Texto: Agencia Reforma, DPA / Foto: Tatiana Maillard, archivo El Sur
Ciudad de México, 12 de abril de 2018. La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero) habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis muertos más y policías de ese municipio, Cocula y Huitzuco participaron en auxilio de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, de acuerdo con el periódico Reforma, que se edita en la Ciudad de México.
En la nota principal de su edición de este jueves, firmada por Roberto Zamarripa, el rotativo agrega: “Jefes de esa organización criminal (Guerreros Unidos) dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir ayuda al Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado”.
Lo anterior, precisa la nota, está documentado en conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios en Iguala. Dichas conversaciones, a través de Blackberry, e interceptadas por agencias estadunidenses con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial en el que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago.
Los ocho están detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y no han sido interrogados por los hechos de Guerrero.
Conforme a esas versiones junto con la agresión del grupo criminal a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con la banda de Los Rojos, y hubo al menos seis muertos.
Los integrantes de GU creían que un grupo enviado por Santiago Mazari, El Carrete, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival.
Las comunicaciones están en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) y una parte fue compartida en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.
Reforma accedió a algunas transcripciones aportadas por el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas.
En sus comunicaciones los jefes en Chicago tienen versiones diferentes del número de desaparecidos e ignoran el paradero.
En una conversación hablan de “60 paquetes” en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas, 17 más que los 43 normalistas hasta ahora conocidos.
Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chicago afirma en otra de las conversaciones con “Covra”, una semana después de los hechos, que hay “50 chavos desaparecidos”.
“Covra” responde: “En la madre. Tantos.ps dónde los metieron? Tantos”.
Y en ese contexto destaca que, “conforme esas versiones, junto con la agresión de GU a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con un grupo de Los Rojos en el que hubo por lo menos seis muertos”.
“Los integrantes de GU creían que un grupo de Los Rojos, enviados por Santiago Mazari, alias El Carrete, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival”.
Jefes de Guerreros Unidos siguieron en tiempo real la desaparición de los 43
Jefes del cártel Guerreros Unidos siguieron casi en tiempo real en 2014 desde Chicago la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México y dieron órdenes telefónicas, revela hoy el diario mexicano Reforma.
“No supieron controlar a la gente, tá cabrón. Se va a hacer un desmadre”, cuestiona uno de los supuestos jefes del cártel en Estados Unidos, Pablo Vega, entre tanto detenido, al enterarse de la desaparición de los estudiantes y un ataque por error al autobús del equipo juvenil de futbol Los Avispones.
Los mensajes de Blackberry fueron interceptados por autoridades estadunidenses y compartidos con la Fiscalía mexicana como parte de una investigación por tráfico de cocaína y heroína.
Los estudiantes de la Escuela Rural Normal Ayotzinapa para formación de maestros desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, a la que habían ido para apoderarse de autobuses para una manifestación.
Según las autoridades mexicanas, fueron confundidos con miembros del cártel rival de Los Rojos y por eso perseguidos y detenidos por policías aliados a Guerreros Unidos, en un hecho que dejó, además, al menos seis muertos en los tiroteos.
De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, el cártel usaba autobuses para traficar heroína desde Iguala. Por eso, un grupo internacional de expertos independientes (GIEI) sostiene que los jóvenes pudieron haber tomado por error un autobús con droga y eso podría haber originado la persecución.
Los mensajes no revelan el destino de los estudiantes pero sí que el cártel creyó que un grupo de Los Rojos pretendía tomar el control de Iguala.
Hasta ahora sólo se halló e identificó con certeza un hueso calcinado de uno de los jóvenes. La versión original de la Fiscalía de que todos fueron incinerados en un basurero fue desacreditada por peritos independientes.
Un personaje, identificado como “Silver” y supuesto testigo protegido en Estados Unidos, dio órdenes en sus mensajes telefónicos para pedir apoyo a autoridades aliadas, entre ellos el ex alcalde José Luis Abarca, y recibió informes la tarde del 27 de septiembre.
“Van a tapar todas las entradas”, le escribe una persona que se identifica como “Soldado del Amor”. Otro sostiene que el entonces fiscal del estado de Guerrero ya los había traicionado.
Más de un centenar de personas, entre ellas Abarca, policías y miembros de Guerreros Unidos, han sido detenidas por estos incidentes.
Vega es uno de los más críticos en sus mensajes con la manera en que se estaban manejando las cosas en Iguala.
“Es una pendejada, eso nos va a costar el negocio”, dice Vega a una persona que se identifica como “Vitola 08”, al considerar que las cosas se habían salido de control.
En los intercambios se da la versión de que esa noche hubo entre 50 y 60 personas desaparecidas, y no sólo 43, y se menciona otro supuesto enfrentamiento con seis muertos más.
Parte de las escuchas, hechas con autorización judicial a 11 teléfonos entre fines de 2013 y octubre de 2014 por autoridades estadunidenses, fueron presentadas por la Fiscalía mexicana en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo en Bogotá.
