Chilpancingo, Guerrero, a 1 de julio de 2026.- El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la región Costa Chica no es punto rojo por sucesos de violencia, sino una zona de atención para todas las autoridades que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Recordó que en agosto de 2025, comenzó el operativo Costa Chica Segura, en el municipio de Cruz Grande, para toda la región.
Sin embargo, denunció que todavía hay alcaldes que no hacen lo que les corresponde en materia de prevención del delito, como Igualapa, donde fue asesinado este domingo, el exalcalde, Apolonio Álvarez Montes.
Sobre la región Montaña, donde también fue atacada el domingo, la alcaldesa de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango, en la Montaña baja), Micaela Manzano Martínez, anunció que el gobierno federal está implementando tres rutas de atención como zonas prioritarias.
Señaló el corredor de Hueycantenango-Chilapa, y el corredor de Olinalá- Teticic, donde comunidades han denunciado ataques de grupos delictivos y desplazamientos forzados por la violencia.
Un tercer corredor de atención prioritaria que dijo, dará a conocer la propia presidenta de la República Claudia Sheinbaum, de quien destacó la responsabilidad que asumió para combatir la criminalidad desde las causas, y con justicia.
Consultado en su oficina, el funcionario recordó que el año pasado se realizó una intervención interinstitucional en la región Costa Chica, que generó estabilidad.
“Lo que ocurre en este caso (Igualapa), es que los presidentes municipales tienen que hacer su parte mientras esté la presencia institucional del Estado mexicano, de la cual también forman parte, deben contribuir a la seguridad, y no lo hacen”.
No obstante, agregó que la mayoría de los alcaldes ya entendió que deben usar el presupuesto de seguridad pública en contratar personal y mejorar las condiciones de su policía municipal, para tener estabilidad.
Pero, afirmó que Igualapa, entre otros ayuntamientos, no cumplen en esta función.
De los asesinatos que se siguen registrando desde el año pasado en municipios de la Costa Chica, señaló que son “reacciones” por los resultados de los actos de investigación y detenciones de la Fiscalía General del Estado “que incomodan”.
Advirtió que costó mucho trabajo entrar en comunidades de Costa Chica con operaciones, porque los pobladores en Igualapa, Ayutla, un tiempo en Cuajinicuilapa, bloquearon el paso a la policía y algunas ocasiones agredieron a los efectivos.
“Afortunadamente, hay que decirlo, cada vez son menos”, y en este sentido, es muy importante la colaboración de los gobiernos municipales.
Aseguró que ya se ha ido generando mayor participación de la sociedad, que permite que acudan las autoridades. “En la parte política, le digo a la población que con nadie van a estar mejor que con la presencia del Estado, ya la gente lo va entendiendo”.
Asimismo, señaló que avanzan en la cultura de la denuncia, que ayuda a reducir la criminalidad.
Señaló que las autoridades municipales deben dejar precedente de denuncias en situaciones de acoso, amenazas o extorsiones.
Rodríguez Cisneros resaltó que en Acapulco el delito de extorsión así como los homicidios dolosos vienen a la baja, debido a la denuncia.
Reconoció que hace mucho tiempo tampoco había detenciones por delitos relevantes, hasta la aprehensión de los presuntos responsables del homicidio del defensor social Marco Antonio Suástegui, “porque siempre existía cierta relación (con la víctima) y ahora, (en este caso) no”.
Aseguró que en otros hechos de alto impacto, también hay investigaciones de la FGE y del gobierno de México.
Destacó la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de asumir la responsabilidad ante la criminalidad, en dos vertientes: la atención de las causas de la violencia y la consecuencia jurídica de los actos, a través de detenciones y aseguramientos.
Refirió que en junio pasado, hubo tres aseguramientos de droga en el corredor Olinalá-Teticic, en la Montaña, en operaciones conjuntas de la federación y del estado.
Consideró que estas acciones no tuvieron reacciones de violencia, “porque hay presencia institucional”.
