciento, dos ayuntamientos (Acapulco y Pilcaya), pero también el Partido Revolucionario Institucional, el Congreso del estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el propio Itaigro. En total, 12 dependencias con niveles satisfactorios de cumplimiento, apenas 5.7 por ciento de los 208 sujetos obligados.
También hay dependencias que se ubican entre el 80 y 89 por ciento de cumplimiento, entre éstas, nueve del gobierno del estado, el Partido Verde Ecologista de México, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT-Guerrero.
Aunque todavía son pocas las dependencias de Guerrero que están cumpliendo, estamos en un momento en que es necesaria la intervención de la ciudadanía. La información que se obtiene como resultado de las políticas de transparencia y de información gubernamentales sólo tendrá una utilidad social en la medida en que los ciudadanos la empleen para resolver problemas, para ejercer sus derechos y para exigir una mejor y más eficaz gestión pública.
Desde 2002 hemos exigido, junto con otras personas y organizaciones, que las instituciones gubernamentales del estado transparenten su información, y hasta hoy se observan algunos resultados palpables. Por eso ahora toca a los ciudadanos, grupos organizados, estudiantes, investigadores y periodistas revisar, analizar y evaluar la actividad gubernamental a través de la información que publican.
Desafortunadamente no hay una cultura para realizar este tipo de ejercicios -que hacen diferente a una ciudadanía activa del clientelismo y otras prácticas de manipulación-; la promoción para que la información pública tenga una utilidad social será un proceso cuesta arriba, pero necesario y en el que pueden contribuir sectores conscientes y de avanzada del propio aparato gubernamental.
Los medios de comunicación también tienen una función importante. Desde ya, pueden revisar la plataforma nacional de transparencia para analizar la información que publica cada dependencia, y cuestionar, analizar, presentar solicitudes de información sobre los datos que aún queden oscuros; es una forma de periodismo de investigación, del que todavía hay poco en Guerrero.
En la medida en que la población haga suyos estos mecanismos y conozca y analice la información de lo que hacen sus gobernantes, en esa medida tendrá la posibilidad de exigir que los recursos se ejerzan con eficiencia y eficacia, que le construyan obra pública, y que le presten servicios de educación y salud de calidad, entre otros temas.
Política de transparencia
Desde 2014 hay una política nacional de transparencia en México, que en el plano legislativo se concretó con las reformas a la Constitución y la promulgación de la Ley General de Transparencia. Son cuatro años en que los sujetos obligados han sido informados de sus obligaciones, han tenido oportunidades de capacitación y asesoría, tanto del INAI como del Itaigro, y hasta se les concedieron dos prórrogas para tener 100 por ciento de su información en la plataforma nacional de transparencia. Todo esto sin contar que desde junio de 2006 todas las dependencias saben que deben publicar información básica sobre sus actividades y finanzas, sin importar si hay cambios de gobierno. Son compromisos institucionales.
Pero el panorama actual que presenta el estado no es muy alentador, los datos duros del diagnóstico realizado por el Itaigro muestran rezagos preocupantes. ¿Qué hace falta para que haya un cumplimiento cabal?
Sin duda está presente el desinterés de los titulares de los sujetos obligados y una manifiesta oposición a cumplir con la ley, pues se piensa todavía que los recursos públicos son patrimonio de los gobernantes, y que la transparencia sólo entorpece ese camino.
Los cambios que se busca introducir en la gestión pública –como la transparencia, la rendición de cuentas o la evaluación de las políticas y programas públicos–, implican capacitación, nuevos procedimientos, adecuaciones a las estructuras, son procesos lentos, con resistencias, inercias y oposiciones al cambio. Y aunque han madurado varias de las etapas, ya es tiempo de emplear el componente coercitivo, el de las sanciones, que hasta hoy es desconocido en Guerrero, ya todavía en el estado nadie ha sufrido consecuencias por no acatar la ley. Al día de hoy, esa dimensión de las sanciones no se ha desarrollado, ni por la Secretaría de Finanzas y Administración ni por el Itaigro, por lo que está coja la política de transparencia en Guerrero.
Lo que no ayuda
La semana anterior, el presidente comisionado del Itaigro, Pedro Arzeta García, “reconoció el esfuerzo del alcalde Jesús Tejeda por garantizar al ciudadano el acceso a la información de acuerdo con lo que marca la ley en la materia”, según información del instituto publicada en su red social.
En el mismo acto de toma de protesta del comité de transparencia de Chilpancingo, el comisionado Francisco González Tapia Gutiérrez expresó que “debo reconocer que el Instituto de Transparencia, si bien es cierto es el órgano garante a nivel estado, no podría cumplir con sus obligaciones si no estuviera auxiliado por los sujetos obligados por eso el día de hoy, esta recomposición del órgano municipal, abona a que la transparencia en el estado se suscite adecuadamente (sic)”.
Ambos comisionados conocen perfectamente el diagnóstico del estado en materia de transparencia, pues el propio instituto se encargó de realizarlo. También saben que el ayuntamiento de la capital tiene bajísimos niveles de transparencia en la plataforma nacional (apenas 22 por ciento) y ni siquiera tiene un apartado de transparencia en su portal electrónico.
Los comisionados también saben, porque firmaron dos acuerdos de incumplimiento de entrega de información en contra del ayuntamiento de Chilpancingo apenas el 1 de marzo, que este gobierno municipal no es el más dispuesto a cumplir con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Entonces la pregunta es ¿cuál es reconocimiento que merece el presidente municipal capitalino en materia de transparencia? El Itaigro es un organismo autónomo que debe cuidar lo que dice y hace; no abona en nada que los comisionados reconozcan merecimientos donde no los hay, y tal vez sea mejor que contribuyan a que los ciudadanos confiemos en ese organismo, al que la mayoría de los comisionados anteriores se encargaron de desprestigiar.
La ecuanimidad en las declaraciones, ejercer su autonomía e independencia respecto de los poderes, y mucho trabajo es lo que se necesita en el organismo en este momento.
