Iguala, Guerrero, a 15 de julio de 2026.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce en su recomendación 208VG-2026 la presencia de agentes del Ejército la noche del 26 de septiembre de 2014 que tuvieron acceso en tiempo real a los ataques cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, aunque minimiza o justifica su presencia en sitios clave como en la calle Juan Álvarez y el C-4.
La recomendación difundida el jueves de la semana pasada que ha sido vituperada por organizaciones sociales, padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos, así como sus representantes legales y ex funcionarios, como el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, debido a su defensa a ultranza del Ejército y sus opiniones en contra de las investigaciones de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Aunque en el documento se trata de minimizar o justificar la actuación de soldados del 27 Batallón de Infantería y resalta la participación en los ataques, la detención y posterior desaparición de los jóvenes normalistas de agentes de la Policía Estatal, así como de Iguala, Huitzuco y Cocula, confirma su presencia en el lugar de los hechos y un monitoreo en tiempo real de lo que ocurría.
De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de los ataques en la calle Juan Álvarez la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, había un agente militar del Órgano de Búsqueda de Información (OBI), el cual estuvo en la escena donde ocurrieron dos de los principales ataques contra los normalistas, información que habría dado en tiempo real a sus superiores.
Este agente de Inteligencia Militar se suma al soldado Julio César López Patolzin, militar activo del 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), con fachada de alumno de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como se acredita en documentos oficiales, estaba encargado de filtrar información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y es uno de los 43 desaparecidos.
Los militares del 27 Batallón de Iguala cuyo campo militar (ahora 35-C Agustín de Iturbide), está a sólo cinco minutos en vehículo de la calle Juan Álvarez en el Periférico Norte, también estuvieron en el control de las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4), ubicado en Ciudad Industrial, a un par de cuadras de donde ocurrieron los ataques.
Aunque la recomendación de la CNDH resta responsabilidad al Ejército y justifica que aunque hubo dos militares en el C-4, “ninguno tenía el control del mismo”, como si se tratara de individuos independientes que no reciben órdenes de sus superiores jerárquicos, de una institución tan vertical como es el Ejército.
Agrega que el monitoreo de las cámaras de vigilancia estaba a cargo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Iguala, de las direcciones de Protección Civil y Tránsito, “y por dos de los cuatro elementos militares asignados a esa tarea, ninguno de los cuales, contrario a una narrativa que ha querido imponerse, tenía el control del mismo”.
Deslinda que el C-4 se regía por la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y sus reglamentos, así como por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. Todas estas normativas establecían las bases para la organización, funcionamiento y coordinación de las instituciones encargadas de la seguridad pública del estado, incluyendo la operación del C-4, “y en ninguna de ellas se prevé que el mando de las mismas lo tengan, o lo pudieran tener, elementos militares”.
Otro de los sitios en los que fue ampliamente cuestionada la participación del Ejército fue en el hospital privado Cristina, en la misma calle de Juan Álvarez, donde un grupo de unos 20 estudiantes llegó a refugiarse y solicitar ayuda para sus compañeros que habían sido heridos tras el segundo ataque, cuando se daba la conferencia de prensa.
Lejos de ayudar o resguardar a los estudiantes, los militares bajo el mando del capitán José Martínez Crespo humillaron y amenazaron a los jóvenes. Testimonios dicen que pidió a los jóvenes sus nombres reales ante el riesgo de que después no pudieran ser localizados.
La CNDH en su recomendación destaca que, “si bien los soldados llegaron al Hospital con manifestaciones agresivas, una vez enterados de que se trataba de estudiantes y que estaban siendo perseguidos por policías, les ofrecieron una disculpa y se retiraron del lugar”, según testimonio de un alumno.
Pese a que los ataques contra los normalistas iniciaron alrededor de las 9 de la noche y los primeros heridos quedaron una hora después, y luego pasadas las 12 de la noche se dio el segundo ataque que dejó asesinados a los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, se indica que fue hasta las 2:40 de la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que personal militar del 27 Batallón de Infantería, “informó al Ministerio Público que entre el Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, a quienes se les apreciaban múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo”.
Texto: Alejandro Guerrero
