Con estos homicidios se pierden posibilidades de conocer lo sucedido, dice el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que lleva la defensa de los padres de los normalistas. En el documento elaborado con motivo de su 27 aniversario, plantea que todos los elementos de las investigaciones dan cuenta de que el Ejército mexicano está implicado en la desaparición de los estudiantes, y es necesario investigar exhaustivamente a la institución
Chilpancingo, Guerrero, 23 de diciembre de 2021. De acuerdo con el 27 informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tu nombre que nunca olvido, el testimonio de Juan N que refiere que los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron atacados porque quedaron en medio de un enfrentamiento entre Guerreros Unidos y el grupo delictivo que dirige Onésimo Marquina, y que fueron divididos en tres grupos y después asesinados, se cae con la conversación interceptada por el Ejército que se hizo pública entre el jefe de plaza de Guerreros Unidos, Gildardo López, quien es Juan N, y el subdirector de Seguridad Pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares.
En su informe presentado este 15 de diciembre, Tlachinollan dio a conocer que del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, nueve testigos claves han sido asesinados y con esto se pierden posibilidades de conocer lo sucedido, entre ellos, destacó el asesinato del comandante de la Policía Ministerial del estado de Guerrero, Wenceslao Elizalde Zempoalteca, quien habría estado implicado en la entrega de algunos restos que el grupo delictivo Guerrero Unidos hizo a solicitud del gobierno federal, para dar resultados en las investigaciones y estos habrían sido llevados al basurero de Cocula para fabricar la “verdad histórica”.
También resaltó el asesinato del ex agente de la Policía Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, quien formaba parte de Guerreros Unidos, su hermano y dos hijos, policías ministeriales en activo, quienes asegura que participaron en los operativos realizados durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Otro caso es el de Juan Salgado Guzmán, alias el indio, quien participó en la desaparición de los estudiantes, y posteriormente fue asesinado por agentes de la Policía Federal Ministerial en un operativo donde se le pretendía recapturarlo, según el informe de Tlachinollan, a los policías aprehensores por esta irregularidad se les inició un procedimiento legal.
Tlachinollan expone en su informe que el Ejército mexicano ha ocultado información relevante para la investigación, como la intercepción telefónica a los dispositivos de un jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo con el entonces subdirector de la Policía Preventiva, Francisco Salgado Valladares, realizadas la noche del 26 de septiembre de 2014 y que nunca pusieron a disposición de las autoridades.
Explicó que entre junio y agosto de 2019 cuando la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) tomó las investigaciones, encontraron serias inconsistencias, aunado a un amparo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, que señaló que detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados y sometidos a malos tratos para que confesaran que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, testimonios que eran la columna vertebral de la acusación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero con el amparo quedaba seriamente debilitada, y decenas de detenidos empezaron a obtener su libertad.
Respecto al avance en las investigaciones, el informe reveló que testigos e informantes han aportado nuevos datos relevantes para esclarecer los hechos, por ejemplo han declarado que los estudiantes fueron detenidos y separados en tres grupos: unos habrían sido detenidos por sicarios de Guerreros Unidos denominados Los Tilos, el otro por elementos de la Policía Estatal y uno más por elementos del Ejército mexicano.
Detalló que de estos últimos eran alrededor de 25 estudiantes, quienes fueron “ingresados al 27 Batallón de Infantería, interrogados y posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los asesinaron”.
Agregó que “los restos de algunos jóvenes habrían sido disueltos en ácido, otros despedazados, incinerados y tirados en parajes aledaños a Iguala. Uno de los testigos señaló la zona de la barranca de la Carnicería. Después de buscar se encontraron cientos de restos, logrando identificar a dos estudiantes desaparecidos: Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz”.
Afirmó que los testigos señalaron que los restos de los estudiantes fueron arrojados en la barranca de la Carnicería, Coacoyula y las minas de Taxco, pero en estos dos últimos no se han realizado búsquedas.
Aseguró que debido a un testigo quien indicó la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos y su vínculo con algunos policías ministeriales y federales, así como con elementos del Ejército mexicano, la UEILCA logró la detención de Luis Antonio Dorantes Macías, comisario de la Policía Federal en Iguala el día de los hechos, del capitán José Martínez Crespo adscrito al 27 Batallón de Infantería, y de José Ángel Casarrubias Salgado alias El Mochomo, líder del grupo delictivo Guerrero Unidos.
