Acapulco, Guerrero, a 31 de julio de 2024.- La designación de miembros del Ejército o la Marina como secretarios de seguridad pública en diversos estados del país no ha garantizado la contención de la violencia, indica un reporte de México Evalúa titulado La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024.
Los datos oficiales recabados por la organización revelan que los estados con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas “exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidios que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o Marina”, 80 homicidios por cada 100 mil habitantes en los primeros, frente a una tasa de 34 en los segundos.
Guerrero es uno de los estados en los que más ha predominado el nombramiento de militares como secretarios de seguridad pública, seis de 12 registrados desde 2011 hasta abril de 2024; el total de titulares en este periodo lo ubica también como la segunda entidad del país con mayor rotación de esta dependencia, un promedio de un secretario por año, mientras que la media nacional es de un titular por cada dos años.
El documento de 44 páginas fue publicado el 22 de julio y puede ser consultado en la página de México Evalúa, organización que examina la evolución de los perfiles de los titulares en las secretarías de seguridad pública de los estados mexicanos entre 2011 y 2024 y su impacto en la contención de la violencia.
Con López Obrador, se ampliaron labores civiles a militares
La información oficial recabada por México Evalúa revelan que los estados con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas “exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidios de hombres que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o Marina”.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional de Población (Conapo), solicitudes de información y fuentes hemerográficas, una gráfica muestra que en 2022, la tasa promedio anual de homicidios de hombres en las entidades con fuerzas armadas fue de 80 por cada 100 mil habitantes, frente a 34 de los estados con secretarios con perfiles civiles o policías de carrera.
Incluso en los años con bajas en los niveles de homicidios de estados con secretarios de las Fuerzas Armadas, “tal decrecimiento no está sustantivamente por debajo de los estados con secretarios civiles o de carrera policial”; por ejemplo, en 2015, la tasa promedio de los estados con secretarios militares o marinos fue de 34, y en los estados con mandos civiles o policías de carrera la tasa fue de 30.
Además, “los datos dejan en claro también la renuencia de los gobiernos estatales para asumir el proceso de fortalecimiento de sus policías, optando por las fuerzas del orden federal para la realización de las tareas de seguridad en los estados”, dice el estudio.
México Evalúa construyó una base de datos sobre los perfiles de los secretarios de seguridad pública en cuestión de sexo, escolaridad, antecedentes de formación y rangos asociados, fechas de ingreso y salida del cargo ejercido.
Un primer hallazgo fue que, en promedio, cada estado tiene un secretario cada dos años, pero en Guerrero es casi cada año, puesto que en este estado se tienen registrados 12 titulares de esta secretaría de 2011 a 2024; Michoacán y Colima comparten la misma cifra y sólo Tlaxcala está por encima de estas entidades con 14 secretarios.
Respecto a la duración en el cargo, el promedio del país es de dos años y cuatro meses, mientras que en Guerrero es de un año y seis meses, una de las cifras más bajas.
Al corte de 10 de abril, Guerrero es una de las 14 entidades con secretarios de seguridad pública que tienen antecedentes de pertenencia a las Fuerzas Armadas. Debido a que el estudio analiza hasta esa fecha, no incluye la reciente renuncia del general brigadier del Ejército Mexicano, Gabriel Zamudio López, y al nuevo titular, coronel Josué Barrón Sevilla, ex comandante del 56 Batallón de Infantería con sede en Cumbres de Llano Largo.
En el mismo periodo de 2011 a abril de 2024, Guerrero suma seis titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que tienen pertenencia militar; otro caso que destaca el documento es el de Sinaloa, donde cinco de siete secretarios son pertenecientes al Ejército.
De los otros titulares de la dependencia de Guerrero, tres son civiles, dos marinos y un policía de carrera.
México Evalúa explica que la “militarización directa no solo refiere al creciente despliegue territorial de militares para tareas de seguridad interna, sino también a su injerencia en dimensiones políticas y organizacionales más amplias: la subordinación de las fuerzas policiales y otras instituciones civiles a la autoridad militar; el control de tareas de orden civil; la adopción de leyes que justifican la intervención militar; la transferencia de personal a instituciones civiles, entre otras”.
La militarización de las policías incluye tanto la incorporación de los principios del militarismo como el armamento, el equipo, la tecnología, la instrucción, la organización, las tácticas, la operación militares y el nombramiento de oficiales militares “en puestos clave de las corporaciones policiales”, especifica la organización.
Con base en múltiples investigaciones académicas citadas, México Evalúa indica que cuando el mando de las policías se militariza, los policías adaptan su comportamiento para responder a su nuevo superior militar y empatarse con sus perspectivas y expectativas, y los policías se alejan de la comunidad, donde se ubica ahora al enemigo a combatir mediante el uso de la fuerza.
“Es decir, se trata de un cambio psicológico, en lo individual y en lo colectivo, que conduce a una visión distinta sobre la violencia y la función misma de policía. La prioridad está en la lucha contra el enemigo y no en la provisión de los bienes y servicios que conllevan a la protección de los ciudadanos”.
En el documento se afirma que al menos desde hace tres décadas se ha acelerado la implementación de políticas militaristas en el país, pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se amplió el papel de las Fuerzas Armadas en la política interior, sumando nuevas funciones, por ejemplo, el combate al robo de combustible y de obra pública, “la militarización como política pública se ha expandido significativamente, aunque con mayor profundización en los últimos seis años”.
Texto: Ramón Gracida Gómez
Foto: Carlos Carbajal / Archivo
