La administración debe informar hoy martes al magistrado de cómo marchan los esfuerzos para reunir con sus padres a unos 2 mil 500 niños mayores de 5 años antes del próximo jueves.
Texto: DPA / Foto: Archivo EFE
Washington, 24 de julio de 2018. Más de 450 padres indocumentados a los que la administración de Donald Trump ha separado de sus hijos en la frontera con México podrían haber sido deportados ya sin haber sido reunidos con los menores.
Así se desprende de un documento entregado por el gobierno al juez de California que ordenó las reunificaciones de las familias separadas.
La administración debe informar hoy martes al magistrado sobre cómo marchan los esfuerzos para reunir con sus progenitores a unos 2 mil 500 niños mayores de 5 años antes del próximo jueves, que es el día que el juez Dana Sabraw, de San Diego, ha puesto como fecha límite.
En el escrito, el gobierno aseguró que unos mil 187 niños mayores de 5 años han sido reunidos ya con sus padres. E indica que 463 progenitores no están ya en el país, por lo que pueden haber sido deportados quedando sus hijos en Estados Unidos.
La semana pasada, el juez Sabraw ordenó la suspensión temporal de deportaciones —que se hicieron bajo la Tolerancia Cero— de las familias inmigrantes reunidas.
La mayoría procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La separación se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio en abril orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.
La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Bautizada como “tolerancia cero”, la administración de Trump ha utilizado esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.
Las separaciones generaron una ola de indignación con el gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.
El juez Sabraw, entretanto, ordenó las reunificaciones, en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país.