Expone que los nuevos datos de prueba están basados en el testimonio de Juan “N” testigo protegido que refiere que los estudiantes fueron atacados porque quedaron en medio de un enfrentamiento entre Guerreros Unidos y el grupo delictivo que dirige Onésimo Marquina, aunque Tlachinollan reiteró que fueron los líderes de Guerreros Unidos quienes habrían dado la orden de desaparecer a los jóvenes, dividiéndolos en tres grupos y posteriormente asesinándolos.
La organización defensora de derechos humanos añadió que la tesis parecía consolidarse sobre todo con los hallazgos en la barranca de la Carnicería y las identificaciones de dos estudiantes basados en el testimonio de Juan N, sin embargo, el primero de octubre de 2021, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo pública una conversación entre Gildardo López El Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos, y el subdirector de Seguridad Pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, que fue interceptada por el Ejército mexicano el 26 de septiembre de 2014.
“En las conversaciones de texto El Gil dice al funcionario municipal que le entregue a los detenidos, y responde que le mandará a 21 y que tiene 17 detenidos. El jefe criminal le vuelve a decir que le mande a todos los detenidos. En las conversaciones refiere que los jóvenes serán asesinados y enterrados en unas fosas por Pueblo Viejo”, detalla el informe.
Tlachinollan señala que este dato de prueba que se hizo público, debilita la tesis que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto pretendía consolidar, pues el principal testigo se ve involucrado en los mensajes de texto interceptados, colocándolo como el principal responsable de la desaparición de los estudiantes.
Reveló que la tesis más consolidada basada en el testimonio de Juan “N”, que es Gildardo López Astudillo, pierde centralidad, pues en su testimonio ante la UEILCA afirmó que los estudiantes fueron divididos en tres grupos y después asesinados, pero con la intercepción de los mensajes en los que conversa con Salgado Valladares, indica que él habría privado de la vida a los estudiantes y los enterró en posibles fosas.
Para Tlachinollan la información que administró el Ejército mexicano dado que los mensajes fueron interceptados desde el 26 de septiembre de 2014, debe fincar responsabilidades por la omisión de las autoridades en la desaparición de los estudiantes, pues el entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, negó públicamente que la institución tuviese conocimiento de los hechos.
Cuestionó que la intervención telefónica demuestra que el Ejército supo en tiempo real qué iba a suceder con los estudiantes, tenía localizado a los autores de la desaparición y no lo comunicó a las autoridades, ni actuó para prevenir una agresión masiva.
También, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) a más de ocho meses no ha traducido varios expedientes que Israel ha solicitado para completar el proceso de extradición de Tomás Zerón; no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión contra personas que tenían un rol relevante en la estructura de Guerreros Unidos y que poseen información trascendente de la desaparición de los jóvenes; también permanecen funcionarios de primer nivel que defendieron la “verdad histórica” y que obstáculizan las investigaciones de la UEILCA.
Tlachinollan reiteró que todos los elementos de las investigaciones dan cuenta de que el Ejército mexicano está implicado en la desaparición de los estudiantes, y es necesario investigar exhaustivamente a la institución.
Argumentó que “el documento que se hizo público sólo es un extracto de la conversación, no de todo el diálogo que sostuvieron, por lo que falta saber cuál fue el dispositivo telefónico intervenido y hacer mayores análisis técnicos”.
A más de 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Tlachinollan afirmó que los impactos negativos en sus familias son visibles y prevalecen, una “herida en la sociedad mexicana sigue abierta, uno de los hechos que han marcado la historia de Guerrero y de México no ha tenido respuesta a pesar de las evidentes graves violaciones a los derechos humanos que agraviaron no sólo a los estudiantes y sus familias sino a la sociedad en general”.
Detalló que hasta la fecha se han llevado a cabo 55 búsquedas en diferentes lugares y municipios de Guerrero, y encontrando más de mil piezas óseas, uno de esos lugares es la barranca de la Carnicería, en el ejido de Cocula, municipio de Cocula, donde fueron localizados 185 restos óseos expuestos a la intemperie, de los cuales 22 fueron seleccionados y analizados por la Universidad de Innsbruck en Austria, el resultado fue la identificación de los estudiantes Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Concluyó que la esperanza sigue puesta en el actual gobierno federal y en que el pacto de silencio sea roto para garantizar el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Archivo
