Gaspard Estrada
Tras la renuncia, hace unas semanas, del ministro de economía de Argentina, Martín Guzmán, los principales indicadores económicos del país sudamericano entraron en una zona de turbulencias. El sismo político y económico fue tal que dejó al presidente, Alberto Fernández, y a su vicepresidenta, Cristina Fernandez de Kirchner –que no ha dejado de criticar y de sabotear la acción del jefe de Estado desde el inicio de su gobierno– sin muchas alternativas.
Sin acuerdo entre ellos, el gobierno de Fernández no tendría ningún futuro. Eso fue lo que terminó sucediendo hace unas semanas. Tras horas de especulaciones, el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, y ex aspirante presidencial del peronismo, Sergio Massa, comenzó a circular en los medios, antes de ser confirmado por la oficina de prensa de la presidencia de la República Argentina.
No se trató de una decisión fácil para Alberto Fernández. Para aceptar el cargo de ministro de Economía y asumir el costo político ligado al nombramiento en un momento de crisis –que podría significar el punto final de su carrera política en caso de que su gestión sea un fracaso–, Sergio Massa pidió a cambio el respaldo político del kirchnerismo y el control total de la política económica. En un primer momento, Fernández y Kirchner le dijeron que no. El primero, porque sabía que con Massa en el Gabinete su poder sería solo testimonial. La segunda, porque ve en Massa a un político con ambiciones presidenciales que construyó su carrera política asegurando que la metería presa por corrupción. La dupla presidencial eligió entonces a Salvina Batakis como ministra, que poco pudo hacer para detener la debacle. Hace unos días, Batakis fue despedida y Massa tuvo una segunda oportunidad.
En este contexto de crisis aguda, Fernández se ha entregado a Massa a un costo altísimo. Desde hoy, será solo un presidente a cargo de cuestiones burocráticas, mientras toda la atención se mudará desde la Casa Rosada, sede de la presidencia, hacia el ministerio de Economía. Kirchner, en tanto, dejó de lado viejos rencores, atenta a que estaba en juego la supervivencia del gobierno. Las medidas que anunció Massa van en contra del ADN del kirchnerismo. Por mucho menos se fue Guzmán, tras soportar el escarnio público de la expresidenta.
Sin embargo, Massa no obtuvo todo lo que pedía. Es decir, no tendrá el poder total sobre la política económica. La Secretaría de Energía quedó, al menos por ahora, en manos de un hombre de Kirchner, lo mismo que la AFIP, la oficina de recaudación pública. El Banco Central seguirá a cargo de Miguel Pesce, que responde a Fernández. La agenda de energía es clave: el año pasado, el Estado destinó 11 mil millones de dólares al subsidio de las tarifas de gas y electricidad para los hogares. Los intentos de Guzmán para subir esas tarifas y reducir los subsidios, una exigencia del FMI, chocaron una y otra vez contra los funcionarios de Kirchner, al punto que el ministro renunció con un portazo. Que Massa pueda superar ese obstáculo será clave para el éxito de su gestión.
En este sentido, el eje del plan de Sergio Massa es sostener el peso, acumular reservas y reducir drásticamente el déficit fiscal. No hay grandes novedades en la lista: es lo que exige a Argentina el Fondo Monetario Internacional desde enero, cuando se firmó un acuerdo para refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares.
Reducir la emisión de deuda es la espada que utilizará para controlar la inflación, que se ha disparado por encima del 80 por ciento anual en las proyecciones más optimistas. Para fortalecer las reservas internacionales, clave para sostener el valor de la moneda argentina, el ministro anunció el ingreso de 7 mil millones de dólares al Banco Central, producto de un acuerdo por 5 mil millones de dólares con exportadores industriales que tenían retenida la liquidación de sus ventas. El resto vendrá de créditos con organismos internacionales. Habrá, al mismo tiempo, un canje voluntario de la deuda pública en pesos que vence durante los próximos tres meses. El ministro adelantó que ya tiene el compromiso de adhesión del 60 por ciento de los tenedores de bonos.
La reducción del déficit es la principal batalla que deberá librar Massa. El plan prevé mantener congelada la planta de trabajadores del Estado. Pero la principal apuesta está en la reducción de los subsidios que el Estado paga hoy a las empresas generadoras de gas y electricidad, lo que supondrá un aumento de las tarifas de los hogares. El gobierno ya había implementado un sistema de segmentación por ingresos que quitaba las ayudas a las familias ricas.
Falta saber si estas medidas serán suficientes para recuperar la confianza, y darle asi una nueva política al gobierno de Alberto Fernandez de cara al final de su mandato, a finales de 2023.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
