Según el monitoreo de Todos sus nombres, todas sus luchas, de la organización Educa fueron asesinados en el país 225 activistas de diciembre del 2018 a octubre del 2024. Destaca en el estado la desaparición forzada y asesinato de Arnulfo Cerón en la que denunciaron a autoridades de Morena como presuntas responsables. También la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz del Cecop. El CRAADT, el Cipog-EZ y la CRAC-PC, otras de las organizaciones con víctimas
Chilpancingo, Guerrero, 5 de noviembre de 2024. Después de Oaxaca, Guerrero ocupó en el sexenio pasado el segundo lugar en el sur-sureste del país como una de las entidades más peligrosas para los defensores con 39 asesinatos, de acuerdo al monitoreo de Todos sus nombres, todas sus luchas, de la organización Educa.
Oaxaca ocupó el primer lugar, con 58 personas defensoras asesinadas, mientras que Chiapas con 17 se ubicó en el tercer lugar, en total se contabilizaron 114 asesinatos en las tres entidades que representan el 51 por ciento de todos los casos en el país, que fueron 225 de diciembre del 2018 a octubre del 2024.
Aunque el monitoreo se realizó de diciembre de 2018 a octubre de 2024, en el caso de Guerrero el primer homicidio que se contabilizó fue el de Julián Cortés Flores, indígena me’ phaa integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), asesinado en San Luis Acatlán, el 12 de abril del 2019 y los últimos de la lista son María de Jesús Pasado y Alberto Verales, indígenas nahuas, integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), así como del Congreso Nacional Indígena (CNI), de Alcozacán, municipio de Chilapa, ocurridos el 18 de julio de este año.
Es decir, los 39 asesinatos contabilizados en la entidad se cometieron de abril del 2019 a julio del 2024.
También se destaca que en el sur-sureste, de los cinco casos de desaparición forzada de personas defensoras en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntas responsables, una ocurrió en Guerrero y se trata de Arnulfo Cerón Soriano desaparecido en Tlapa el 11 de octubre de 2019 y encontrado en una fosa clandestina el 20 de noviembre.
El documento no lo menciona, pero en este caso a quien se señaló como presunto responsable intelectual fue al entonces jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, quien ordenó desaparecer y asesinar a Arnulfo después de una serie de protestas y movilizaciones contra la administración del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.
Los otros casos ocurrieron en los municipios de Amatán, Chiapas; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca.
“En todos los casos hay búsquedas deficientes y una falta de acceso a la justicia”, subraya el documento.
Los datos revelan que de los 225 asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y el territorio en el país, 141 eran indígenas y afromexicanos.
También en el mismo periodo se contabilizaron 27 defensores desaparecidos y de Guerrero sólo se contabilizó uno: el de Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), desaparecido en Acapulco el 5 de agosto del 2021.
De acuerdo con los datos de la organización, en el mismo periodo cada año en promedio fueron asesinadas 38 personas defensoras, se cometieron 252 violaciones al derecho a la vida de personas defensoras; 225 homicidios y 23 desapariciones forzadas, de las cuales cuatro víctimas aparecieron con vida.
Se destaca que el 2021, “fue el año más letal con 47 personas defensoras asesinadas”.
Asimismo, en 42 de los 225 casos de homicidio, las organizaciones señalan al Estado mexicano de cometer una “ejecución extrajudicial”.
De los 39 asesinatos cometidos contra defensores en Guerrero, destacan el de Julián Cortés Flores, indígena me’ phaa integrante de la CRAC-PC, asesinado en
San Luis Acatlán el 12 de abril del 2019.
Los de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, indígenas nahuas, promotores del Cipog-EZ, y José Lucio era Concejal Nahua del Concejo Indígena de Gobierno y además era coordinador regional del Comité de la CRAC-PF.
Ambos fueron ejecutados el 4 de mayo del 2019 en Chilapa.
Asimismo, Isaías Cantú Carrasco, indígena Me phaa, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), asesinado en Malinaltepec el 11 de octubre del 2019.
También se incluye el caso de Arnulfo Cerón Soriano, indígena nahua dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), quien desapareció en Tlapa el 11 de octubre y fue encontrado en una fosa clandestina el 20 de noviembre del 2019.
Otro caso es el de Manuel Alejandro Gutiérrez, indígena nahua, fundador y coordinador del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, asesinado el 9 de diciembre del 2019.
Además, Jesús Memije Martínez, delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Costa Grande, asesinado el 24 de abril del 2020 junto con su hijo cuando se dirigían a la comunidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez.
Un líder minero, un defensor del bosque, un comunitario del Cecop
A la lista de víctimas se suman Óscar Ontiveros Martínez, líder minero opositor a la empresa Media Luna de Cocula, asesinado el 12 de mayo del 2020.
Juan Aquino González, indígena nahua, defensor del bosque del municipio de Copalillo e integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Guerrero asesinado el 18 de octubre del 2020.
María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, indígenas nahuas del Cipog-EZ), asesinados en la carretera Chilapa-Tlapa el 20 de diciembre del 2020.
Isaías Elacio Palma, integrante de la CRAC-PC de Huamuchitos, municipio de Tecoanapa, asesinado en Acapulco el 15 marzo del 2021.
Carlos Marqués Oyorzábal, campesino defensor del bosque y comisario municipal del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, ejecutado y decapitado el 4 de abril del 2021.
Marco Antonio Arcos Fuentes, comisario municipal de Jaleaca de Catalán y defensor del bosque, asesinado en Chilpancingo el 21 de mayo del 2021.
Ramiro Ventura Apolonio, policía comunitario de la CRAC-PC y miembro del Cecop, asesina-do en Acapulco el 4 de agosto del 2021.
Luis Donato Ortiz, defensor del pueblo afromexicano, fundador del Consejo Ciudadano en Marquelia, asesinado el 28 de abril del 2022.
Alberto Morales Sebastián, comandante de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF e integrante del Cipog-EZ, ejecutado el 9 de julio del 2022.
Texto: Zacarías Cervantes
