Las autoridades no han sido capaces de justificar las acciones realizadas, reconoce Marisela Reyes Reyes
Chilpancingo, Guerrero, 7 de febrero de 2025. La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer, Marisela Reyes Reyes, reconoció que después de siete años de la declaración de la Alerta de Violencia de Género, Guerrero tiene un cumplimiento del 8 por ciento en 21 medidas de atención, prevención y reparación de daño.
Esto porque como autoridades no han sido capaces de justificar las acciones que han realizado.
En un taller para personal de de áreas de la Mujer y de Género de los ayuntamientos, en el marco de la Semana Jurídica 2025, precisó que en términos porcentuales el avance es poco, pero hubo avances sustantivos de visibilización de la violencia de género contra las mujeres.
Aclaró que la evaluación de 8 por ciento de atención a 21 medidas del programa de la Alerta corresponde al informe del primer semestre de 2023.
Todavía no están los resultados de los informes semestrales del segundo semestre de ese año ni de todo 2024, donde hubo certificación de policías de género y la integración correcta de módulos de seguridad, destacó.
Con la extinción del Instituto de las Mujeres, y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) para la creación de la nueva Secretaría de la Mujer, aclaró que esperan el balance que se hará de las alertas, porque hay dos posiciones: una que dice que no están funcionando, y otra que reconocen su mérito.
También está pendiente la solicitud de la Alerta de violencia de género en Taxco, tras el feminismo de la niña Camila y el linchamiento de una mujer, que no ha sido resuelto.
Aun con poca asistencia en la sala de Juntas Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, explicó que la medida que tiene que ver con el rescate de espacios públicos a cargo de los nueve ayuntamientos alertados, no fue levantada porque no hicieron diagnóstico para demostrar los espacios rehabilitados eran de alta incidencia delictiva.
Señaló el caso de la Alameda o la plaza primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, espacios prioritarios que afecta la vida y la seguridad de las mujeres, que no se supo justificar.
“No sabemos documentar con registros serios, con controles. Es una falla general del Estado mexicano que está observado en ese sentido”.
Sugirió a las autoridades municipales que en un escenario de escasez, realicen acciones transversales de colocación de luminarias, de patrullajes y se destine un porcentaje del presupuesto a cumplir con las características de género.
Por ejemplo, iniciar un proceso de certificación de personal de Centros de Atención de las Mujer para que sea un externo con un estándar de competencia el que lo diga.
Informó que a nivel estatal realizaron un proceso de certificación de Atención a Víctimas de primer contacto, y descubrieron que había que afinar lo que creían que estaban haciendo bien.
Erika Salinas Valadez, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Conamur, pidió que se establezca que el pago de las certificadoras esté a cargo de las autoridades, porque a veces las titulares de unidades de género pagan de su bajo salario esos procesos.
Dos participantes denunciaron que no hay especialistas de salud mental y que los titulares desde secretarías de estado no tienen idea de lo que son las alertas ni les interesa trabajar de manera transversal.
Texto: Lourdes Chávez
