Chilpancingo, Guerrero, a 3 de junio de 2025.- A dos meses de que los ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) instalaron un campamento en la entrada de la mina Los Filos para exigir a la minera Equinox Gold que resarza los daños ocasionados a sus tierras, luego del anuncio de la suspensión por tiempo indefinido de sus actividades, la Mesa Ejidal celebró algunos triunfos obtenidos en contra de la minera de capital canadiense.
Los ejidatarios consideraron como logros la determinación del magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Chilpancingo, “que (en su resolución) mostró la mezquindad de la empresa”, asimismo, el hecho de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya haya intervenido para hacer la inspección de los daños ambientales.
Los ejidatarios cumplieron el 1 de junio dos meses acampando afuera de las instalaciones de la mina Los Filos que explota Equinox Gold, luego de que esa empresa determinó “su ilegal auto suspensión indefinida”.
Refieren que en este tiempo Equinox Gold “ejecutó” el despido masivo e ilegal de trabajadores sindicalizados y ha estado “atentando contra nuestra vida toda vez que no ha hecho entrega formal de nuestras tierras de uso común ni las parcelas, ni tampoco ha arrancado el programa de cierre y post-cierre de la mina”.
Indican que este es un derecho y la no implementación implica una violación adicional en contra de la normatividad mexicana.
Advierten que esta inacción de no implementar el programa de cierre y post-cierre, “ya está generando condiciones para que el Estado mexicano sea el heredero de un pasivo ambiental gigantesco”.
Explican que la empresa actualmente está contaminando no sólo el territorio del Ejido, puesto que esos tóxicos dañinos se trasladan por agua, tierra y aire “hacia lugares que, quienes no tienen idea de lo que hablamos, ni se imaginan, pero que por el daño en nuestro cuerpos sabemos ya ocurren”.
Señalan que la empresa ahora pretende usar la ley mexicana y ha presentado demandas en contra del Ejido y en contra de aproximadamente 125 parcelarios con el argumento de que “somos nosotros los que les despojamos de su tierra”.
Pero explican que de los resultados de la primera demanda en contra del Ejido, la empresa no aceptó la postura del magistrado del TUA del distrito 12, quien otorga las medidas cautelares pero le establece una fianza muy superior a la que la empresa presentó “y que fue calificada por el magistrado como una ‘suma que resulta irrisoria’ y hasta burlesca” (expediente 408/2025) “al considerar una compensación de un peso con cincuenta y ocho centavos mensuales para cada ejidatario y ejidatario”.
Además, informan que la semana pasada intervino la Profepa para hacer la inspección de los daños ambientales “y suponemos que también para revisar la implementación del programa de cierre y post-cierre, el cual, por supuesto, la empresa no ha realizado”.
Adelantan que no creen que los resultados les sea “medianamente favorable” a la minera, y que ratificará, desde otra perspectiva, que la empresa también viola las leyes ambientales.
“Estamos impacientes para que en las semanas siguientes la empresa enfrente nuevas sorpresas que desnuden lo que ya hemos manifestado una y otra vez: es una empresa socialmente irresponsable, su estándar de uso adecuado de cianuro da risa, sus presunciones sobre seguridad laboral están documentados con accidentes que demuestran su raquítico marco ético de respeto por la vida de las y los trabajadores al violentar normas y reglas establecidas en el derecho laboral”, indican los ejidatarios.
Los ejidatarios consideran que ya han transitado “de un conflicto negociable a un conflicto que evidencia una empresa que violenta y viola todos los derechos y leyes que le pongan enfrente”.
Sin embargo, refieren que les llama la atención que la empresa “sigue sin creernos que los llevaremos a circunstancias de quiebres significativos y, mientras eso avanza lenta pero incuestionablemente, su presidente Greg Smith, ha puesto toda su fe en sus operadores y les cree que serán las lluvias las que nos sometan, nos desanimen, nos desmoralicen y nos dividan”.
“Lamentablemente el sr. Greg a puesto demasiada fe y fidelidad en sus operadores y le ciega y no ve la torpeza con la que actúan. Nosotros simplemente a esos operadores que antes tenían nombre hoy ni los reconocemos ni los respetamos porque son unos auténticos violadores de derechos humanos y ambientales”.
Sostienen: “En fin, son 60 días en los que celebramos la llegada de las lluvias porque en vez de desmoralizarnos, la naturaleza se pone de aliada con nosotros y aminora el polvo con metales pesados y tóxicos que tanto daño nos hace a nosotros y nuestras familias”.
Además, elogiaron la determinación del magistrado “que mostró la mezquindad de la empresa” y aplaudieron la llegada de Profepa “porque tendremos aún más argumentos para que el Sr. Greg Smith asuma su responsabilidad y rinda cuentas y, por supuesto, mucho de ello comenzó porque en este gobierno la Procuraduría Agraria (PA) ha mostrado que su quehacer no es un dicho sino un acto lleno de hechos sin contradicciones y con la convicción que su misión les establece”.
Insisten que esos son algunos de sus logros en estos primeros 60 días de movimiento.
“Los de la empresa son creer que las lluvias nos van a desmoralizar, que el acampar nos pone tristes, que su tradicional apuesta al desgaste nos debilitará y dividirá”.
Sin embargo, advierten: “Sr Greg Smith, después de 60 días acá seguimos y seguimos más fuertes”.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