Agregó, que el gobierno de México está implementando la atención en zonas prioritarias en la entidad.
Uno de ellos es el corredor de Chilapa-Hueycantenango, donde en mayo hubo una crisis de seguridad, donde las comunidades de esta zona conocida como Montaña baja, denunciaron ataques del grupo delictivo Los Ardillos, y desplazamientos.
Destacó la atención, como zona prioritaria, el corredor de Olinalá-Teticic, donde también hubo una comunidad que denunció ataques y familias fueron desplazadas.
Se le recordó que en mayo, en Olinalá se registraron 13 homicidios en diferentes hechos, en los que no abundó, porque toca a la FGE determinar qué grupos operan en esta zona y cómo lo hacen.
Justificó que la FGE tampoco difunde resultados de estas investigaciones, para evitar la revictimización.
Intervención interinstitucional en Teticic
Aseguró que en Teticic hay una intervención interinstitucional integral. Se instaló una base de operaciones para garantizar la seguridad de los vecinos que están regresando a la población, luego de que fueron desplazados.
Afirmó que, desde el primer momento que se conocieron los hechos, acudieron todas las autoridades que forman parte de la Mesa de Construcción de la paz.
Confirmó lo documentado por El Sur, que hubo desplazamiento de personas de Teticic, que se establecieron en la cabecera municipal de Olinalá, y que “por la coordinación de los tres niveles de gobierno, se están generando las condiciones de seguridad para su retorno”.
Ratificó que Teticic es parte del corredor de atención prioritaria que la presidenta de la República instruyó, para brindar atención permanente con funcionarios del primer nivel del gobierno de México.
Destacó que el gobierno de México está apoyando al estado, para que las condiciones cambien, “hay cosas que no podemos hacer. Los alcaldes, dicen al gobierno del estado ‘no podemos solos’. Nosotros también decimos, ‘no podemos solos, federación’, y todos juntos trabajando y haciendo cosas, vamos a resolver lo que ocurre en esta región”.
Reconoció la coordinación que existe con el presidente municipal de Olinalá, la presencia federal y estatal.
Aseguró que no ha ocurrido nada más, desde la denuncia de los ataques en Teticic, “pero también estamos trabajando en atender las causas que generan la violencia y esta es una iniciativa muy oportuna de la presidenta de la República”.
Señaló que la estrategia va a traer apoyos para alejar a las personas de “prácticas que no son correctas, que se ajusten al Estado pleno de derecho”.
Toca a la alcaldesa de Hueycantenango, gestionar sus medidas cautelares, indicó
Tras conocer el ataque a la alcaldesa de Hueycantenango, donde su chofer resultó herido de bala, Rodriguez Cisneros aseguró que la servidora pública recibió atención integral.
Indicó que se comunicó con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y con la FGE que comenzó la investigación y confió en que pronto haya resultados.
“Es un hecho desafortunado, no lo minimizamos. Reconocemos los hechos, no los negamos. Éste, es un hecho delicado pero que no es sistemático ni se está repitiendo”.
Insistió en que hay presencia del Estado y se realiza la investigación de los hechos, sin obstrucciones, como ocurría en la Montaña baja, y en municipios de la Montaña colindante con Costa Chica.
Dijo que desconoce si la alcaldesa solicitó seguridad federal, como medida cautelar, tras el atentado.
Tampoco sabe si otros alcaldes tienen escoltas de la Guardia Nacional, ante acoso o amenazas. Señaló que a veces piden acompañamiento a ciertas actividades, de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal. “En esta coordinación interinstitucional se les da acompañamiento”.
Se refirió al caso de la coordinadora del Consejo Municipal de Ayutla, luego del asesinato del director de Obras Públicas y el tesorero municipal en la carretera Tierra Colorada-Ayutla, en marzo pasado. Dijo que de inmediato se hizo investigación y hubo detenciones de generadores de violencia importantes en la región.
Después de eso, cuando la coordinadora en funciones de presidenta se mueve, solicita acompañamiento institucional.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
